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Una funcionaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sostiene que el exjerarca de esta institución, Mauricio Batalla Otárola, nunca le contestó sus mensajes sobre un presunto acoso sexual que sufría de parte de su jefe, el director de una división interna.
Según relató la mujer, a principios del 2024, le envió un correo electrónico a Batalla, pero no recibió una respuesta de parte suya. Añadió que, si bien se le abrió un procedimiento interno al denunciado, a ella nunca se le notificaron los avances, ni se le tomó en cuenta.
Por el contrario, se dio cuenta que el caso había sido archivado cinco meses después, luego de que el denunciando alegara que fue notificado de manera extemporánea, cuando la causa ya había prescrito.
“Se trata de una persona que ocupa una dirección, un puesto de confianza y ahí continúa; nadie lo quitó. Dejaron prescribir la denuncia. Le envié múltiples correos a Mauricio Batalla cuestionándole por qué una persona así terminaba ocupando un cargo de confianza, si esos puestos cambian con la Administración, y nunca respondió a mis correos y nunca lo quitó”, declaró la funcionaria, cuya identidad se protege en este artículo.
“Incluso, pedí ayuda a la Defensoría de los Habitantes, pero cuando esta institución pidió información al MOPT, les dijeron que el caso estaba archivado”, añadió.
Paralelamente, en marzo del 2024, ella presentó una denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Género, la cual todavía está en trámite por un presunto delito de abuso sexual contra persona mayor de edad (expediente 24-000325-0994-PE).
Por esa causa, el 30 de agosto pasado, el Ministerio Público presentó ante el Juzgado Penal de San José una acusación y una solicitud de apertura de juicio contra el funcionario denunciado.
De hecho, la audiencia preliminar para establecer si habrá una debate oral y público está programada para el 27 de agosto, según confirmó la oficina de prensa de la Fiscalía, ante una consulta de La Nación. La denunciante además figura como querellante.
En una entrevista con La Nación, la funcionaria dijo que el acoso era constante y que, entre otras cosas, él la chantajeaba con darle un puesto a cambio de favores sexuales. También, precisó que tiene grabaciones que prueban los supuestos abusos que recibía.
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Batalla Otárola, quien fue director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), renunció al último cargo el pasado 31 de enero, justo al margen de los 12 meses previos a las próximas elecciones. Ese es el plazo mínimo que establece la Constitución Política para que los ministros dejen sus cargos y puedan aspirar a la Presidencia o la Vicepresidencia de la República.
Sin embargo, este miércoles anunció su retiro de la vida política “por el tiempo que Dios considere necesario”. No abundó en los motivos, pero aseveró que, en las últimas horas, se había enterado sobre la filtración de un expediente judicial a la “prensa canalla”.
El expediente en cuestión se relacionaba con una acusación en su contra por tres presuntos delitos de abuso sexual en perjuicio de una persona mayor de edad, una exempleada de los restaurantes de su familia.
La Fiscalía Adjunta de Género había acusado formalmente a Batalla en julio del 2023; sin embargo, la denunciante finalmente decidió no proseguir con el caso en noviembre del 2024. Aceptó un trato confidencial con el entonces ministro, quien le pagó ¢3 millones a cambio.
Este diario intentó obtener una reacción de Batalla; no obstante, no contestó a las múltiples llamadas hechas por periodistas de este diario desde el pasado miércoles, cuando dio un paso al costado en sus aspiraciones políticas.
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‘Fui víctima de persecución laboral’
La denunciante de este caso también contó que, producto de las denuncias que interpuso, primero ante Mauricio Batalla, como ministro del MOPT, y después ante la Fiscalía, su presunto agresor comenzó a perseguirla laboralmente, hasta tal punto que le abrió varios procedimientos administrativos y fue separada del cargo en el que estaba.
Este diario tuvo acceso a la resolución de un proceso administrativo, de setiembre del 2024, donde el jefe la denunció, entre otras cosas, por abandono de trabajo, en mayo del 2024 —dos meses después de las denuncias de acoso y abuso sexual—. Ella fue absuelta tras demostrarse que no incurrió en ninguna falta.
“En orden a lo detallado en este acápite, y considerando el análisis vertido y las recomendaciones del órgano director colegiado, en el informe final, este despacho aprecia la inexistencia de una conducta reprochable en contra de la funcionaria XXX (las equis es para proteger la identidad de la funcionaria), que amerite la imposición de alguna medida disciplinaria, y por consiguiente, lo dable en el presente caso, es absolverla de toda responsabilidad disciplinaria, tomando en consideración el estudio realizado por el colegiado designado para dicho efecto, y todo el material probatorio que integra el expediente administrativo”, se consignó en la resolución 2024-001446, firmada por Batalla.
