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El 18 de marzo, mientras exministros, diputados oficialistas y jerarcas del gabinete del presidente Rodrigo Chaves se congregaron en las afueras de las instalaciones del Poder Judicial para agitar la marcha contra el fiscal general, Carlo Díaz, un partido político vio la oportunidad de aprovechar el evento como una plataforma de lanzamiento.
En la manifestación, los líderes del Partido Pueblo Soberano (PPSO), entre ellos Mayuli Ortega, funcionaria de Casa Presidencial y presidenta del la agrupación, subió a las tarimas, lanzó camisetas con imágenes de jaguares, y hasta logró alinear para una fotografía oficial de la agrupación a un grupo de exministros de Chaves con los diputados de gobierno, entre ellos Pilar Cisneros.
Como resultado, menos de una semana después una valla gigante propagandística del PPSO, fue colocada en Santo Domingo de Heredia. Bajo el lema “Lo que se ve no se pregunta”, la agrupación promociona a los exministros de Chaves y los diputados oficialistas como supuestos militantes.
En la valla, elevada unos ocho metros sobre el nivel de la calle, aparecen los rostros de Laura Fernández, exministra de la Presidencia; Francisco Gamboa, exjerarca de Economía; Anna Katharina Müller, exministra de Educación Pública; y Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas. Este último renunció a sus aspiraciones políticas días después, aunque figuraba como una de las posibles opciones para ser el delfín de Rodrigo Chaves.
En el gigantesco rótulo también posan los diputados del gobierno Pilar Cisneros, Daniel Vargas y Manuel Morales.
En la imagen, tanto los exministros como los diputados del gobierno aparecen vestidos de forma similar. Casualmente todos llevan camisas de vestir, blancas y sin diseños, a excepción de la que llevaba Mayuli Ortega, quien tenía grabadas las iniciales del PPSO. En común, todos portaban colgado el mismo pin de jaguar.
La Nación comprobó que todas las vestimentas coincidían con la ropa que este grupo de políticos chavista utilizó en la protesta contra el fiscal. Mediante vídeos tomados por un periodista de este medio que asistió al evento, se corroboraron los detalles que demuestran que el PPSO aprovechó la ocasión para su beneficio.
La diputada Pilar Cisneros Gallo confirmó a este medio que posaron para una de las tantas fotografías que ese día se tomaron. De acuerdo con su versión, la imagen no representa su respaldo al PPSO y aseguró que no es militante de la agrupación.
Este medio intentó buscar la versión de Laura Fernández, quien aparece en el centro abrazada por Cisneros y luciendo una enagua con estampado de jaguar, pero la exministra no contestó las consultas que se le enviaron.
El grupo de exjerarcas chavistas no sólo se hizo ver acompañado de la presidenta del PPSO, sino que también se dieron abrazos y fueron acompañados por el empresario venezolano Boris Marchegiani, secretario interino del partido.
En enero del 2025 Marchegiani, excandidato a alcalde de PPSO, admitió a La Nación que pagó las vallas publicitarias contra los jerarcas de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias; el Poder Judicial, Orlando Aguirre; la Contraloría General de la República; Marta Acosta, y la Fiscalía General, Carlo Díaz.
El venezolano es dueño del hotel Gaia, en Quepos. Años atrás, a principios de siglo, comercializaba petróleo del Gobierno de Venezuela y en Costa Rica ha donado dinero para campañas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
En Costa Rica no hay restricciones ni censura sobre la propaganda político-electoral en vallas publicitarias, así lo garantiza el voto 1750-97, emitido por la Sala Constitucional en marzo de 1997, el cual garantiza la libertad de expresión. Sin embargo, el fallo indica que si alguien se siente afectado en su honor, puede acudir a la justicia penal.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tampoco puede intervenir en estas publicaciones, salvo que haya vínculos con partidos políticos. En ese caso, debe verificar si el partido reportó el gasto o donación de la publicidad, ya que las donaciones de personas jurídicas están prohibidas y podrían generar sanciones.
