EscucharEl Gobierno de Costa Rica presentó este lunes a los diputados un proyecto de ley para autorizar la explotación de minería a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, como una solución al desastre ambiental en Crucitas.
El proyecto prevé, primero, el otorgamiento de permisos de exploración y, luego, una subasta para otorgar una concesión de explotación de los metales. En este con concurso, solo podrán participar personas jurídicas y físicas preseleccionadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Las ofertas se deberán hacer con base en el concepto de royalty, que se entiende como un pago anual que el concesionario realiza en favor del Estado.
El porcentaje mínimo a pagar será el 5% de las ventas brutas que se obtendrán en la concesión, dice la iniciativa legal.
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“Con esta ley, las explotaciones en Cutris se someten a un proceso de subasta al alza, partiendo de una tarifa ‘piso’ para la onza de oro, que le va a generar más ganancia al país”, aseguró Laura Fernández, ministra de la Presidencia.
Para el proceso de preselección, se invitará a empresas nacionales e internacionales, a las cuales se les pedirá comprobar su experiencia en la explotación de minería a cielo abierto, capacidad de inversión y conocimiento sobre prevención de riesgos.
El texto prohibiría usar cualquier método de lixiviación abierto para recuperar tanto el oro como cualquier otro metal; solo se permitirían métodos de ciclo cerrado o cualquier tecnología aprobada por los ministros de Salud y Ambiente y Energía.
En la reunión, participaron los ministros Laura Fernández, Franz Tattenbach, de Ambiente y Energía; Arnoldo André, de Relaciones Internacionales, y Manuel Tovar, de Comercio Exterior, así como autoridades de la Fuerza Pública.
Adicionalmente, estuvieron representantes de cinco fracciones legislativas: Pilar Cisneros, vocera del gobernante Progreso Social Democrático (PPSD); Óscar Izquierdo, de Liberación Nacional (PLN); Gilberto Campos, del Liberal Progresista (PLP); María Marta Carballo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Olga Morera, de Nueva República. La única bancada ausente fue la del Frente Amplio (FA).
Según Fernández, la propuesta legal frenaría “de una vez por todas la catástrofe ambiental en Crucitas” y contendría el grave problema de seguridad pública, así como todos los problemas adjuntos a la “explotación ilegal y arbitraria”.
La ministra dijo que el gobierno no quiere que se siga robando el oro de Crucitas, por lo que considera que la propuesta de ley es responsable con el ambiente y generaría recursos para el país.
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El jefe del PLN, Óscar Izquierdo, indicó que la reunión de este lunes se trató de un seguimiento de una conversación anterior con el presidente de la República, Rodrigo Chaves. El liberacionista agregó que no ve con buenos ojos la idea del gobierno de conformar una comisión especial mixta, porque lo considera inadecuado.
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Izquierdo apuntó que seguirán conversando en los próximos días con las autoridades del Poder Ejecutivo, pero evitó calificar la iniciativa de alguna forma, hasta no conversar a lo interno de la bancada liberacionista, la más grande del Congreso.
El ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, alegó que la propuesta se construyó con participación de especialistas en geología y minería, para autorizar una explotación del recurso ordenada, adecuada a las características de la zona y resguardando el medio ambiente.
