EscucharEl gobierno impulsa un proyecto de ley que pretende aumentar la cartera de créditos que el Banco Popular (BP) puede manejar sin la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Este cambio afectaría a los fondos especiales, los cuales se alimentan con las utilidades del BP y los aportes obligatorios que los patronos deben realizar mensualmente como parte de sus planillas.
La Sugef se pronunció en contra de la iniciativa al advertir que las operaciones crediticias hechas con este fondo no tienen la obligación de cumplir los mínimos requisitos de gestión. Cuestionó la falta de divulgación de información acerca del valor de los activos y la estructura corporativa a cargo. En criterio de la Superintendencia, así se crean estructuras de riesgo y difícil recuperación de los fondos prestados.
Actualmente, la legislación permite que el BP pueda destinar a estos fondos hasta un 15% de sus utilidades anuales, según el artículo 40 de la ley orgánica de la entidad. Eso es solo una autorización, ya que la Junta Directiva es la que toma la última decisión.
El proyecto de ley 23.544, presentado por el Poder Ejecutivo en febrero de 2023, propone modificar el artículo 6 de la ley para permitir que la Junta Directiva pueda destinar hasta el 25% de los aportes patronales sobre los salarios a estos fondos especiales. En la actualidad, dichos recursos se destinan al patrimonio del banco.
La iniciativa también procura modificar el artículo 40, permitiendo que la Junta Directiva tenga la flexibilidad de transferir hasta el 15% de las utilidades anuales en cualquier momento después de que la auditoría externa certifique dichas utilidades.
Al día de hoy, la ley establece un plazo máximo de 30 días después de la certificación para girar los recursos. Desde Zapote, se argumenta que esta limitación ha impedido en el pasado el traslado oportuno del dinero, afectando la cobertura de los beneficiarios.
El proyecto del gobierno incluye dos disposiciones transitorias. La primera establece que, durante los primeros cinco años a partir de su aprobación, el 25% del aporte patronal deberá destinarse obligatoriamente a la cartera especial. La segunda disposición transitoria autorizaría el traslado de hasta un 15% de las utilidades anuales del banco correspondientes al ejercicio fiscal de 2021.
Según datos del Banco Popular, hasta el 8 de noviembre se habían colocado ¢200.000 millones en créditos a 30.609 beneficiarios a través de esta cartera.
La semana pasada, la Casa Presidencial incluyó este proyecto en la agenda de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa; sin embargo, lo desconvocó este lunes 11 de noviembre. Desde agosto de 2022, el Poder Ejecutivo asumió el control total de la Junta Directiva del Banco Popular al designar, mediante decreto, a sus siete directores (tres representantes del Poder Ejecutivo y cuatro de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras).
Sugef: “Totalmente inconveniente”
La Comisión Legislativa de Gobierno y Administración solicitó a la Sugef, en marzo de 2023, su opinión sobre el proyecto de ley 23.544. En respuesta, la Superintendencia manifestó que considera perjudicial cualquier iniciativa que permita a una entidad supervisada, como el Banco Popular, eludir la regulación.
“Por tal motivo, se considera totalmente inconveniente cualquier iniciativa que pretenda incentivar figuras que operen al margen del sistema financiero regulado, mediante el traslado de fondos públicos”, criticó la Sugef.
Según el Banco Popular, algunos de estos préstamos tienen como fin la creación de soluciones de vivienda, pero también el financiamiento de microempresas, población con sobreendeudamiento superior al 75% de sus ingresos, personas en pobreza, mujeres que ofrecen una alhaja como garantía y microcréditos para el combate de los préstamos “gota a gota”.
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo reconoce que estos recursos no están sujetos a la supervisión de Sugef; no obstante, desde el punto de vista de Zapote, esto es una ventaja. La iniciativa considera que la falta de intervención de Sugef facilita la promoción de programas de apoyo para poblaciones vulnerables, ya que el dinero de los fondos es utilizado para hacer préstamos favorables a trabajadores sobreendeudados, de manera que puedan cancelar sus deudas y tener más ingresos líquidos.
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Contraloría acusó falta de estudios técnicos en proyecto
La Contraloría General de la República (CGR) también fue consultada por la Comisión de Gobierno y Administración respecto al proyecto. Al respecto, el órgano contralor emitió el oficio DFOE-CAP-1540-2023, en el cual alertó que la iniciativa carece de los estudios técnicos necesarios para respaldarla.
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“Resulta indispensable disponer de análisis financieros y otros necesarios que permitan comprender las repercusiones de la propuesta en la estabilidad financiera de corto, mediano y largo plazo del banco. En ese sentido, se señala que en el proyecto no se incorporan dichos análisis, por lo cual, se sugiere disponer de los estudios técnicos necesarios para la toma de decisiones basadas en datos”, recomendó la Contraloría.
La CGR recalcó la importancia de estos estudios debido a que la iniciativa del gobierno modificaría los recursos del aporte patronal que se destinan a incrementar el patrimonio del Banco Popular. Para el órgano contralor, esto podría incidir en la sostenibilidad financiera de la entidad.
Añadió que actualmente se encuentra en proceso una acción de fiscalización sobre la gestión crediticia pública no regulada, entre ellas, el Fondo de Desarrollo de Mipymes del Banco Popular. Este es un seguimiento que la CGR realiza por oficio como parte de sus competencias.
Esta propuesta recibió un dictamen afirmativo de mayoría en la Comisión de Gobierno y Administración, e ingresó al orden del día del plenario en febrero. Votaron a favor los congresistas Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista; Paola Nájera y Daniel Vargas, de la fracción de gobierno, y Horacio Alvarado, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
En febrero ingresó al orden del día del plenario legislativo y el 1.° de noviembre fue convocado por la Casa Presidencial como parte de las sesiones extraordinarias.
La Nación solicitó conocer la posición del Banco Popular sobre el proyecto de ley. La entidad se manifestó respetuosa de las prioridades del Poder Ejecutivo y de los criterios que existen respecto a la iniciativa. Sin embargo, las jefaturas del banco externaron su inquietud por “otras iniciativas” que buscan debilitar su rol social, aunque no detalló a cuáles se referían.
“Compartimos este proyecto y cualquier iniciativa que venga a fortalecer la naturaleza jurídica y social del Banco Popular y, en esta dimensión, los fondos especiales que, con responsabilidad, solidez, pero, ante todo, con un profundo compromiso social administra el Banco Popular para apoyar a miles de personas trabajadoras y entes de la economía social que no son sujetos de crédito en el sistema bancario tradicional”, comentó la institución.
Por su parte, se le preguntó a Zapote por qué las autoridades de gobierno convocaron el proyecto pese a las advertencias de Sugef, y si Presidencia considera adecuado dar más recursos a un fondo sin supervisión financiera. Sin embargo, hasta la publicación de este artículo, no hubo respuesta.
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