Escuchar“No hay nada de extraño en eso”, aseguró la regente forestal Marlen Camacho Calvo al referirse a las modificaciones que hizo, en el término de tres meses, a un inventario de bosque en dos fincas del empresario Allan Pacheco Dent, donde la Fiscalía presume que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) otorgó permisos ilegales de tala.
Camacho Calvo primero emitió un informe donde consignó la presencia de bosque en el 66% de los terrenos, ubicados en Gandoca-Manzanillo, en el cantón de Talamanca. No obstante, un nuevo criterio de la especialista “desapareció” siete hectáreas de bosque al negar la existencia de ese tipo de ecosistema en una de las fincas.
Inicialmente, en noviembre del 2023, indicó que en una propiedad de 12,2 hectáreas había siete hectáreas con cobertura boscosa y 5,2 hectáreas con repastos. Pero en febrero del 2024 señaló que la finca no tenía cobertura boscosa, sino que mantenía “una cobertura de pastizales arbolados en toda su extensión”.
La especialista modificó el criterio luego de que el Sinac le hiciera una serie de observaciones técnicas al primer estudio.
Para obtener un permiso de tala, bajo la modalidad de inventario forestal, como ocurrió en el caso de las fincas de Pacheco Dent, es indispensable certificar que las propiedades no tienen bosque. De lo contrario, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación no puede girar la autorización, según estipulan la Ley Forestal y su reglamento.
“Uno como forestal puede hacer un trabajo de una cierta aproximación y, si lo necesita, hacer un trabajo de otra aproximación, digamos, de un trabajo más fino, como le diría uno (...). Hice un trabajo más fino del que había hecho anteriormente, busqué fotografías o imágenes satelitales digamos, de mejor calidad, o donde se viera mejor el potrero”, aseveró.
Ante consultas de La Nación, el pasado jueves 18 de setiembre, Camacho Calvo reconoció que varió lo consignado de un informe a otro, pero alegó que para el inventario que presentó en noviembre pasado no era necesario ser tan detallista.
“En el primer documento técnico yo no necesitaba hacer eso. Con solo hacer una aproximación del área de potrero estaba bien. ¿Por qué? Porque no se necesita para un descuaje de camino que normalmente se manda a Setena. No se necesita el área que sea de potrero, como lo habíamos planteado originalmente”, insistió.
Sostuvo que ese tipo de informes suelen enviarse a revisión a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) pero que, en este caso, el Sinac decidió saltarse ese paso y señalar de una vez las inconsistencias que encontró en el primer inventario. Debido a lo anterior, según dijo, se dedicó “a hacer un trabajo más fino”.
“Todas las fincas en Costa Rica, absolutamente todas, tienen derecho a solicitar un inventario de potreros y un certificado de origen por año. Entonces, nada más se hizo uso de lo que la ley permite, un inventario de potrero y un certificado de origen, para sacar los árboles que están dentro del camino que marcó el topógrafo dentro de la finca que es potrero.
“Y le repito, la otra finca, la que sí es bosque, no se tocó, no se le sacó, pero ni siquiera un bejuco a esa finca, muchísimo menos cortar un árbol ahí”, manifestó la regente forestal en un mensaje de audio enviado mediante WhatsApp.
