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El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, gestionó la contratación de una póliza de ¢248.391.706 con el Instituto Nacional de Seguros (INS) que librará de eventuales responsabilidades civiles al presidente de la República, vicepresidentes, ministros y viceministros, en caso de que enfrenten litigios, sanciones por actuaciones contrarias a la ley, omisiones o negligencia en su quehacer como funcionarios públicos.
Con esta protección, financiada con fondos públicos, los jerarcas podrán cubrir los pagos por indemnizaciones, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para proteger su reputación y costear asesorías de relaciones públicas.
Además, la póliza cubre las sanciones impuestas por violaciones ambientales y los costos relacionados con procesos de extradición.
Así consta en el expediente de la contratación 2024PX-000002-0009100001, en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Allí se detalla que la prima anual de ese seguro le costará ¢248.391.706 al Estado y que cubre la responsabilidad civil del presidente, sus vicepresidentes, ministros y viceministros hasta por $500.000.
El Ministerio de Hacienda inició esa contratación a mediados de julio anterior, mediante un proceso de excepción entre entes de derecho público que le permite contratar directamente al INS, sin necesidad de realizar un concurso público para escoger entre distintos oferentes. Actualmente, el proceso aparece como completado y solo falta que el contrato quede en firme para su entrada en vigor.
En ese expediente consta el oficio N.° MH-DM-OF-948-2024, con fecha del 15 de julio del 2024, donde Nogui Acosta autorizó modificar un plan de compras internos del ministerio que él preside, para liberar los ¢248.391.706 necesarios para adquirir el seguro al INS.
65 puestos cubiertos
En total, serán 65 puestos del Poder Ejecutivo los que estarán bajo la cobertura de la póliza, con un límite por persona hasta de $500.000 al año, mientras que el agregado anual no podrá superar los $3 millones. El contrato, según se detalla en Sicop, contará con una vigencia de 12 meses, con posibilidad de prórroga por un máximo de 48 meses.
El seguro igualmente, protege a los jerarcas retirados por pensión o cambio de puesto, según se detalla en el documento titulado: “Especificaciones técnicas y condiciones generales”.
“En caso de retiro de algún funcionario (por pensión o cambio de puesto) este estará cubierto siempre y cuando el reclamo sea sobre actuaciones ejercidas durante el período que ocupó en el puesto y se encuentre vigente la póliza. De igual forma, un nuevo funcionario automáticamente estaría cubierto por la póliza, dado que se encontrará desempeñando el puesto cubierto por la misma”, explicó Jéssica Umaña Trejos, administradora del contrato a lo interno del Ministerio de Hacienda, en el documento de especificaciones técnicas.
Los rubros cubiertos por la póliza son los siguientes:
—Gastos y costas legales de defensa
—Costos y gastos de emergencia
—Cobertura para jerarcas retirados
—Costos para fianzas
—Costos para atención de crisis
—Gastos para relaciones públicas
—Gastos para proteger la reputación de los asegurados
—Costos por procesos de extradición
—Costos de enjuiciamiento, multas y sanciones civiles
—Costos para salud y seguridad ocupacional
—Privación o confiscación de activos
—Costos de pre-investigación
—Violaciones ambientales
—Audiencia derivada de una investigación
—Administradores no ejecutivos
En la justificación de la contratación, Hacienda alegó que la póliza es para “proteger y defender al Estado económicamente de pérdidas por actuaciones dirigidas a satisfacer el interés público”. La Nación envió una serie de consultas sobre el tema a las oficinas de prensa del Ministerio de Hacienda y del INS, sin que se obtuviera una respuesta a la hora de publicación de este artículo. También se contactó al ministro Acosta a su teléfono celular, pero dijo que estaba fuera del país y que las consultas se debían tramitar por el departamento de prensa.
Elección del INS
Si bien Hacienda argumentó que el INS fue seleccionado porque ofreció las mejores condiciones económicas, en comparación con las demás opciones del mercado, también destacó la importancia de que la aseguradora es una “entidad de capital nacional” y que cuenta con “el respaldo del Estado”.
“En este caso en particular los seguros del INS tienen la garantía del Estado costarricense, lo que trae para el ministerio e instituciones públicas cierta seguridad jurídica y económica (...)”, se consignó en el Estudio e Informe del Mercado de Seguros, elaborado el 17 de julio por la Oficialía Mayor y la Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda.
El documento incluyó consultas a 12 aseguradoras y corredoras que operan en el mercado nacional y al final determinó que solo el INS y la empresa aseguradora Oceánica brindan el servicio solicitado. El resto respondió que no brindaba ese tipo de cobertura, o bien, ignoraron la consulta enviada.
Al final, Hacienda eligió al INS porque la aseguradora privada cobraba una prima de $477.464, mientras que la empresa estatal solicitó $459.984, lo que representaba una diferencia de $17.479 (un 3,8% más).
La escogencia del INS se tramitó bajo un proceso de excepción establecido en el inciso b, artículo 3, de la Ley General de Contratación Pública. Esta figura permite que entes de derecho público puedan acordar contrataciones, sin necesidad de recurrir a los procedimientos ordinarios, como las licitaciones.
“Para recurrir a esta excepción debe quedar acreditado en el expediente electrónico la idoneidad del ente público que se pretende contratar, debiendo este realizar al menos un 70% de la prestación del objeto contractual”, dice la norma.
Origen de los recursos
Los fondos para financiar la póliza provienen directamente del presupuesto del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el expediente de la contratación, disponible en el Sicop. Para esto, Floria María Bogantes Ovares, directora de la Oficialía Mayor y de la Dirección de Administrativa y Financiera, solicitó el 11 de julio anterior al ministro Acosta, autorización para modificar el plan de compras institucional y adicionar la adquisición del seguro para los jerarcas.
En la nota, Bogantes también pidió “analizar posibles fuentes de financiamiento para incluir el pago del seguro indicado en el presupuesto de la actividad presupuestaria 13200-04, para adquirir dicho seguro”.
El 15 de julio, el ministro aprobó el requerimiento planteado por la directora de la Oficialía Mayor y un día después, la jefa del Departamento Financiero del Ministerio de Hacienda, Sonia Monge Delgado, certificó la disposición de los ¢248.391.706 “con el fin de realizar el pago de seguros de responsabilidad civil para jerarcas”.
¿Qué dice la Ley General de la Administración Pública?
El artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública establece que “será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque solo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo”.
Y si bien en el apartado 201 especifica que la Administración es solidariamente responsable por esos eventuales daños, el Estado también tiene la obligación de cobrar al funcionario lo que hubiera pagado, junto con los daños y perjuicios causados por la erogación.
En esa línea, Alfonso Ruiz, abogado penalista, aclaró que en Costa Rica distintos funcionarios públicos de forma normal suscriben pólizas de responsabilidad civil, de acuerdo con el cargo que ostenten, pero la diferencia con la póliza que pretende comprar Hacienda, es que esos profesionales pagan el seguro de su propio bolsillo.
Ruiz advirtió que usar recursos públicos para el fin del gobierno, podría generar un beneficio indebido y hasta constituir los delitos de peculado o malversación de fondos, dependiendo de donde provengan los recursos.
“Habría que ver muy bien de dónde se va a sacar el dinero, para quiénes lo van a sacar y en qué condiciones, porque acá, lo que aparenta a simple vista, con lo que se ha dicho en medios es que si en algún momento alguna de estas personas comete un ilícito, de la naturaleza que se establece en la póliza, lo vamos a estar pagando todos, no ellos”, declaró.
Al abogado también le llamó la atención que entre las coberturas se incluyera el tema de las violaciones ambientales, “cuando estamos en medio de la investigación de Gandoca-Manzanillo”.
“Incluso, entiendo que incluye hasta los gastos de representación legal y eso en definitiva, no puede ser, porque es un beneficio que no tienen los demás funcionarios públicos”, añadió.
Para Ruiz es necesario realizar un análisis completo del plan del gobierno, para determinar si se está ante un correcto uso de los recursos públicos o ante la eventual presencia de un ilícito.
En él coincide el abogado penalista Federico Campos: “Va en contra del artículo 13 de la Ley de Administración Financiera que establece que los funcionarios públicos que administran recursos públicos deben cubrir una garantía de su propio dinero o peculio. Más bien considero que estos hechos podrían constituir un delito de peculado por tratarse de una distracción de fondos públicos en beneficio propio, en contra de lo que establece la ley”.
Colaboró con esta información la periodista Vanessa Loaiza.
