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El gobierno incluyó en la agenda legislativa un proyecto de ley que limitaría los márgenes de ganancia en la venta de los carros eléctricos beneficiados con reducción de impuestos.
La propuesta está contenida en el expediente 24.333, presentado en mayo por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez, y fue convocado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para las sesiones extraordinarias del Congreso que empezaron el 1.° de noviembre y que terminarán el 31 de enero.
El texto “Ley contra la usura en la venta de vehículos eléctricos” propone agregar tres párrafos a la Ley 9518, creada en el 2018 para incentivar la importación de este tipo de automotores en Costa Rica con exoneraciones fiscales.
El plan de Jiménez consiste en que el Ministerio de Hacienda otorgue la reducción de impuestos únicamente si el margen bruto de comercialización de venta (la diferencia entre el precio final de venta al consumidor y el valor de nacionalización al importar el vehículo) es igual o inferior al 20% del valor de nacionalización.
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“El margen bruto de comercialización será calculado por la Administración Tributaria con base en datos en su poder o a los que tenga acceso para el ejercicio de sus facultades. Reglamentariamente, la Administración Tributaria determinará los rubros que podrán excluirse del margen de comercialización bruto por constituir servicios extraordinarios según el giro normal del negocio”, señala el plan.
El texto agrega que quienes reciban las exoneraciones fiscales, sin cumplir con lo indicado, deberán autoliquidar y pagar una multa equivalente al 100% del monto exonerado indebidamente; además, la Administración Tributaria deberá abrir procedimientos administrativos y sancionatorios según lo indicado en la Ley 10286.
Para Jiménez, esta iniciativa es necesaria porque no se ha logrado el objetivo de la Ley 9518, que procuraba que las personas tuvieran acceso a vehículos no contaminantes a precios razonables.
En el 2022, el Congreso extendió hasta el 2034 los beneficios fiscales para los autos eléctricos con una antigüedad no mayor a cinco años. Los incentivos incluyen tarifas preferenciales en el pago del impuesto sobre el valor agregado (IVA), a la propiedad (que forma parte del marchamo), el selectivo de consumo y sobre el valor aduanero.
Por ejemplo, estos vehículos quedaron exonerados completamente del impuesto selectivo de consumo durante los primeros tres años de vigencia de la ley. La tarifa sube 7,5 puntos porcentuales cada tres años, hasta alcanzar la tarifa del 30%.
Además, en el primer año de vigencia, se fijó un 1% de IVA. Se previó que la tarifa aumente un punto porcentual hasta alcanzar el 13%.
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En la exposición de motivos del proyecto, el diputado Jiménez citó un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con datos de importadores a diciembre del 2022, que concluyó que los márgenes brutos de comercialización oscilaron entre el 27% y el 47%, lo que representó diferencias de hasta $13.000 entre el valor de nacionalización y el precio final.
El legislador expuso que, con base en un monitoreo de agencias y distribuidores solicitado al Poder Ejecutivo, se encontraron márgenes que en su mayoría superaban el 40%, y algunos llegaron incluso hasta el 118%.
“Se llega a la conclusión de que el esfuerzo fiscal que está realizando el Estado no está rindiendo los frutos esperados, sino que fue interpretado por algunos comercializadores de vehículos eléctricos como una oportunidad de aumentar sus márgenes de sus utilidades, sin trasladar al precio final el efecto de la exoneración en cuestión”, indica el texto.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la cantidad de vehículos eléctricos en el país creció un 44% del 2018 al 2019, después de que se aprobó la Ley 9518. La cifra se ha incrementado año con año y a marzo de este año se contabilizaban 14.169 automotores, entre carros, motocicletas, vehículos especiales y vehículos de trabajo.
