EscucharLa adjudicación de todos los contratos otorgados por la CCSS a cooperativas para la administración de 138 Ebáis, se encuentra en peligro luego de que la Contraloría General de la República anuló la contratación que se le hizo a la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana).
Al resolver una apelación presentada por un competidor contra la adjudicación de la línea 3 a Coopesana, correspondiente a los Ebáis de San Francisco-San Antonio, el órgano contralor encontró un vicio de nulidad que está presente en el otorgamiento de las otras nueve áreas de salud. Toda la licitación está bajo investigación judicial en el Caso Barrenador por un presunto sobreprecio.
Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS, declaró este viernes que la Caja acatará de inmediato la anulación del contrato del área San Francisco-San Antonio, pero además tomará en cuenta el criterio de la Contraloría para definir el destino de las otras adjudicaciones.
“Hay un proceso interno de análisis en conjunto con nuestra Dirección Jurídica para que, con este nuevo elemento y otros que ya estaban en proceso de valoración, se determine cuál va a ser el dictado final para el resto de las partidas”, explicó.
Nueve adjudicaciones estaban en firme, pero aún no han sido refrendadas internamente por la CCSS.
La Contraloría anuló la contratación de Coopesana porque esta fue la única en que se presentó una apelación de otro oferente, llamado Psicomed. El órgano fiscalizador explicó que sus resoluciones solo aplican para los actos que hayan sido apelados. “La Administración deberá tomar las decisiones que correspondan, en acatamiento de lo resuelto por parte de la Contraloría”, agregó.
El vicio detectado es el hecho de que la Junta Directiva de la CCSS adjudicó los contratos apartándose de los criterios técnicos que advertían sobre precios excesivos. En lugar de ello, utilizó informes insuficientes y con fallas metodológicas, elaborados por María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, entonces directora de Proyección de Servicios de Salud y actual gerenta general de la CCSS. Ella es una de las investigadas en el Caso Barrenador. En resumen, la cúpula de la Caja no utilizó un estudio real de razonabilidad de precios y de mercado.
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En total, las 10 adjudicaciones para administrar 138 Ebáis durante 10 años suman un costo de ¢471.000 millones para la Caja.
En los nueve casos donde no hubo apelación, los contratistas ya depositaron las garantías de cumplimiento. Lo único que queda pendiente en la vía administrativa es el refrendo del contrato, que es competencia de la Dirección Jurídica de la CCSS.
Esta oficina será la que defina lo que ocurra. Para realizar su análisis, deberá tomar en cuenta el criterio de la Gerencia de Logística y la Gerencia Médica de la CCSS, ya que son los departamentos encargados de la prestación del servicio, y deben garantizar en todo momento la continuidad para los 600.000 asegurados.
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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía como parte del caso Barrenador, la adjudicación que hizo la Junta Directiva de la CCSS podría tener un sobreprecio de ¢12.400 millones por año.
Las líneas se adjudicaron de la siguiente forma:
-Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana): Escazú, Santa Ana y San Francisco-San Antonio.
-Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (Asemeco): Carpio-León XIII y San Sebastián-Paso Ancho.
-Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud (Coopesalud): Pavas y Desamparados.
-Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud (Coopesaín): Tibás.
-Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva (Coopesiba): San Pablo y Barva de Heredia.
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