EscucharLos proyectos sobre asuntos económicos y las reformas penales tienen un peso significativo en la agenda de expedientes que la administración Chaves Robles envió al periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
El Poder Ejecutivo convocó un total de 132 iniciativas con la intención de que los diputados las discutan entre el 1.° de noviembre y el 31 de enero del 2025. De ellas, 22 están relacionadas con el área económica y 13 con materia penal.
En el primer grupo figura, por ejemplo, el Presupuesto Nacional de la República 2025, por un monto de ¢12.397.486 millones.
También se encuentra el expediente 23.760 que plantea una reforma a la Ley de impuesto sobre la renta para implementar el esquema de renta global, el cual permitiría cobrar tributos a las personas considerando todas sus rentas, activas o pasivas, incluyendo si tienen inversiones fuera del país que generen ingresos de capital.
Por otra parte, el expediente 24.462 propone modificar el artículo 12 bis de la Ley N.º 10332 para que la tercera emisión de eurobonos se realice en 2025, sujeta al plan de implementación de escáneres en Caldera y en la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). La cuarta sería en 2026, una vez se defina el plan de instalación de esos equipos en las fronteras de Paso Canoas y Peñas Blancas.
Además, el expediente 23.763 busca reducir incentivos fiscales, pues impone un 2% de impuesto al valor agregado (IVA) a implementos médicos que actualmente están exentos, como sillas de ruedas, lentes de contacto, prótesis y camas de hospital, así como equipos odontológicos, de rayos X, radiactivos y de laboratorios químico-clínicos.
La propuesta también incluye elevar del 4% al 13% el IVA sobre boletos aéreos adquiridos en el país o con destino a Costa Rica.
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Reformas penales
En el ámbito de las reformas penales, el gobierno incluyó en la agenda legislativa el expediente 24.047, el cual propone penas de 20 a 35 años de prisión para quienes maten a otra persona “por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio económico, para sí o para un tercero”.
La misma pena aplicaría a quienes “recluten, preparen, adoctrinen, formen, instruyan, promuevan o capaciten” a personas para el sicariato.
Por otra parte, el expediente 24.162 propone sanciones de dos a cuatro años de cárcel para quienes ingresen, faciliten o intenten introducir en centros penitenciarios teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos, o sus componentes, destinados a la comunicación con el exterior. Esto incluye tarjetas SIM, enrutadores, adaptadores de red, cargadores y cables.
Asimismo, el expediente 24.399 plantea una reforma al artículo 214 Bis del Código Penal para aumentar la pena por extorsión cobratoria a un rango de cinco a diez años cuando la amenaza o intimidación se dirija a menores de edad, adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad.
Mientras, el expediente 24.234 propone levantar el secreto bancario en investigaciones penales, estableciendo un plazo de diez días naturales para responder solicitudes de secuestro, registro o examen de información bancaria.
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Ley jaguar y jornadas 4/3
Entre los proyectos convocados para sesiones extraordinarias figura el expediente 24.290, que propone la creación de jornadas excepcionales, conocidas como jornadas 4/3. La iniciativa tropezó en noviembre del año pasado en la Sala Constitucional.
Por otra parte, se incluyó el proyecto 24.467 con la tercera versión de la ley jaguar. Esta iniciativa, que el Gobierno ha intentado impulsar este año, enfrentó problemas de constitucionalidad en sus dos primeros textos.
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa concluyó que el contenido de la tercera versión no aportaría ninguna innovación al ordenamiento jurídico del país y que, más bien, constituiría un uso ineficiente de los recursos públicos gastar ¢3.000 millones en un referéndum sobre algo que ya está regulado.
Laura Fernández, ministra de la Presidencia, sostuvo que la convocatoria del gobierno contempla el envío de proyectos tanto al plenario legislativo como a todas las comisiones. “Queremos a los diputados concentrados en el análisis de temas que beneficiarán a la gente y no en discusiones y polémicas innecesarias”, señaló.
La agenda del Ejecutivo también incluye proyectos en áreas como energía eléctrica, medio ambiente, salud, propiedad intelectual, reconocimiento de beneméritos, segregación y desafectación de terrenos.
Además, considera reformas constitucionales, como el expediente 23.401, que prohibiría la doble postulación para presidente y diputado, y el expediente 23.701, que permitiría la extradición de costarricenses en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo.
