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La Sala IV declaró inconstitucional un proyecto de ley que los exdiputados Walter Muñoz Céspedes y Shirley Díaz Mejías, junto a otras ocho personas, pretendían llevar a referéndum. Se trata de un plan para modificar la conformación de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), agregando dos representantes de los asegurados.
Los magistrados determinaron que el planteamiento viola la Constitución porque habría delegado la elección de los nuevos directivos en una organización llamada Asociación Nacional de Asegurados de la CCSS de forma exclusiva y excluyente.
El mecanismo propuesto carece de fundamentación y es discriminatorio, concluyó la Sala IV, pues no garantiza la participación de todos los asegurados. Se violentaría el artículo 33 de la Constitución Política, el cual establece que toda persona es igual ante la ley.
La Sala se pronunció a raíz de una consulta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). De hecho, el órgano electoral cuestionó que se exigiera formar parte de una organización específica para aspirar a integrar la Junta Directiva de la Caja.
“Esta Autoridad Electoral tiene la interrogante de si es razonable colocar en una postura ventajosa a la mencionada asociación o no, máxime cuando -en la exposición de motivos del proyecto- no se desarrollan las razones por las que se eligió a la referida asociación para el nombramiento de la representación de los asegurados”, indicó el TSE.
Actualmente, la Junta Directiva de la CCSS está conformada por nueve miembros: tres elegidos por el gobierno, tres por los patronos y tres por los trabajadores.
Los patronales los escoge la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), mientras que los laborales los escogen las organizaciones del cooperativismo, el solidarismo y el sindicalismo.
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