EscucharLa Sala Constitucional condenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) por no actuar correctamente frente a un caso de “bullying” contra un niño con discapacidad, estudiante de sétimo año en el Liceo de Bagaces, Guanacaste. Al menor de 13 años lo agredieron y lo metieron en un basurero mientras era grabado por otros adolescentes.
Según comprobaron los magistrados, la agresión ocurrió la mañana del 25 de junio en las instalaciones del centro educativo, y de inmediato el video se viralizó en las redes sociales.
Ese mismo día, a las 4 p. m., una docente de Educación para el Hogar, llamada Jeilim Araya, entregó a la dirección del colegio una denuncia escrita en la que detalló que unos estudiantes estuvieron forcejeando, y uno metió a otro en un basurero.
No obstante, indicó que no pudo atender la situación y ayudar al agredido porque se encontraba cuidando la aplicación de un examen y no podía dejar solo al grupo; entonces, pidió a otro alumno que sacara al menor de basurero.
La administración del Liceo de Bagaces no buscó contactar con la madre del menor el mismo día del incidente, sino que lo hizo hasta el miércoles 26 de junio. Para ese momento, la mamá ya se encontraba en el centro educativo para presentar una denuncia.
La mujer presentó un recurso de amparo el 8 de agosto, en el cual reclamó que el colegio no la llamó oportunamente para informale lo que había pasado.
Agregó que, como consecuencia del incidente, el niño de 13 años tiene miedo de volver al colegio. Además, el ataque le provocó un retroceso en su salud mental y emocional, así como un aumento en sus visitas a psicólogos y psiquiatras de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La mujer tiene una referencia de la Caja que acredita que el agredido padece estrés postraumático; por lo tanto, no está en capacidad de volver al centro educativo. Los médicos recomendaron una adecuación curricular, y la madre solicitó educación a distancia; sin embargo, hasta la presentación del amparo, no había recibido la ayuda requerida.
Magistrados critican inacción de docente
Los magistrados de la Sala Constitucional declararon parcialmente con lugar el recurso de amparo, debido a la falta de intervención de la docente, la ausencia de una comunicación inmediata a la madre y la omisión de las autoridades del MEP de procurar la continuidad del proceso educativo del menor, tras conocer que no podía volver al colegio.
El Ministerio fue condenado al pago de costas, daños y perjuicios a la familia del menor víctima de “bullying”. La madre del joven aclaró que interpodrá una denuncia contra el Liceo de Bagaces por la afectación causada tanto a su hijo como a ella.
“Aún cuando el MEP llevó a cabo actuaciones dirigidas a atender la situación, es inaceptable la actitud de la docente denunciante, quien, según se consignó, no intervino ni ayudó a sacar al amparado del basurero por no dejar a un grupo solo mientras hacía un examen. En estas situaciones, debe prevalecer el resguardo de la integridad de los estudiantes ante una agresión en proceso, y prestar la ayuda correspondiente a la víctima, sin que sea oponible la tutela de bienes jurídicos de menor categoría”, cita el fallo de la Sala IV.
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Respecto a la educación a distancia, los jueces confirmaron que, desde el 16 de julio, el Liceo de Bagaces tenía conocimiento de que el estudiante no deseaba regresar al colegio debido a la agresión que sufrió; pese a esto, fue hasta el 14 de agosto que se comunicó a la familia la alternativa dispuesta para su reintegración a clases.
Los magistrados recalcaron que el MEP no actuó sino hasta después de que la madre presentó interpuso el recurso de amparo y presentó al colegio una referencia de la CCSS para que se aplicara la adecuación curricular.
“(La adecuación) ocurrió después de la notificación del curso de este proceso a las autoridades del MEP, por lo que se acredita la transgresión al derecho a la educación del tutelado, ya que estuvo más de un mes con su proceso de aprendizaje interrumpido, pese a que no solo es una persona menor de edad con discapacidad, sino que fue víctima de hechos lamentables”, criticaron los altos jueces.
En consecuencia, los magistrados constitucionales ordenaron a la ministra Anna Katharina Müller y a la directora del Liceo de Bagaces, Johanna Ampié, que en un plazo máximo de tres días indiquen al personal docente y administrativo que deben intervenir cuando observen cualquier agresión o “bullying”, sin importar si están realizando otras funciones.
Asimismo, la ministra de Educación debe ordenar a las autoridades educativas que, cuando tengan conocimiento de algún acto de agresión, deben comunicarse de forma inmediata con las personas encargadas de los menores afectados.
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