Pilar Cisneros insiste en darle al Minae control del parque Lorne Ross en Santa Ana

La congresista presentó 51 mociones de fondo en contra del proyecto de ley que busca crear ese parque y, al menos, la mitad de esas modificaciones tiene como objetivo que esa cartera asuma funciones de conservación, restauración, educación y recreación en el sitio, quitándole esas potestades a la Municipalidad de Santa Ana, como establece originalmente la iniciativa.

Otras pretenden que el parque tenga categoría estatal y que el uso de suelo sea competencia del Minae y Sinac, según constató La Nación. Incluso, varias mociones son reiterativas, ya que esta es la segunda ocasión en que Cisneros se manifiesta en contra del proyecto.

Anteriormente, presentó 45 mociones, las cuales fueron firmadas también por cinco compañeros de su bancada. En esta ocasión, por el contrario, solo ella presentó las mociones, y ningún otro legislador, de ninguna bancada, hizo objeciones de fondo.

Esta etapa es la última en la que los diputados pueden ejercer su derecho de enmienda en la Comisión de Ambiente, conforme al artículo 137 del reglamento legislativo. Este es el paso previo a que el proyecto sea enviado al plenario para su aprobación final en primer y segundo debate.

La diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP) y secretaria de esa comisión, dijo que esperaba comenzar a conocer las mociones a partir de esta próxima semana. Sin embargo, luego de conocerse estas 51 mociones, Cisneros o cualquier otro diputado aún podría presentar mociones de reiteración.

¿Qué dicen las mociones?

En abril, la legisladora anunció su rechazo a declarar ese sitio como parque natural, pues el Minae, con su apoyo, planea construir un parque acuático en el mismo espacio.

Anteriormente, Cisneros propuso añadir un nuevo artículo al proyecto que permitiera al Minae demandar la suspensión o terminación del contrato. En esta ocasión, en las mociones número 42 y 43 plantean esa misma disposición.

También había propuesto que la ley entrara en vigor 12 meses después de su aprobación, o bien, cuando concluyera el contrato de concesión del Centro de Conservación Santa Ana. En esta oportunidad, la moción número 50 plantea un plazo de 3 a 12 meses.

Además, hay mociones que se contradicen. Por ejemplo, siete buscan modificar el artículo 2 para autorizar al Minae a firmar convenios de cooperación para el desarrollo del área silvestre protegida y reducir la duración de estos convenios de 20 a 10 años; sin embargo, la moción 30 propone eliminar ese artículo.

Esta dinámica se repite en la moción 48, que busca eliminar el artículo 9, mientras que en las mociones 10, 15 y 20 propone modificar ese artículo para caracterizar la flora y fauna en el plan de manejo y prohibir la instalación de zoológicos.

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‘Legítimo dueño’

Al consultarle sobre las mociones presentadas, Cisneros dijo que su intención es evitar que el parque salga del dominio del Minae y el Sinac, entidades que calificó como el “legítimo dueño del parque, no la municipalidad ni mucho menos la comunidad de Santa Ana”.

La diputada oficialista también argumentó que, en 25 años, no se ha preservado la naturaleza en el terreno. “Si se hubiera conservado, tendríamos un bosque secundario significativo; sin embargo, gran parte de ese terreno son ahora potreros”, señaló.

Kattia Cambronero, del PLP, por su parte, aseguró que las mociones reflejan el absoluto irrespeto a la comunidad de Santa Ana, que no quiere el parque de agua.

Antecedentes históricos

El 6 de febrero de 1975, Lorne Pringle Ross Ashey y Agnes May Spencer cedieron su propiedad de 52 hectáreas al Estado para la conservación de la naturaleza y la creación del Parque Zoológico y Botánico Nacional. La administración estuvo en manos de Fundazoo durante 20 años, hasta mayo del 2024, cuando el contrato venció y el Estado asumió el control de la propiedad, ubicada a un costado de la ruta 27 en Santa Ana.

Durante generaciones, la finca se dedicó a la agricultura, la conservación y el mantenimiento de una construcción colonial del siglo XVIII. Actualmente, el terreno es objeto de una disputa política. Pilar Cisneros impulsa el proyecto de fuentes y luces artificiales, inspirado en un parque de Lima, Perú. En contraste, la diputada Kattia Cambronero y su partido, proponen destinar las hectáreas a un proyecto de conservación natural bajo la administración de la Municipalidad de Santa Ana.

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Ministro confirma anteproyecto de $30.000

El 8 de octubre anterior, el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, reconoció en la Comisión de Ambiente que se invirtieron $30.000 en el anteproyecto del parque del agua, con fondos que provienen del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés). Dijo que los estudios aún no están terminados y se espera que concluyan en los próximos meses.

La Organización para Estudios Tropicales (OET) emitió un contrato el 5 de noviembre del 2023, por un monto de ¢16 millones ($30.000), según confirmó el Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD) a este diario.

Meses antes, Cambronero había denunciado que el gobierno contrató a la firma Black Waters para elaborar el anteproyecto por $30.000, con dinero del Proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbano (TEVU), de la OET. Además, señaló que el proyecto tendría un costo aproximado de $19 millones.

El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, cuestionó la idea de instalar fuentes en un área silvestre protegida. El ministro explicó que las fuentes ocuparían menos del 10% del parque y se combinarían con zonas recreativas y áreas verdes.

El PLP presentó en marzo del 2023 el expediente de la Ley de Creación del Parque Natural Urbano Lorne Ross, con el objetivo de impulsar el desarrollo social y económico sostenible en Santa Ana.

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