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Diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) presentaron ante la Sala Constitucional un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda por gestionar la contratación de una póliza de ¢248 millones para proteger al presidente de la República y su gabinete de eventuales responsabilidades civiles generadas por sus actuaciones.
La fracción del PLP interpuso la gestión, este martes 29 de octubre al considerar que de concretarse dicha contratación se vulnerarían principios constitucionales, especialmente el deber de probidad, el uso adecuado del erario y el derecho de igualdad ante la ley.
Los congresistas alegan que el artículo 33 de la Carta Magna garantiza que todas las personas son iguales ante la ley, y que no pueden recibir privilegios contrarios a la dignidad humana. Para la fracción liberal, la contratación de esta millonaria póliza con el Instituto Nacional de Seguros (INS) busca proteger “excesiva y exclusivamente al presidente y su gabinete, lo que podría interpretarse como un privilegio particular que no se otorga al resto de ciudadanos ni a otros funcionarios”.
Alegan que el tema es más relevante debido a que el presidente Rodrigo Chaves enfrenta más de 50 causas penales por presuntos delitos como tráfico de influencias, abuso de autoridad y difamación pública.
“Conforme a la normativa, estas acusaciones no deberían ser cubiertas con recursos del Estado, pues no forman parte de los deberes inherentes al cargo ni se justifican dentro del interés colectivo”, señalaron.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, gestionó la contratación de una póliza para librar de eventuales responsabilidades civiles al mandatario, vicepresidentes, ministros y viceministros, en caso de que enfrenten litigios o sanciones por actuaciones contrarias a la ley, omisiones o negligencia en su quehacer como funcionarios públicos.
Respecto al principio de probidad, los liberales recordaron que el artículo 11 de la Constitución Política establece que la función pública debe ejercerse con el objetivo de satisfacer el interés público. Incluso, la Ley contra la Corrupción exige que los funcionarios respondan por actos de negligencia, abuso de poder o desviación de fondos.
Para la bancada del PLP, la contratación de la póliza exime al presidente y a su gabinete de esta responsabilidad. Además, el hecho de que se financie este seguro con recursos públicos contradice el principio de probidad, dando un trato privilegiado y discriminatorio a los jerarcas.
En forma paralela, Monserrat Ruiz, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó tres mociones ante la Comisión legislativa de Control del Ingreso y el Gasto Público para que se convoque al ministro Acosta a rendir cuentas sobre la contratación del seguro.
También solicitó citar al vicepresidente de la República, Stephan Brunner, y a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gabriela Chacón.
“Mi objetivo es que estos funcionarios aclaren los detalles de la contratación de esa póliza para 65 funcionarios del Poder Ejecutivo, la cual nos ha generado muchas dudas sobre su legalidad y su legitimidad para el interés público”, manifestó la liberacionista.
Ante múltiples cuestionamientos, Acosta frenó la compra, el pasado lunes, para consultar a la Procuraduría General de la República (abogado del Estado) sobre la legalidad del uso de recursos públicos para contratar el aseguramiento.
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Póliza crearía una percepción de impunidad, reclama PLP
Para la bancada del Partido Liberal Progresista, la percepción de que una póliza estatal cubra actos personales que exceden las funciones del empleado público atenta contra la institucionalidad democrática y el Estado de derecho. Esto se debe a que los funcionarios podrían escudarse en la póliza para no responder por sus actos, lo que generaría una sensación de impunidad.
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“No es comprensible que los posibles desaciertos de la administración, incluso los exabruptos personales, que puedan causar daños y responsabilidad personal civil, deban ser cubiertos por una póliza de riesgos a cargo de la Hacienda Pública”, reclamaron los congresistas.
La fracción del PLP recordó que la Contraloría General de la República (CGR) estableció en una resolución del 2008 que los funcionarios que toman decisiones sobre recursos públicos deben rendir garantías personales con su propio dinero. Es decir, deben pagar con su propio dinero una póliza de responsabilidad civil.
“Esta medida busca proteger el patrimonio público y responsabilizar de manera directa a aquellos que administran o tienen acceso a fondos públicos”, subrayó el recurso de amparo.
Sin embargo, la póliza contratada por Hacienda para los miembros del gabinete sería incongruente con la responsabilidad directa, y discriminaría a otros trabajadores que sí tienen que seguir pagando su propio seguro.
El recurso de amparo fue firmado por los diputados Eliécer Feinzaig, Cynthia Córdoba, Gilberto Campos, Johana Obando y Luis Diego Vargas. La acción se presentó contra el Ministerio de Hacienda y cualquier autoridad pública que haya gestionado la contratación de la póliza.
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