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Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), llegó detenida este lunes a las 12:25 p. m. a los Tribunales del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, para ser indagada por un presunto sobreprecio millonario en la adjudicación de contratos a cuatro cooperativas y una asociación médica para la operación de 138 Ebáis.
El OIJ detuvo a Esquivel cuando se presentó en la sede de Pérez Zeledón antes de las 8 a. m. Más temprano, a las 6 a. m., la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) había allanado la casa de la jerarca en barrio La California, San José, pero ella no estaba allí.
Los siguientes son los principales puntos del caso:
- La FAPTA investiga los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos a cooperativas de salud, para la operación de 138 Ebáis, durante 10 años.
- En su conjunto, los contratos adjudicados, sospecha la Fiscalía, tendrían un sobreprecio de ¢12.400 millones anuales.
- Los miembros de la Junta Directiva de la CCSS habrían sostenido reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida.
- Los contratos tienen plazos de 10 años aunque la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, según la Fiscalía.
- Según el Ministerio Público, la Junta Directiva de la Caja se arrogó del conocimiento de un concurso público para la administración de los Ebáis.
- Se presume que los miembros de la Junta Directiva anularon el procedimiento de compra que estaba listo e instruyeron uno nuevo en el cual, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
- El Departamento Financiero de la Caja rechazó las modificaciones hechas por la Junta Directiva al concurso, “alegando que lo usual es reconocer un incremento anual del 2% al 3% debido a la inflación; sin embargo, el nuevo contrato incrementó los montos en un 33%, en comparación con el contrato original del 2021″, dijo el director del OIJ, Randall Zúñiga.
- La investigación obedece a una denuncia presentada por la Auditoría Interna de la CCSS.
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