EscucharJueces latinoamericanos, reunidos en San José a finales de octubre, advirtieron sobre los ataques a la independencia judicial en Costa Rica desde el Poder Ejecutivo. Funcionarios judiciales de Guatemala, Argentina, México, El Salvador y Costa Rica mencionaron que la situación costarricense es inédita.
Haroldo Vásquez, de Guatemala; Marcelo Gallo, de Argentina; Adriana Orocú, de Costa Rica, y Andrea Pochak, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitieron sus consideraciones sobre el riesgo a la independencia de los jueces.
En primer lugar, los funcionarios o exfuncionarios enfatizaron que la independencia judicial debe entenderse como un elemento que permite a los administradores de justicia resolver los asuntos de interés de partes en disputa sin ninguna presión, ni desde los sectores políticos, ni económicos, ni militares, en países donde exista ese elemento.
Se trata principalmente de un blindaje para que los jueces no respondan ni a los diputados ni a los gobernantes, a la hora de escuchar y resolver las demandas de los ciudadanos, incluso en temas penales.
Actualmente, hay amenazas a esa independencia en casi todos los países de la región latinoamericana, en mayor o menor medida, y de diferentes niveles, incluso con reformas a los mecanismos de elección o de ascenso, como el caso mexicano, o bien con amenazas al financiamiento de los poderes judiciales.
‘Sistemas mesiánicos’ ponen en crisis a la justicia
El juez Haroldo Vásquez, presidente de la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia y vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, aseguró que el caso de Costa Rica se ve con preocupación “porque ha habido un evidente deterioro”.
“Estamos en una crisis, en la democracia, donde los sistemas de justicia son interferidos por algunas condiciones especiales: populismo, sistemas mesiánicos donde los gobernantes se venden como los salvadores, o interferencias nacionales”, explicó.
Vásquez agregó que la independencia judicial no le pertenece a un juez, sino que es un instrumento para que la población sepa que, si acude a un juez, este va a administrar justicia de manera imparcial y objetiva, sin sesgo.
Marcelo Gallo: ‘No defendemos un privilegio’
Para el argentino Marcelo Gallo, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), los jueces no están defendiendo un privilegio gremial o de casta, sino la garantía del ciudadano de tener acceso a una justicia imparcial, contra presiones externas, sean políticas, económicas o mediáticas.
Gallo enfatizó que la función de un juez es totalmente diferente a la de un político, sea del Ejecutivo o el Legislativo, y que esa división entre los poderes se tiene que respetar. “El juez no tiene que meterse en cuestiones que son ajenas a su función, ni a cumplir funciones del Ejecutivo o de legislador, estaría mal. Del mismo modo, los otros poderes no tienen que meterse en cuestiones que les son ajenas, que son del Poder Judicial”, agregó.
El argentino considera que las agresiones al Poder Judicial y a la división de poderes se ha incrementado con la aprobación de leyes o acciones desde el gobierno, como sucede actualmente en México, sin respetar las pautas constitucionales.
Marcelo Gallo enfatizó que el Poder Judicial cumple una función de poder contramayoritario, es decir, como contralor de que una ley o un decreto cumplan y respeten las disposiciones legales y constitucionales de cada país, como lo que sucede en Costa Rica con la labor de la Sala Constitucional, como vigilante de que las normas que se impulsen desde Zapote o el Congreso no vaya en contra de la carta fundamental.
Por eso es precisamente que los políticos de turno atacan al Poder Judicial, porque cumple una función de poder incómodo, dijo.
‘Lo que menos quiere la corrupción es un poder judicial fuerte’
La presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, Adriana Orocú, dijo que lo que ha pasado en otros países es una gran alerta de lo que podría pasar en Costa Rica, donde ahora un discurso populista lanza ataques al Poder Judicial.
“El Ejecutivo deslegitima una función democrática, absolutamente necesaria para el fortalecimiento del Estado, no solo en cuanto a igualdad en el trato de las personas, sino también seguridad jurídica para la gente que invierta en Costa Rica”, apuntó.
Orocú también dijo que los discursos de odios que lanzan instituciones que deben cumplir un rol de protección y no lo hacen, terminan atacando al “más débil, que termina siendo el Poder Judicial”.
La jueza sostuvo que deslegitimar a la judicatura busca evitar el control y minimizar la función jurisdiccional. “Cuando el Poder Judicial es incómodo, empiezan a atacarlo. Lo que menos quiere la corrupción es un poder judicial fuerte”, acotó.
Según la presidenta de la Acojud, mientras más autoritario sea un gobierno, mientras menos controles quiera, mientras más excesos cometan y quieran actuar con más libertad, sin apego a las leyes, más se va a atacar al Poder Judicial. “Es sistemático en América Latina y no es ajeno a Costa Rica”, añadió.
CIDH ve con preocupación ataques a la independencia judicial
Andrea Pochak, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró que desde esa organización se sigue con mucha preocupación los ataques a la independencia judicial en muchos países de la región latinoamericana.
“No hay democracia sin independencia judicial. No hay posibilidad de vigencia de los derechos humanos sin garantizar esta independencia”, comentó la experta argentina.
Pochak indicó que la administración de justicia desempeña un papel muy importante en la protección de los derechos humanos, por lo que es fundamental preservar que el sistema judicial de los países cuente con las garantías necesarias para llevar adelante su trabajo, de manera independiente e imparcial.
“Cuando estamos defendiendo la independencia judicial, defendemos que los jueces y juezas, magistrados y fiscales, puedan actuar sin presiones para resolver la situación que tengan que resolver, los conflictos, no es preservar sus derechos individuales, ni privilegios, sino el derecho de los ciudadanos a tener una justicia independiente e imparcial”, dijo.
La abogada argentina insistió en que siempre fue necesario luchar por la independencia judicial, desde la época de las dictaduras latinoamericanas más fuertes, y tal vez ahora lo que pasa es que la lucha se volvió más visible, con ataques más evidentes.
