Reforma a eurobonos desmejora metas fiscales, confirma Contraloría

Julissa Sáenz, gerenta del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la CGR, explicó a los diputados de la Comisión de Hacendarios que se suavizarían los compromisos adquiridos por el Poder Ejecutivo en la Ley N°. 10.332, que autorizó la emisión de títulos valores en el mercado internacional por $5.000 millones, en diciembre del 2022.

“El mercado verá que teníamos una meta de superávit primario más alta, y ahora observará que la estamos ajustando a la baja”, indicó Sáenz en respuesta a preguntas del diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio.

En tanto, en su informe sobre la iniciativa, el subcontralor general de la República, Bernal Aragón, señaló que los cambios constantes en los indicadores pueden generar señales poco favorables en relación al compromiso de consolidación fiscal.

En el 2023, el Ministerio de Hacienda colocó $3.000 millones en eurobonos en el mercado internacional, distribuidos en dos tramos de $1.500 millones por semestre. Quedan pendientes $1.000 millones que podían ser colocados más tardar el 31 de diciembre de 2024 y otros $1.000 millones para finales de 2025.

La nueva propuesta del gobierno solicita portergar $1.000 millones para 2025 y un monto similar para el 2026, al tiempo que plantea ajustes en la meta de superávit primario para este y el próximo año.

El superávit primario es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno sin incluir el pago de intereses de la deuda. La ley vigente exige que el indicador alcance un 1,85% del producto interno bruto (PIB) este año, pero el proyecto lo gobierno lo pide bajar a un 1,3%. A su vez, la meta del 2025 bajaría del 2,25% al 1,85%.

Además, Hacienda busca elevar el techo de pago de intereses de la deuda del 4,9% del PIB al 5,1% este año, y del 4,6% al 5% para el 2025.

La única mejora que presenta el proyecto es el límite de la relación deuda-PIB; el gobierno propone reducir el techo del 67,15% al 64% en el 2024, y del 65,4% al 63,55% en el 2025.

Otro cambio significativo es la solicitud de postergar la colocación de escáneres en Paso Canoas, frontera con Panamá; en Limón, y en Peñas Blancas, frontera con Nicaragua.

Para la cuarta emisión de eurobonos, los diputados incluyeron el requisito de colocar los escáneres en Paso Canoas y Limón en el 2024, y en Peñas Blancas en el 2025.

Sin embargo, el gobierno plantea que estos se coloquen un año más tarde, priorizando ahora la instalación en Puerto Caldera y en Limón en el 2025 bajo la recomendación de Estados Unidos, y postergando Peñas Blancas y Paso Canoas para el 2026.

Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios, cuestionó si el retraso en la colocación de los eurobonos se debe realmente al programa de escáneres o si es una excusa.

“Nos hicieron mucha presión para aprobar el proyecto de eurobonos en el 2022 y ahora queda claro que aún tenían margen. Los cálculos que hicieron no coinciden con la realidad. El tiempo nos dio la razón, los escáneres son una excusa”, comentó Ramírez.

La diputada recordó que fue el propio gobierno el que planteó las fechas de colocación, alegando que los ahorros propiciarían la construcción de obra pública, lo cual no se ha visto, según señaló.

Gilbert Jiménez, también del PLN, criticó que durante la discusión de la ley de eurobonos se introdujo la colocación de escáneres como un requisito, no como un plan en desarrollo, como ahora lo plantea Hacienda.

Luis Molina, viceministro de Egresos de Hacienda, aseguró que no se pretende levantar más requisitos, sino una adaptación a las condiciones económicas, sobre todo en los cambios en las proyecciones de crecimiento y seguridad, priorizando los puertos en lugar de las fronteras terrestres.

Molina dijo que hay una tendencia a la baja de las tasas de interés en el mercado internacional y que es una buena estrategia postergar la colocación.