Diputados divididos sobre continuidad de Carlo Díaz como fiscal general

Mientras algunos diputados exigieron la renuncia del jefe del Ministerio Público, otros abogaron por esperar el resultado de las investigaciones que realiza la Corte Plena para determinar si el funcionario judicial incurrió en alguna irregularidad.

Antonio Ortega, jefe de bancada del Frente Amplio, consideró que Díaz debe hacerse a un lado debido a que no solo faltó al deber de probidad como funcionario sino que también acudió a la comisión legislativa para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos “a dar información falsa, bajo juramento”.

“Es lamentable que se perjudique así la imagen del Poder Judicial. Esperamos que su salida y este caso no afecte las investigaciones tan serias que se han estado realizando, por la infiltración del narcotráfico en los diferentes poderes de la República”, manifestó Ortega.

En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), el único diputado que se pronunció sobre la situación del fiscal fue Gilberth Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

“El señor fiscal debe tomar conciencia y determinar si ha existido una situación que pone en peligro su credibilidad, que hubo acción para un aprovechamiento, un favoritismo para una persona allegada sentimentalmente a él, debería renunciar.

“Sé que está en proceso y en investigación, pero con estas evidencias debe razonar y analizar la situación en que se encuentra, para proteger la institucionalidad”, manifestó.

También el oficialista Alexánder Barrantes pidió a Díaz que renuncie. Señaló que la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público no debe estar nunca en tela de dudas y adujo que el aparente tráfico de influencias por intereses personales daña la transparencia que exige el cargo que ocupa.

Por su parte, las bancadas de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República (PNR) se inclinaron por hacer un llamado a “respetar el debido proceso”.

El jefe de los fabricistas, José Pablo Sibaja, solicitó al Poder Judicial que se haga una investigación y se llegue hasta el final. “Si se determina que el señor fiscal incurrió en un acto que no debía, le pediremos cuanto antes que renuncie. Somos conscientes y respetuosos de la ley y creemos que primero debe realizarse el debido proceso”, indicó.

Un criterio similar expresó Vanessa Castro, legisladora del PUSC, quien añadió que cuando hay una posible falta a la probidad, hay que investigar adecuadamente y llegar hasta las últimas consecuencias.

“En mi condición de diputada, por un tema de control político, es fundamental esperar a lo que la Corte diga, lo que el Poder Judicial señale, pues es la instancia a la que le corresponde conocer e investigar sobre este tema. No dudo que lo hará para determinar la verdad real sobre esta situación”, aseveró Castro.

Luis Diego Vargas, vocero del Partido Liberal Progresista (PLP), aseguró que le preocupa la persecución sufrida por el fiscal general luego de las importantes investigaciones que ha liderado el Ministerio Público.

“Sin embargo, también creemos que las personas que ocupan los altos cargos del Poder Judicial deben mantener siempre la probidad y la objetividad, por lo que don Carlo debe analizar su permanencia en el cargo, a la luz de las cinco causas abiertas por la Inspección Judicial”, señaló Vargas.

Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), cuestionó que “ante la contundente evidencia de ilegalidades, mentiras y secretos, persiste un silencio cómplice de sus jefes, los magistrados de la Corte Plena”.

Cisneros alegó que igualmente callan los diputados de oposición que le sirvieron “en bandeja de plata” a fiscal general en una sesión de la Comisión de Gasto Público que, según adujo, se prestó para que Díaz “limpiara su nombre”.

Intervención de fiscal en nombramiento

La Nación reveló que el 1.° de marzo del 2024, una funcionaria que apoya a Díaz en labores administrativas envió “siguiendo instrucciones” del fiscal general y de la fiscal adjunta II, Karen Valverde Chaves, un correo electrónico para solicitar a la Unidad Administrativa del Ministerio Público nombrar a Mora Gamboa en una plaza vacante en la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos.

El correo electrónico titulado “Nombramientos-descongelamientos-fiscales auxiliares” requiere la designación de la pareja del fiscal y seis personas más en la unidad contra el Narcotráfico, mientras que otros tres funcionarios irían a las fiscalías de Legitimación de Capitales, Probidad y Ejecución de la Pena en Alajuela.

El mensaje está copiado a Carlo Díaz, Karen Valverde y otros dos funcionarios de apellidos Fallas Barrantes y Camacho Garita.

Tres días después, el 4 de marzo, Arelys Mora fue nombrada en la plaza gestionada por el fiscal general, la 385440. Así consta en el oficio N.° 1766-UAMP-2024, el cual fue remitido por la Unidad Administrativa del Ministerio Público a la diputada Paola Nájera, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el pasado 21 de octubre.

A partir de ese momento, a Mora se le prorrogó el nombramiento en tres ocasiones. La última ocurrió el pasado 1.° de octubre y vence el 31 de diciembre entrante. En el documento enviado a la congresista, también se consignó que la pareja del fiscal general fue ubicada en una plaza vacante creada este año; el número de puesto coincide con que el que aparece en el correo remitido por la auxiliar administrativa.

Para ese momento, Díaz y Mora tenían siete meses de ser pareja. El propio fiscal general reconoció que empezaron el vínculo sentimental en agosto del 2023. Así lo indicó en un comunicado de prensa el pasado jueves 24 de octubre. De inmediato, agregó: “Quiero ser contundente en que yo nunca he propuesto su nombre para que fuera considerada para un nombramiento ni tampoco ha existido intromisión alguna de mi parte para que eso ocurriera”.