EscucharLaura Fernández, ministra de la Presidencia, declaró que el gobierno interpreta como una “clara amenaza” de la Fiscalía la investigación sobre un presunto sobreprecio, de ¢12.400 millones anuales, en la adjudicación de contratos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que cuatro cooperativas y una asociación médica administren 138 Ebáis por 10 años.
En un video divulgado por la Casa Presidencial, la ministra acuerpó a Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, quien fue detenida este lunes. Fernández calificó la operación judicial como “un abuso de poder” de parte de la Fiscalía y dijo que las acciones que realiza “son absurdas desde cualquier punto de vista legal y moral”.
“Esto no huele nada bien, a todas luces es un abuso de poder; lo interpretamos como una amenaza clara de la Fiscalía al gobierno (...). El gobierno no va a aflojar, esperamos que el pueblo esté alerta y vigilante, porque estamos ante una amenaza sin precedentes en la historia de nuestro país”, afirmó Laura Fernández.
La ministra cuestionó lo que considera un “show”, al decir que la adjudicación de los contratos apenas está en revisión de la Contraloría General de la República (CGR) y no se ha pagado ni un solo colón. ”¿Por qué la Fiscalía no los citó por escrito en lugar de detenerlos mediáticamente, haciendo uso de un sensacionalismo innecesario?”, cuestionó Fernández.
Fernández añadió que la acusación principal es de prevaricato, lo que calificó como tomar acciones ilegales, mas no significa recibir dádivas, propinas o cualquier otro acto de corrupción.
“¿Cómo es posible que la Fiscalía argumente que hay prevaricato si la adjudicación ni está en firme? ¿Cómo podría haber prevaricato si ningún Tribunal Contencioso Administrativo ha declarado algún acto ilegal en lo decidido por la Junta Directiva de la Caja?”, reclamó Fernández.
También, cuestionó al Ministerio Público por moverse “tan rápido” e insistió en que la Caja ni siquiera tiene la estimación de costos de un servicio que beneficia a más de 585.000 personas en Tibás, Pavas, Paso Ancho, Desamparados, Escazú y otros sitios.
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El Ministerio Público confirmó que detuvo a ocho altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la CCSS por este caso.
La acción judicial incluyó 28 allanamientos, uno de ellos en la sede central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en San José. Las pesquisas versan sobre los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
