EscucharLas licencias por incapacidad otorgadas al personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) se dispararon entre los años 2022 y 2024. La cifra más alta de la última década se registró en 2023; solo en ese año se otorgaron 161.866 permisos remunerados a funcionarios que se ausentaron a su trabajo por motivos médicos o debido a accidentes laborales.
Anna Katharina Müller, ministra de Educación Pública, afirmó que el aumento se debe a un “abuso” que el personal docente y administrativo hace de este derecho laboral, porque entre el MEP y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se paga el 100% del salario. “Definitivamente para la gente no hay ninguna preocupación de entrar a una incapacidad”, agregó la jerarca de esa institución que cuenta con 88.000 funcionarios que atienden a 1,1 millón de alumnos de 4.585 escuelas y colegios.
Gilda Montero Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (Ande), dijo a La Nación que es alarmante el aumento de las incapacidades en el sistema educativo y que la estadística es una forma de decirle a la sociedad que algo está pasando con los docentes. “Una incapacidad no se da porque un médico simplemente quiera dar la incapacidad, hay una razón detrás de eso”, agregó.
Destacó la importancia de identificar las razones detrás del cambio, ya que pueden existir otros factores además de las enfermedades, como las distancias para trasladarse al trabajo, situaciones económicas, problemas en el hogar, separaciones, duelos, entre otros aspectos.
La tendencia comenzó a subir radicalmente en el 2022; ese año cerró con 145.247 incapacidades. Hasta el pasado 14 de octubre se registraban 108.825 licencias otorgadas en este año, de acuerdo con los datos suministrados por el MEP ante una consulta de La Nación. De ellas, 100.150 (92%) son por enfermedad. En promedio, cada mes obtienen licencia unos 11.000 funcionarios y, según el Ministerio, al año, el 73% de la planilla se llega a incapacitar.
Las cifras son mucho más altas que las contabilizadas durante los dos años previos al trienio, cuando el país enfrentó los efectos más severos de la pandemia provocada por la covid-19. En 2020 se concedieron 24.263 incapacidades y si bien en 2021 la cifra se elevó a 78.046, permanece aún muy por debajo del promedio del 138.371 incapacidades otorgadas, hasta el momento, durante los últimos tres años.
Los datos también superan considerablemente los 15.565 casos que se registraron en el 2014, la suma más baja de todo el último decenio.
Alajuela encabeza incapacidades
En términos geográficos, el principal volumen de las incapacidades se genera en la región de Alajuela. En 10 meses de 2024 ya se contabilizan 9.910 permisos otorgados. Sin embargo, en esa misma área se registraron 15.051 licencias el año anterior.
De cerca le sigue la región de San José Central, con 9.060 incapacidades concedidas hasta el mes de octubre. Si bien ambos sitios han mantenido diferencias aproximadas en la última década, la brecha se hizo más amplia en 2023, ya que la región capitalina contabilizó 12.864 permisos, 2.187 menos que Alajuela.
Heredia, con 7.638 incapacidades, y Limón, con 6.218, se ubican en el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Mientras que Occidente (5.993), Desamparados (5.513), Puntarenas (5.447), Cartago (5.390) y Guápiles (4.949), completan la lista de las nueve regiones con los índices más elevados.
Müller: Pago del 100% de incapacidades provoca incremento
La ministra Müller afirmó que existe un “incremento exagerado” de las incapacidades en el MEP, pero negó que existan razones particulares que hayan llevado al personal docente y administrativo a solicitar licencias remuneradas para ausentarse a sus funciones de trabajo. Alegó que el pago del 100% de los permisos es la razón por la que se presenta el alza.
“No es por razones específicas, de hecho, ha venido un comportamiento así en los últimos años, en el cual hay simplemente un abuso”, expresó el 17 de setiembre en uno de los pasillos de la Asamblea Legislativa.
El artículo 93 del Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública reconoce al personal de esa institución el pago de un subsidio, en caso de incapacidad. Este beneficio es del 80% del salario ordinario, durante los primeros 30 días de la licencia. Superado este plazo, el monto recibido es del 100%, el cual se puede pagar hasta un máximo de seis meses.
Si bien el mismo numeral exige más de tres años de laborar en el MEP para recibir la subvención por seis meses, también permite que aquellos funcionarios con tres años de estar en la institución puedan contar con el pago por cinco meses y que las personas con dos años de servicio puedan tener el beneficio por cuatro meses.
Las personas con seis meses, ocho meses y un año de trabajar en el MEP, puede obtener el pago por un mes, dos meses y tres meses, respectivamente. Mientras que el personal de recién ingreso, con un trimestre de servicio, puede recibir el subsidio por 15 días.
Con respecto a los trabajadores en general, la normativa laboral de Costa Rica establece otras condiciones. Durante los primeros tres días de licencia por enfermedad, el empleador debe pagar al menos el 50% del salario del empleado, mientras que la CCSS se encarga del otro 50%. A partir del cuarto día, la CCSS asume el 60% del salario sin que el empleador tenga que seguir pagando durante el resto del período de incapacidad.
Pago de incapacidades afecta la planificación presupuestaria
De acuerdo con Müller, el alza en las incapacidades es una de las razones por las que el MEP tuvo que pedir recursos extraordinarios a la Asamblea Legislativa para cubrir huecos presupuestarios para cumplir con el pago de salarios y aguinaldos, este 2024.
Reconoció el faltante de recursos el pasado 17 de setiembre ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Si bien no brindó un monto específico, los diputados del foro indicaron que el monto es de ¢60.000 millones.
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Por esta situación, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se comprometió con los legisladores, el 3 de octubre, a realizar movimientos presupuestarios a lo interno del MEP para redireccionar ¢40.000 millones al pago aguinaldos. Mientras que los restantes ¢20.000 millones ya habían sido incorporados en un sexto presupuesto extraordinario.
No obstante, el 15 de octubre, el gobierno presentó una moción de última hora para tomar ¢18.743 millones de la partida destinada al pago de intereses de la deuda pública, para redireccionarlos al pago de las remuneraciones del MEP.
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La ministra ya había recurrido a una acción similar el 28 de agosto, al enviar un oficio al diputado José Pablo Sibaja, jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR), en el que solicitaba, a última hora y con carácter de urgencia, incrementar en ¢1.900 millones una subpartida del presupuesto del MEP para cubrir los salarios de 8.000 funcionarios suplentes, mayoritariamente docentes.
En esa nota, Müller también expuso a los diputados la problemática que enfrenta la institución por el incremento en las incapacidades.
