EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, ha emitido una cantidad inusual de decretos de emergencia. El Informe Estado de la Nación revela que el mandatario firmó 21 resoluciones de este tipo entre el 2022 y el 2024, a pesar de que fueron años con menos eventos hidrometeorológicos que los anteriores.
Dicha cifra supera el número de decretos de emergencia emitidos por las siete administraciones anteriores en sus dos primeros años de gestión. Para encontrar un dato más elevado es necesario retroceder a 1990, al gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, que generó 32 declaratorias.
Según el Estado de la Nación, aunque estos decretos facilitan una acción rápida en situaciones críticas como amenazas y desastres, su naturaleza también facilita evadir la supervisión y la fiscalización de diversos órganos, como la Contraloría General de la República (CGR).
Entre los 21 decretos firmados por la presente administración se incluyen ampliaciones, reformas, modificaciones y cesaciones de estados de emergencia previamente emitidos.
En junio del 2023, por ejemplo, Chaves incluyó la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, dentro de un decreto de emergencia. Sin embargo, se trataba de una declaratoria por un fenómeno climatológico que había ocurrido casi un año antes, en julio del 2022, conocido como la tormenta tropical Bonnie.
Esta decisión impidió que la Contraloría verificara la legalidad de la adjudicación otorgada a Constructora MECO, en la que al parecer la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) contrató la obra con un sobreprecio de ¢1.000 millones.
Además, el Poder Ejecutivo aprobó nuevas declaratorias de emergencia, como las relacionadas con la gripe aviar, el combate a la enfermedad conocida como “anillo rojo”, la prevención y control del caracol gigante africano, la lucha contra el gusano barrenador y la atención a los flujos migratorios mixtos en el país.
La cantidad de resoluciones emitidas en este gobierno contrasta con el hecho de que, según datos del Estado de la Nación, entre el 2022 y el 2023, se registró una disminución de casi el 92% en la cantidad de desastres relacionados con fenómenos hidrometeorológicos y geológicos, al pasar de 1.196 a solo100 casos.
Ronald Alfaro, investigador del informe, explicó a La Nación que desde la aprobación de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (8488), en el 2005, se endurecieron los requisitos para declarar emergencias. Antes de esta norma, las autoridades tenían más libertad para utilizar esta figura, incluso en situaciones que no siempre lo requerían.
“El problema es usar el decreto de emergencia para otros propósitos que no son necesariamente la atención de una emergencia asociada a eventos naturales. Usted podría, bajo esa declaratoria, girar y captar recursos que bajo otras condiciones no se pueden usar para ese propósito“, explicó Alfaro.
¿El control de la Contraloría dónde queda?
El artículo 2 de la Ley General de Contratación Pública permite a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) realizar contrataciones sin someterlas a la revisión de entidades como la Contraloría.
El Estado de la Nación señala un aumento significativo en las compras de la CNE, las cuales crecieron en más de un 200% en el 2023. Además, en el primer trimestre del 2024, las cifras mantuvieron una tendencia similar.
Aunque el informe no establece una relación directa, indica que en los próximos años se investigará el impacto de los decretos de emergencia emitidos y su posible vínculo con este notable incremento en las adquisiciones realizadas por la CNE.
En el caso de la reparación de la pista en el aeropuerto de Liberia, este diario consignó que el Consorcio Pedregal, que había propuesto una oferta ¢1.000 millones más barata que la de MECO, presentó un recurso de apelación contra la adjudicación que hizo la CNE en favor de esa constructora.
No obstante, la Contraloría informó de que el recurso fue rechazado de plano, porque la institución carece de competencias para conocer contrataciones hechas bajo la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, independientemente del monto adjudicado.
Menos decretos de alto impacto
El Programa Estado de la Nación también realizó un análisis de los decretos ejecutivos emitidos por cada gobierno, desde la administración Calderón Fournier (1990-94), para evaluar si, a través de ellos, el Ejecutivo demuestra una estrategia proactiva en la implementación de políticas públicas. En el caso de la administración Chaves, se observó una disminución generalizada en la emisión de decretos.
Durante el segundo año de gobierno, la administración Chaves Robles emitió un total de 343 decretos, 20% menos que durante su primer año de gobierno, lo que lo convierte en el segundo año de gobierno con la menor producción de decretos ejecutivos desde 1990.
El investigador Ronald Alfaro explicó que existen distintos tipos de decretos, por lo que no basta con analizar únicamente las tendencias de su emisión, ya sea a la baja o al alza, sino también su alcance. Destacó que algunos decretos son meramente administrativos, como la declaración de asueto en algún cantón por fiestas patronales.
En contraste, los decretos de alto impacto son aquellos que afectan de manera significativa a la población, al abordar temas de gran relevancia o al modificar y crear nuevas normativas jurídicas. En este sentido, el primer año de Chaves evidenció una producción destacada de decretos de alto alcance, la más alta desde 1990.
“En cambio, en su segundo año, el gobierno actual pasó al último lugar en la lista al registrar la segunda cifra más baja de decretos relevantes”, detalla el informe.
Alfaro señaló que, mientras se desaceleró la producción de decretos de alto impacto, se incrementó la emisión de decretos de emergencia para situaciones que pudieron haberse gestionado de manera diferente.
“Por ejemplo, sobre el caracol africano, una de las preguntas es: ¿por qué se usa un decreto (de emergencia) para ello? ¿En qué fase estamos de la emergencia?”, cuestionó.
