EscucharUn proyecto de ley del Partido Frente Amplio (FA) propone desjudicializar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones por delincuencia organizada.
La iniciativa plantea reformar el artículo 18 de la Ley contra el Crimen Organizado. Actualmente, dicha norma permite levantar el secreto bancario de personas físicas o jurídicas vinculadas a una investigación por delincuencia organizada, pero requiere la autorización de un juez a solicitud del Ministerio Público.
Según la exposición de motivos, la reforma pretende agilizar el acceso del Ministerio Público a la información bancaria de los imputados en investigaciones por crimen organizado. Para ello, impone a las entidades financieras la obligación de responder a estos requerimientos en un plazo máximo de 10 días hábiles, previa resolución fundamentada del Ministerio Público y limitando la solicitud a la información estrictamente necesaria.
“Esta reforma beneficiaría la capacidad investigativa del Ministerio Público en pesquisas sobre delincuencia organizada, ya que actualmente el levantamiento del secreto bancario en estos casos es un trámite lento e ineficiente”, indica el texto base del expediente 24.658.
El documento reconoce que el secreto bancario protege la intimidad y privacidad de las personas, sin embargo, sostiene que la demora en su levantamiento obstaculiza la lucha contra estos delitos, debido a la mora judicial y a la tardanza de las entidades financieras en entregar la información solicitada.
“Si el Ministerio Público requiere la información de una entidad o de un individuo por narcotráfico, que la entidad se lo entregue de inmediato. Por supuesto esos datos están protegidos por la rigurosidad confidencial de la ley, pero no queremos más atrasos”, indicó la diputada Sofía Guillén, proponente de la iniciativa.
Guillén añadió que en la Asamblea Legislativa hay otros proyectos con intenciones similares, pero aún mantienen tiempos de espera en los que un juez debe intervenir, lo que permite la fuga de capitales en ese periodo.
Administración Tributaria accedería a datos financieros sin orden judicial
Un segundo proyecto de ley de la misma bancada busca reformar el artículo 106 ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Actualmente, esta norma permite a la Administración Tributaria compartir información financiera con países que tengan acuerdos de intercambio de datos tributarios, aunque dicha disposición no se aplica en los controles internos de la propia Administración.
La iniciativa propone que el acceso a información financiera para fines de control de la Administración Tributaria costarricense tampoco requiera autorización judicial, igual que en el caso de solicitudes de otros países. La reforma incluye cinco elementos, entre ellos, el deber de las entidades financieras de proporcionar información de sus clientes que resulte relevante para efectos tributarios.
En su segundo párrafo, la modificación permite que la Administración Tributaria realice requerimientos individualizados de información. Las entidades tendrían un plazo de 10 días hábiles para entregar los datos solicitados. Además, se faculta a la Administración Tributaria para establecer, mediante resolución general, la periodicidad y forma en que estas entidades deberán entregar información financiera de manera automática.
También se incluyen sanciones para las entidades que incumplan, con una multa equivalente al 2% de los ingresos brutos del infractor en el periodo fiscal previo a la infracción, con un mínimo de 10 salarios base y un máximo de 100.
El proyecto, que se tramita bajo el expediente 24.657, estipula que toda información recabada será tratada de forma confidencial, de acuerdo con el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755.
“Es necesario otorgar herramientas legales que eliminen obstáculos y permitan a la Administración Tributaria acceder a información relevante para sus labores de control y para combatir la evasión fiscal. Estas medidas deben proteger, a la vez, los derechos de los contribuyentes frente a cualquier arbitrariedad y asegurar que las facultades de la Administración no se utilicen para cometer injusticias contra aquellos que cumplen con sus obligaciones tributarias”, señaló Guillén.
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