EscucharEl ministro de Seguridad, Mario Zamora, rechazó las denuncias hechas por el exministro Mauricio Herrera y el diputado frenteamplista Antonio Ortega de que las autoridades costarricenses estarían poniendo a los migrantes deportados por la administración Estados Unidos, que llegaron y se mantienen en Costa Rica desde febrero pasado, a decidir entre irse de Costa Rica o quedarse en la calle.
“Las personas migrantes que soliciten refugio o condiciones humanitarias de estancia en el Catem, si bien es cierto que adquieren libertad de movimiento, pueden seguir pernoctando y recibiendo todos los servicios que ahí se les brinda, es decir, alimentación, apoyo psicológico, atención médica, etcétera”, indicó este viernes 28 de marzo a La Nación, por medio de su correo personal.
Tanto Herrera como Ortega habían indicado que, según testimonios de algunos de estos migrantes deportados que se mantienen en el el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) de Ciudad Neilly, en Corredores, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) les estaba presionando para tomar la decisión de regresar a su país o quedarse en Costa Rica, pero sin la opción de permanecer en el centro en el que actualmente se encuentra hospedados.
Puntualmente, el exministro y el diputado indicaron que la DGME habría elaborado y difundido un acta de consentimiento informado, en la cual se invitaba a los migrantes a elegir entre regresar voluntariamente a sus países de origen; desplazarse a otros terceras naciones, siempre y cuando tuvieran la certeza de que serían recibidos; permanecer en Costa Rica optando por una categoría especial humanitaria o permanecer en Costa Rica por medio una gestión de refugio. Esta última posibilidad, indicaron, se habría indicado bajo el condicionamiento de que tendrían que salir del centro de atención.
“Hay una persona (un migrante) que me explica que él está aquí con su esposa y con un niño de seis años”, ejemplificó Herrera, entrevistado por este medio. “Él me dice que le interesaría pedir refugio, pero que hoy les entregaron esa hoja y junto con esa hoja les dijeron, verbalmente, que si optaban por pedir refugio tenían que salir de inmediato del Catem y quedaban en la calle”.
El ministro Zamora, sin embargo, rechazó esas afirmaciones.
La Nación había solicitado aclaraciones a la DGME, como ente encargado de la materia, desde el 26 de marzo pasado. Entre ellas, se le consultó a la entidad sobre el supuesto condicionamiento de la permanencia en el Catem. Sin embargo, la entidad no respondió hasta el momento.
120 migrantes
Poco más de la mitad de los 200 migrantes que llegaron a Costa Rica deportados por parte de Estados Unidos a finales de febrero pasado todavía permanecían en el Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem) hasta el 24 de marzo pasado.
Se trataba de 75 adultos, de los cuales 38 son mujeres y 37 hombres; así como de 45 menores de edad, de los cuales 22 son hombres y 23 son mujeres.
En total, el grupo estaba compuesto por 120 personas; aunque Migración confirmó que se prevé que en los próximos días abandonen el país otras 10 personas.
La mayoría de las personas que se mantienen en Costa Rica son originarios de Rusia (23) y de China (21), pero también hay casos de ciudadanos proveniente de países como Uzbekistán (13), Armenia (12) y Turquía (10), Irán (8), Congo (7), Afganistán (6) y Georgia (5), entre otros.
Los migrantes fueron recibidos por las autoridades costarricenses e inmediatamente fueron desplazadas a la zona sur, a través de procedimientos que la Defensoría de los Habitantes ha calificado como “injustos”, incluso en el caso de los menores de edad.
También se ha restringido el libre tránsito de estas personas, lo cual ha suscitado la interposición de dos recursos de habeas corpus contra la DGME ante la Sala Constitucional, los cuales ya han sido acogidos para su estudio por parte de dicha cámara.
Uno de ellos fue presentado por el exministro Herrera, quien considera que los extranjeros están privados de libertad de facto, sin bases legales que lo justifiquen.
El Gobierno de la República, sin embargo, ha rechazado las críticas que le acusan de violar derechos humanos con sus acciones. El canciller de la República, Arnoldo André, declaró que “no existe ninguna denuncia que él conozca”, cuando fue consultado por el diputado Ortega, el 19 de marzo pasado, sobre si temía eventuales sanciones por parte de organismos internacionales.
Diversas organizaciones critican que Costa Rica haya accedido a recibir a los migrantes enviados por Estados Unidos, a pesar de que la gran mayoría de ellos son originarios de países con los que ni siquiera existen conexiones aéreas más convenientes para su repatriación y a pesar de que esas personas tampoco habían manifestado interés alguno de viajar o permanecer en Costa Rica.
