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El ministro de Seguridad, Mario Zamora, negó ante los diputados cualquier violación a los derechos humanos de los 200 migrantes recibidos por Costa Rica tras ser deportados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Zamora dio esas declaraciones este jueves ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, donde un día antes, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, presentó un informe que señala que los acuerdos de cooperación migratoria que suscribió Costa Rica con el gobierno estadounidense violentan las obligaciones asumidas por el país con la comunidad internacional, al mantener a los extranjeros sin pasaportes y recluidos en el Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem) de la Zona Sur.
Cuando el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, cuestionó a Zamora por dicho informe, el ministro enfantizó en que no se ha presentado ninguna denuncia formal contra el Poder Ejecutivo por tratos discriminatorios.
“Si usted lo coloca en un informe, usted tuvo que haber presentado las denuncias previas, no es mediante un informe burocrático ante una entidad legislativa”, manifestó el jerarca, acompañado por el director de Migración, Omer Badilla.
Sobre los cuestionamientos de que el Gobierno les retuvo sus pasaportes, Zamora aseguró que se siguió el procedimiento migratorio establecido por ley, el cual además es usual en otros países, como los de la Unión Europea.
“Yo observo un gran desconocimiento de los elementos básicos del derecho migratorio y a partir de ahí se hacen una serie de comentarios que son absolutamente fuera de lugar en el marco técnico de la migración, de ahí nuestra sorpresa con respecto a algunas de las manifestaciones”, declaró.
Según el ministro, las aseveraciones de la Defensoría de los Habitantes harían creer en otros países “que en Costa Rica se practica tortura contra estas personas, esa es la idea que queda de fondo”.
Al ser consultado por la diputada independiente, Cynthia Córdoba, sobre el contenido del acuerdo con el gobierno de Trump, Zamora respondió que eso era competencia de la Cancillería y no le correspondía a él emitir criterio.
En el cuestionado acuerdo, Costa Rica aceptó ser el destino provisional de 200 migrantes, mientras se gestionaba su traslado hacia sus países de origen. El primer grupo de extranjeros llegó al Aeropuerto Juan Santamaría el 20 de febrero, en un vuelo que traía 135 pasajeros, y el segundo aterrizó cinco días después, con 65 personas a bordo.
Los deportados son originarios de Ghana, Kazajistán, Jordania, Irán, Azerbaiyán, Vietnam, Georgia, Rusia, Afganistán, Turquía, Armenia, China, Uzbekistán, India, Nepal y la República Democrática del Congo.
El pasado 4 de marzo, la Dirección General de Migración aseguró que de momento ningún extranjero ha solicitado refugio por riesgo de volver a su país. Se detalló que ya 13 migrantes dejaron Costa Rica: cuatro de Georgia y cuatro de Jordania, así como cinco de Azerbaiyán.
