EscucharEl gobierno presentó un proyecto de ley que autorizaría a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) a utilizar los recursos del canon de desarrollo de Limón, que se financia con aportes obligatorios de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), para cubrir una deuda laboral de ¢9.500 millones. Este monto corresponde a lo exigido en una sentencia judicial en favor de los trabajadores.
La iniciativa estima en ¢50.497 millones lo recaudado por concepto del canon. Igualmente, reconoce que estos recursos tienen fines específicos. El artículo 33 de la Ley Orgánica de Japdeva establece que los fondos pagados por el operador de la Terminal de Contenedores, “solamente podrán utilizarse para proyectos de impacto económico y social en la vertiente del Atlántico”.
La propuesta del gobierno de Rodrigo Chaves es que Japdeva pueda utilizar, por una sola vez, los fondos del canon por la explotación y mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín, ya que no cuenta con el contenido económico necesario para afrontar el pago. Según el gobierno, esta medida evitaría que la institución comprometa sus finanzas o sus obligaciones esenciales.
En el documento enviado a la Asamblea Legislativa, se destaca que la institución enfrenta una “imposibilidad material” para cumplir con la resolución del Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de la Zona Atlántica, emitida el pasado 30 de julio. En dicha resolución, el tribunal rechazó una apelación de Japdeva, ratificó la sentencia de primera instancia y añadió ¢5 millones en costas judiciales a favor del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), elevando el monto total a ¢9.544 millones.
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Con la sentencia del Tribunal de Apelación, Japdeva agotó todas las vías recursivas, por lo que no tiene otra opción más que cumplir con el pago de los recursos.
Origen del proceso
El caso se originó por un reclamo que presentó Sintrajap por dineros que la institución había acordado trasladar al Fondo de Capital y Ahorro de sus empleados en la convención colectiva del 2002. En aquel momento, se determinó que el aporte patronal subiría tres puntos porcentuales, del 5% al 8% de la planilla mensual.
No obstante, Japdeva continuó trasladando el 5% al Fondo, razón por la cual Sintrajap acudió a la vía judicial en setiembre del 2013. Desde su inicio en el Juzgado de Trabajo y hasta que fue elevado a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, el asunto tardó más de una década.
El proyecto de ley, que se tramita bajo el expediente número 24751, cuenta con las firmas del presidente Rodrigo Chaves y del ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla.
Entre los argumentos del gobierno para justificar esta medida, se cita una carta enviada a Japdeva el 17 de setiembre por alcaldes y alcaldesas de la provincia de Limón. En la misiva, los representantes locales solicitan que se utilicen los fondos del canon para pagar la deuda a Sintrajap, calificando esta acción como “una medida excepcional y temporal”.
“Si bien esto implica utilizar recursos originalmente destinados a otros fines, creemos que es esencial hacerlo para evitar mayores perjuicios al interés público, tanto en términos financieros como operativos, y asegurar que la gestión sustantiva de la entidad no se vea paralizada, tal como lo permite la normativa vigente. Desde nuestra óptica es la única opción viable para evitar un mal mayor (como el desacato judicial) y que no existe ninguna otra alternativa razonable o menos gravosa”, señala uno de los extractos de la carta.
El proyecto fue convocado por el Poder Ejecutivo el pasado 11 de diciembre, para que inicie su trámite durante el periodo de sesiones extraordinarias, que se extenderá hasta el 31 de enero del 2025.
