El magistrado Jorge Arturo Araya García fue juramentado este jueves en sesión del plenario de la Asamblea Legislativa, para un nuevo periodo de ocho años como miembro propietario de la Sala Constitucional, luego de un intenso debate entre diputados este miércoles, que terminó con su reelección.
Después de jurar que defenderá la Constitución Política y las leyes del país, el alto juez dio una conferencia en el lobby del plenario, donde lanzó varias alertas sobre la situación que vive Costa Rica respecto de la defensa de los derechos fundamentales y la atención de las poblaciones más vulnerables.
“El país no puede salir adelante dividido, no puede salir adelante con violencia verbal, con gritos, ruido, escándalo, ataques. Necesitamos un país unido alrededor de la Constitución, sus valores, sus principios y sus normas”. reflexionó el magistrado.
A su juicio, Costa Rica enfrenta la crisis más grave, política, económica y social después de la Guerra Civil de 1948.
“Yo defiendo lo que algunos desean destruir, y lo seguiré haciendo con más fuerza. Yo, al menos, no voy a permitir que este país, que ha costado tanto construir entre todos, se pueda destruir como se está destruyendo. Lo afirmo con los números de la Sala en la mano”, aseveró ante la prensa.
Para el magistrado constitucional, el país no puede avanzar cuando el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advierte de que el 38% de los niños y niñas son pobres.
Adicionalmente, puntualizó que al cierre de este año, el tribunal constitucional va a cerrar con 47.000 expedientes, lo que significa que “el gobierno, en materia de defensa de los derechos fundamentales, es altamente deficiente; el país no camina bien”.
Para Araya, el país no puede seguir así, con cerca de 7.000 asuntos relacionados con afectaciones a los costarricenses más pobres, por quejas sobre el Régimen No Contributivo de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las ayudas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y otros 21.000 expedientes en materia de salud, citas médicas que se otorgan para el año 2050.
“Llevamos 800 incumplimientos de sentencias constitucionales. Este país tiene que despertar. Hay señales que atentan contra la democracia, contra el sistema de derechos y garantías de los costarricenses. Pasamos de ser la Costa Rica admirada a que nos vean ahora con preocupación”, dijo.
Entre sus cuestionamientos, también hizo referencia a los recortes presupuestarios que afectarían a los más pobres del país y a los sectores más sensibles, entre ellos la investigación judicial y la administración de justicia. “La justicia no es un gasto, es una inversión”, declaró.
‘Mientras no haya suplentes, no habrá solicitud de levantamiento de inmunidad; eso significa impunidad’
Jorge Araya también cuestionó la mora de la Asamblea Legislativa en el nombramiento de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, pues enfatizó que ese impide que el Tribunal de la Corte Plena conozca de cualquier solicitud de levantamiento de inmunidad para cualquier miembro de un supremo poder, incluyendo la que ya está pendiente relacionada con el expresidente Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda.
Desde el año pasado, la Fiscalía General de la República solicitó el desafuero de Chaves, cuando todavía era mandatario, para que afronte la acusación penal por el presunto delito de financiamiento ilegal de la campaña electoral del 2022, a través de una estructura paralela.
Sin embargo, ese levantamiento de inmunidad no se puede discutir en la Corte, porque hay magistrados inhibidos de conocer el expediente y para los cuales no hay suplentes.
“Mientras la Asamblea Legislativa no nombre a los magistrados suplentes, no va a haber ninguna solicitud de fuero que llegue a la Asamblea. Se la dejo ahí para que piensen qué está pasando, por qué no se nombran los magistrados suplentes. Eso significa impunidad”, dijo Araya.
El magistrado recordó que a él le cuestionaron haber ejercido puestos políticos en el gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998), pero aseguró que él los ejerció con transparencia y de buena forma, por lo que nadie pidió nunca que le quitaran la inmunidad para afrontar alguna acusación.
‘Nunca antes hubo tantos casos relacionados con privados de libertad’
Jorge Araya también alertó sobre una situación que está viviendo el país este año, y es que nunca había habido tanto circulante de expedientes relacionados con el irrespeto a los derechos de los privados de libertad como ahora.
“¡Son seres humanos! Tal vez algunas personas no opinen igual. Ahora, entre el 80% y el 90% de los recursos de habeas corpus tienen que ver con privados de libertad. Algo está ocurriendo. Estamos analizando varios casos sobre agravios que, de confirmarse, sería muy lamentable", dijo el magistrado.
Es más lamentable todavía, señaló, que en el país sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se estén violentando los derechos de los privados de libertad como está ocurriendo.
PPSO se negó a felicitar a Jorge Araya
A Jorge Araya le tomó juramento la presidenta legislativa, Yara Jiménez, apenas inició la sesión del plenario del Congreso, pero ella no se acercó a felicitarlo por su reelección ni tampoco dirigió alguna palabra desde el podio para desearle éxitos.
Al decretar el receso, los primeros que se acercaron fueron los diputados del Bloque Democrático de los cuatro partidos políticos, pero no lo hicieron los integrantes del Partido Pueblo Soberano (PPSO), salvo cuatro congresistas de los 31 miembros de esa agrupación.
Los únicos oficialistas que sí le llegaron a dar la mano con motivo de su reelección fueron Nogui Acosta, jefe de la fracción del PPSO; así como Anna Katharina Müller y el segundo secretario del Directorio legislativo, Reynaldo Arias, así como el cartaginés Robert Johsan Barrantes.
Todos los demás oficialistas se quedaron, o bien sentados en sus curules o en el cafetín adjunto al plenario.