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El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, aseguró que la intención del gobierno de Rodrigo Chaves de contratar una millonaria póliza para proteger a los 65 jerarcas del Poder Ejecutivo es “una de las decisiones más absurdas” que le ha visto tomar a esta administración.
Arias afirmó que no solo la considera irresponsable, sino que también existe una ilegalidad en contratar ese seguro para los jerarcas del gabinete con dinero público y está convencido de que así lo manifestará la Procuraduría General de la República (PGR, que funge como abogado del Estado) cuando responda la consulta que le hizo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta luego de que el caso se divulgara en la prensa.
“Se pueden hacer las pólizas, pero los jerarcas tienen que cubrirlas de su propio peculio. Es un pésimo precedente para el país la intención misma de hacerla. Espero que no se realice. Yo estoy totalmente en contra”, agregó.
El presidente del Congreso, quien además de abogado y diputado ha sido ministro de la Presidencia en dos ocasiones durante los gobiernos de su hermano Óscar Arias, alegó que si la contratación de la póliza para los jerarcas avanza, la Asamblea Legislativa buscará tomar medidas para evitar que eso se realice.
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El 26 de octubre se dio a conocer que Hacienda intentaba contratar una póliza de ¢248 millones por año con el Instituto Nacional de Seguros (INS) para librar de eventuales responsabilidades civiles al presidente de la República, los vicepresidentes, ministros y viceministros, en caso de que enfrenten litigios, sanciones por actuaciones contrarias a la ley, omisiones o negligencia en su quehacer como funcionarios.
La intención de ese seguro es permitir a los jerarcas que puedan cubrir los pagos por indemnizaciones, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas e, incluso, los gastos para proteger su reputación y costear asesorías sobre relaciones públicas.
La póliza también cubre las sanciones impuestas por violaciones ambientales y los costos relacionados con procesos de extradición.
La prima anual de ese seguro le costará ¢248.391.706 al Estado y cubre la responsabilidad civil del presidente, sus vicepresidentes, ministros y viceministros hasta por $500.000.
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El Ministerio de Hacienda inició esa contratación a mediados de julio anterior, mediante un proceso de excepción entre entes de derecho público que le permite contratar directamente al INS, sin necesidad de realizar un concurso público para escoger entre distintos oferentes. Actualmente, el proceso aparece como completado y solo falta que el contrato quede en firme para su entrada en vigor.
No obstante, el lunes pasado, en conferencia de prensa, Nogui Acosta informó de que frenó la contratación con el INS para solicitar un criterio de la Procuraduría General de la República, luego de conocer varios señalamientos hechos por la Contraloría General de la República (CGR), la cual indicó que el seguro no debe ser pagado por el Estado.
Según el ministro, la contratación del seguro es una disposición del gobierno para proteger a los funcionarios y alegó que ya la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, había hecho una consulta a la PGR sobre la posibilidad de contratar seguros.
La contratación de ese seguro ha sido fuertemente criticada por legisladores de cuatro fracciones parlamentarias: Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista (PLP), como un intento por buscar la impunidad de los jerarcas, además de considerar que se trata de un gasto innecesario de parte del Ejecutivo.
