El presidente Rodrigo Chaves firmó este miércoles 15 de enero un decreto para regular el margen de ganancia en la venta de medicamentos, en procura de intervenir en los precios que pagan los consumidores. Para los distribuidores mayoristas, el margen oscilará entre el 11% y el 28%, mientras que los minoristas (supermercados y farmacias) tendrán un margen entre el 25% y el 43,5%.
El gobierno procedió con el decreto pese a que la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) advirtió de que esta medida podría producir desabastecimientos. Según esta entidad, establecer topes máximos a las medicinas, sin una evaluación real del impacto en el mercado, puede generar escasez, además de afectar la calidad y limitar la oferta de productos innovadores para los consumidores.
El ministro de Economía, Industria y Comercio, Francisco Gamboa, declaró que los márgenes se fijaron luego de analizar los precios en casi 50 países, entre los que se encuentra Australia, Estados Unidos, Alemania, España y Finlandia. La medida aplicará para todos los medicamentos registrados en el Ministerio de Salud.
Casa Presidencial ejemplificó que el fármaco Tramal, en su presentación en gotas, tiene un costo de ¢11.700 en Costa Rica, mientras que en El Salvador se vende por ¢4.500 y en Nicaragua, por ¢4.200.
Según Gamboa, una investigación realizada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) encontró que, en Costa Rica, los mayoristas que compran las medicinas a los laboratorios y las distribuyen agregan un margen promedio del 85%, mientras que, en los 50 países analizados, dicho margen es del 17%.
“Estamos poniendo los márgenes en consonancia con la evidencia de lo que hay en otras naciones. Esta es una medida totalmente sustentada en la Ley de Promoción de la Competencia, y lo estamos haciendo para defender la economía de las personas”, declaró el jerarca.
Posibilidad de cerrar farmacias y otros negocios
Aunque la ley establece multas económicas para quienes violen los márgenes máximos de ganancia, Chaves pidió al ministro Gamboa evaluar la posibilidad de quitar permisos y cerrar establecimientos.
A los ministerios de Hacienda y Salud se les encargó el monitoreo para garantizar que se cumpla lo establecido en el decreto ejecutivo. Según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el sistema de factura electrónica permitirá dar seguimiento al precio de los medicamentos.
“La trazabilidad nos va a permitir saber cuál es el margen. En la factura digital se estableció una serie de condiciones para que, cuando a usted le vendan un producto, podamos saber cuántas pastillas son, de qué graduación y si es un jarabe o una pastilla. A través de eso, podremos monitorear las etapas de comercialización del producto”, declaró Acosta, quien garantizó que la medida no dará espacio a la evasión.
Zapote ordenó que la regulación de márgenes empiece a regir un mes después de su publicación, que está prevista para realizarse este jueves 16 de enero. Además, se estipuló que la medida tenga una vigencia inicial de seis meses.
El argumento de la Coprocom
La Coprocom difiere con lo dicho por Gamboa. Dicha entidad reconoció que el Estado tiene la potestad legal de regular precios, pero enfatizó que este es un recurso excepcional y temporal al que se puede recurrir, principalmente, cuando el país se encuentre en situaciones de excepción por fuerza mayor o desabastecimiento, o bien, cuando existan condiciones monopólicas u oligopólicas.
En el caso del decreto firmado por Chaves y Gamboa, la Coprocom concluyó que no se identifica una motivación real de la medida adoptada, pues se pretende justificar con base en un supuesto “comportamiento anormal del mercado”.
La Comisión recomendó al MEIC no implementar esas medidas, ya que no cumplen con lo establecido por la ley.
Además, señaló que se pretende establecer una regulación simplemente utilizando una verificación de diferencias de precios mayoristas y minoristas, entre diferentes países, con información que no es de las mismas fuentes, sin determinar el origen real de las eventuales diferencias existentes entre los márgenes brutos nacionales y los internacionales.
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La conclusión de la entidad es que no existe una adecuada motivación para el proyecto de decreto “ni una adecuada justificación técnica y económica de la regulación”.
El presidente Rodrigo Chaves descartó que la medida sea un ataque al libre mercado.
Para evitar el posible desabastecimiento alertado por Coprocom, Chaves insiste en impulsar el plan de vender medicinas de la CCSS a farmacias y hospitales privados, pese a que la iniciativa está varada en esa institución por razones legales que limitan a la institución incursionar en esos mercados.
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Para emitir este decreto ejecutivo, el gobierno se basó en el artículo 5 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, el cual dispone que la administración pública puede regular los precios de bienes y servicios, siempre que sea en situaciones de excepción y en forma temporal.