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La Corte Plena acordó designar a la Presidencia del Poder Judicial para que gestione, ante las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, las acciones necesarias para defender el presupuesto del Poder Judicial ante las restricciones para utilizar ₡29.843,8 millones incluidos en su plan de gastos de 2027.
Según explicó el Poder Judicial, el proyecto de Presupuesto Nacional presentado por el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa el 1.° de setiembre contempla ₡530.973,2 millones para el Poder Judicial.
Sin embargo, ₡29.843,8 millones de ese monto quedan sujetos al cumplimiento de requisitos establecidos en cuatro normas de ejecución presupuestaria.
Entre los requisitos fijados figuran auditorías externas, certificaciones de la Contraloría General de la República (CGR) y aprobación de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. También se requiere el aval del Plenario Legislativo y una orden final de Hacienda para desbloquear el dinero.
La etapa legislativa podría tardar hasta 93 días naturales, sin contar el tiempo de los trámites previos. La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Romero Jenkins, explicó que la institución no puede adquirir compromisos sin la certeza de disponer del dinero.
“La institución mantiene plena apertura a la rendición de cuentas y a los controles de la Contraloría General de la República, como lo ha hecho históricamente. El cuestionamiento se refiere al mecanismo definido para liberar los recursos, impuesto de forma exclusiva al Poder Judicial, pues no establece un plazo cierto para su disponibilidad efectiva y condiciona su utilización al cumplimiento de una serie de trámites y autorizaciones que podrían prolongarse durante meses”, señaló el Poder Judicial.
Estas restricciones se suman a otros recortes que Hacienda ha impuesto al Poder Judicial, solo para el 2027 se recortarían ¢10.000 millones.
Es decir, el sistema de justicia enfrentará un total de ¢40.000 millones menos, entre recortes y partidas presupuestarias restringidas.
Afectaciones
Las principales afectaciones serían:
- OIJ: dificultades para comprar y mantener equipos, suministros y tecnología necesarios para investigar y combatir el crimen.
- Ciberseguridad: menor capacidad para prevenir y atender incidentes y proteger sistemas e información.
- Plazas vacantes: retrasos para sustituir personal, lo que podría afectar la continuidad de procesos judiciales, incluso provocar anulaciones de juicios o problemas con medidas cautelares.
- Conectividad: riesgo de afectar más de 22 contratos de enlaces de fibra óptica que conectan las sedes y sistemas judiciales del país.
- Tecnología: limitaciones para mantener, actualizar y desarrollar sistemas y servicios digitales.
- Acceso a la justicia: eventual revisión de la continuidad de algunos despachos en zonas periféricas, con impacto en la atención presencial.
‘Las prioridades de un Estado están donde se ponen los recursos’
Los magistrados cuestionaron las restricciones y recortes impuestos desde el Poder Ejecutivo.
“Las prioridades de un Estado no están donde se ponen los discursos, están donde se ponen los recursos (...) Este Poder Judicial no está para servirse, sino para cumplir uno de los más altos deberes en una sociedad democrática y de derecho”, diel magistrado de la Sala I, Jorge Leiva.
En tanto, la jueza penal Patricia Vargas denunció que, en apariencia, estos mecanismos para liberar recursos únicamente se aplicarán al Poder Judicial.
Magistrados como Jorge Araya, Patricia Solano y Orlando Aguirre advirtieron que esto se trataría de un “cierre técnico del Poder Judicial”.
“Esto significa de un proyecto político, sin duda alguna, para afectar seriamente el funcionamiento de un servicio público esencial, como lo es el servicio de administración de justicia. Se afecta el servicio público, se deteriora la imagen frente al ciudadano. Es un plan cínico, perverso y macabro”, dijo Araya.
En tanto, Solano dijo: “Las manifestaciones del ministro Rodrigo Chaves, el 25 de julio, en realidad no era una amenaza, era anunciándonos lo que seguía. Esto representa un cierre técnico del Poder Judicial ante los recortes que se hacen. Pareciera que el crimen organizado no es el enemigo, el enemigo es el Poder Judicial”.
A las críticas se sumaron otros jerarcas judiciales, como el director del OIJ, Michael Soto; el fiscal general, Carlo Díaz; el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez; y la directora ejecutiva, Ana Eugenia Romero.
