EscucharSolamente uno de los 298 proyectos de infraestructura declarados por la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) en peligro inminente, logró ponerse en ejecución durante los ocho meses posteriores a la aprobación del crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $700 millones que permite financiar las obras, advirtió la Contraloría General de la República (CGR) en un informe de auditoría. Se trata de un avance del 0,3%.
El restante 99,7% se encontraba estancado hasta el pasado 31 de octubre, a pesar de que la totalidad de los proyectos en peligro inminente deben estar concluidos antes de finalizar el 2025.
El ente fiscalizador también alertó sobre posibles riesgos de corrupción en el manejo de $453 millones del empréstito del BCIE, destinados a costear los proyectos en peligro inminente, ya que es la primera vez que la CNE utiliza esta figura y “no se halló evidencia de normativa para regular y verificar tal condición”, más allá de lo señalado en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo.
Según la Contraloría, “la CNE como institución rectora en materia de prevención de riesgos, no ha regulado los requisitos para que se aplique la figura de peligro inminente ni su procedimiento, a pesar de que su Junta Directiva es la única instancia del país que puede emitir resoluciones de este tipo”. La ausencia de un marco regulatorio, indica el informe, ha provocado que no se verifique la razonabilidad de los costos de las obras, ni se hayan definido controles que permitan garantizar la transparencia en la gestión de los pagos.
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Por lo anterior, la Contraloría ordenó al presidente de la CNE, Alejandro Picado Duarte, regular los procedimientos y la aplicación de la figura de peligro inminente, así como verificar los costos de estos proyectos y efectuar los pagos a los contratistas. Estas disposiciones deben estar implementadas a más tardar el 25 de abril de 2025.
Ante consultas planteadas por este medio, la oficina de prensa de la CNE confirmó que la institución recibió el informe y que procederá a analizarlo.
Las obras catalogadas como de peligro inminente representan el 60% de los 502 proyectos incluidos en el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), financiado con los recursos provenientes del BCIE. Las obras incluyen carreteras, vías ferroviarias, puentes y escuelas.
La Junta Directiva de la CNE estableció un plazo de 18 meses para la terminación de las obras “de reconstrucción y atención de la infraestructura declarada en peligro inminente”, a partir de la disponibilidad del financiamiento existente. Así consta en el acuerdo número 27, del 9 de marzo del 2023.
El préstamo del BCIE fue aprobado por la Asamblea Legislativa desde el pasado 22 de febrero y representa el 19,3% del monto total de los créditos en ejecución del Presupuesto Nacional para el año 2024.
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Visitas de campo
La Contraloría identificó múltiples problemas en el manejo del Proeri. Según el informe, al menos 155 proyectos han sufrido reprogramaciones en su fecha de inicio de uno hasta 17 meses, y ahora la CNE pretende ejecutar 394 proyectos durante el 2025. A esto se suman problemas en la rendición de cuentas y la transparencia del Programa, ya que los datos mostrados no reflejan la realidad de los proyectos, “por lo que se podrían incluso financiar proyectos que no se vinculan con la finalidad del crédito”.
Durante 210 visitas de campo realizadas a proyectos del Proeri, la Contraloría pudo constatar inconsistencias en la ubicación de las obras que podrían resultar en su inviabilidad. Por ejemplo, estar dentro de propiedad privada o zonas protegidas. Asimismo, se identificaron proyectos ya construidos con otros fondos, pese a encontrarse en el catálogo del Programa, entre otros problemas.
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En el caso de 41 proyectos visitados, se logró determinar que no han comenzado con la construcción, pero según la base de datos de la CNE, tienen fecha de orden de inicio entre marzo y octubre de 2024, menciona el informe DFOE-SOS-IAD-00016-2024, del pasado 19 de diciembre.
Los proyectos del Proeri están asignados a la CNE; Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah); Ministerio de Educación Pública (MEP) y al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
Igualmente, cada institución pública puede contratar una empresa, llamada Firma de Implementación (FI), que tendrá la responsabilidad de coordinar, planificar, ejecutar, supervisar y controlar las obras.
Discrepancias en los datos
Por otro lado, 356 proyectos reportan avance físico en la base de datos del Proeri, aunque se encuentran en etapas previas a la ejecución de obra. Por ejemplo, 162 casos aún están en fase de preinversión. Adicionalmente, la CNE reportó 18 proyectos como eliminados y luego reactivó 11 de ellos sin justificación, a pesar de no haber establecido a la fecha un procedimiento para sustituir, modificar o incluir obras.
Otra inconsistencia observada, es que el Conavi indicó el 15 de noviembre de 2024, en un oficio remitido a la Contraloría, que existen 12 proyectos de peligro inminente correspondientes a puentes que por temas de competencia, resguardo de los fondos públicos y eficiencia en la ejecución de contratos, deben ser excluidos del Proeri.
No obstante, el Conavi no ha comunicado de manera oficial dicha situación a la CNE, pero alegó que sí ha hecho mención a las partes interesadas de la no inclusión de los proyectos en el programa. Al 31 de octubre, solamente cuatro de los proyectos se habían eliminado de la base de datos, mientras que los ocho restantes se mantenían activos, con un presupuesto conjunto de $15,3 millones aproximadamente.
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Las inconsistencias de la información en la base de datos de Proeri, “impiden una adecuada rendición de cuentas y transparencia de sus proyectos”, indicó el ente fiscalizador. Al tiempo que la “desvinculación entre la gestión y el sistema de control”, pone en riesgo el desarrollo seguro, planificado, transparente y confiable de las inversiones.
Estos errores también podrían acarrear serias consecuencias, como desviaciones en el plazo, costo y alcance programado, lo que finalmente impediría la atención de las problemáticas públicas por las cuales fue necesaria la búsqueda de recursos mediante financiamiento externo bajo la figura de Proeri.
En vista de esta situación, la Contraloría instruyó al presidente de la CNE revisar la cartera de proyectos de Proeri, con base en la viabilidad y procedencia de todos los proyectos incluidos. La orden tiene plazo hasta el 28 de febrero del 2025.
