Mónica Araya, en su calidad de presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), remitió a Casa Presidencial una propuesta que detalla los términos y condiciones de la póliza que el Ministerio de Hacienda planea contratar para proteger al presidente Rodrigo Chaves y a sus ministros frente a posibles demandas por negligencia en el ejercicio de sus funciones. Este oficio contradice las declaraciones que la jerarca dio a una comisión de la Asamblea Legislativa, donde negó haber promovido o gestionado el polémico aseguramiento.
El documento fue divulgado el jueves por la actual presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, durante una comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos.
Se trata del oficio PE-00475-2024, enviado al vicepresidente de la República, Stephan Brunner, y a la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, el 6 de mayo del 2024.
Dos días después, la presidenta del INS fue removida del cargo por el presidente Rodrigo Chaves. En su lugar, fue designada Gabriela Chacón, quien se venía desempeñando como jefa de despacho de Araya.
En una audiencia celebrada el 28 de noviembre del 2024, ante el mismo foro legislativo, la exjerarca del Instituto de Seguros afirmó que su administración “no promovió, recomendó, gestionó, aprobó ni autorizó” la póliza ofertada formalmente a Hacienda el 7 de octubre, mediante el oficio DCCE-10317-2024.
No obstante, el oficio enviado a Presidencia en mayo contiene la misma información en cuanto al objeto del seguro, la prima anual, el límite de responsabilidad y otros detalles que se incluyeron en la oferta final que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
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Ambos documentos contienen los mismos 15 rubros:
-Gastos y costas legales de defensa,
-Costos y gastos de emergencia
-Cobertura para jerarcas
-Costos para fianzas
-Costos para atención de crisis
-Gastos para relaciones públicas
-Gastos para proteger la reputación de los asegurados
-Costos por procesos de extradición
-Costos de enjuiciamiento, multas y sanciones civiles
-Costos para salud y seguridad ocupacional
-Privación o confiscación de activos
-Costos de preinvestigación
-Violaciones ambientales
-Audiencia derivada de una investigación
-Administradores no ejecutivos
También es idéntico el monto base de la prima, que asciende los $407.066,04. Las cifras para el límite de responsabilidad de la póliza son exactamente iguales, $500.000 al año por persona, mientras que el agregado anual no podrá superar los $3 millones.
Se enviaron consultas a Mónica Araya sobre la contradicción de sus manifestaciones, pero no contestó los mensajes enviados a su teléfono celular.
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Presidenta del INS se desmarca del proceso
Gabriela Chacón se desmarcó del proceso de discusión de esta póliza, pese a que ocupó la jefatura de despacho durante la administración de Mónica Araya y que su nombre aparece en dos de tres minutas elaboradas por la oficina del vicepresidente Stephan Brunner, a partir de reuniones con el INS para impulsar la contratación de la póliza.
“No participé en la elaboración de la oferta, ni en la negociación con el reasegurador, ni el establecimiento de primas o coberturas. Esas funciones corresponden exclusivamente al área de reaseguros”, declaró la jerarca a los diputados.
Sin embargo, el nombre de Chacón aparece citado en una minuta del 13 de abril del 2023. Durante esa reunión, el INS conversó con Brunner sobre un proyecto de ley “que está redactado” y fue enviado al Ministerio de la Presidencia. Se aclara que el mismo “es solamente pensado en ministros y altos jerarcas”. La acotación se hace porque el vicepresidente Brunner, durante la sesión, señaló la necesidad de considerar la defensa legal de los oficiales de la Fuerza Pública.
La Nación consultó a Chacón por qué se pasó de discutir un proyecto a contratar directamente al INS una póliza para los jerarcas, pero la presidenta ejecutiva dijo desconocer las minutas de Brunner y la propuesta legal a la que se hace alusión en el registro.
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Chacón también reconoció haber participado en la reunión del 15 de enero del 2024, en la que estuvieron presentes Ricardo Retana y Esaú Ramírez, representantes de la corredora de reaseguros de OneGlobal. Sin embargo, ante consultas del diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), la jerarca dijo desconocer quién invitó a los empresarios a la reunión. “Se apareció en el despacho del señor vicepresidente”, afirmó.
En esa sesión también participaron Mónica Araya, Brunner y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
En su declaración ante los diputados, la presidenta del INS reconoció que OneGlobal dio viabilidad a la contratación, ya que se encontraban buscando un reasegurador directo para la póliza y que “la gestión se complicó debido a una serie de eventos a nivel internacional, que han provocado poco apetito del mercado”.
Alegó que las reaseguradoras son las que establecen las coberturas incluidas en la póliza, como las referentes a daños ambientales o costos de extradición. “Intentar excluir estas coberturas no solo sería técnicamente inviable, sino que probablemente haría imposible la contratación de un reaseguro”, agregó.
Los diputados acordaron volver a convocar a Chacón a una nueva sesión, para continuar con las consultas.