Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, explicó que el rechazo carecía de fundamento jurídico, debido a que el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS prohíbe al Poder Ejecutivo objetar este tipo de nombramientos, tanto del sector sindical como del patronal.
Castillo detalló que un grupo de magistrados consideró que la actuación del Ejecutivo vulneró la autonomía constitucional de la CCSS. Otros integrantes del Tribunal fundamentaron su posición en una afectación del derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad y de la libertad sindical en su dimensión colectiva.
La resolución también condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios derivados de los hechos que sustentaron el recurso. Los montos deberán determinarse durante la ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa.
En el acta del Consejo de Gobierno en la que se rechazó el nombramiento de Rocío Alfaro se consignaron varios argumentos expuestos por la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor. Entre ellos figura el requisito de que los integrantes de la junta sean versados en materias económico-sociales.
También se señaló la participación activa de Alfaro en asuntos de política electoral, una supuesta incompatibilidad operativa por vínculos familiares con funcionarios de la institución y sus posiciones públicas sobre el caso Barrenador. La jerarca consideró que esas manifestaciones representaban un prejuzgamiento y podían influir en futuras decisiones.
Conflicto por nombramiento comenzó en junio
El conflicto se remonta al 9 de junio, cuando la Asamblea del Movimiento Sindical eligió a Rocío Alfaro como representante propietaria y Marta Rodríguez como suplente.
Las organizaciones sindicales sostuvieron que ambas representantes debían ser juramentadas por el Consejo de Gobierno en un plazo de cinco días hábiles. Sin embargo, la juramentación no ocurrió.
Randall Cabrera, presidente de la Unión Médica Nacional, denunció entonces que la ausencia de las juramentaciones afectaba el funcionamiento de la Junta Directiva. El dirigente señaló que completar su integración era necesario para que la institución ejerciera todas sus potestades.
Posteriormente, organizaciones sindicales realizaron una manifestación frente a Casa Presidencial para exigir la juramentación de Alfaro. La exdiputada del Frente Amplio sostuvo durante esa protesta que la falta de representantes sindicales y patronales dificultaba las sesiones normales de la Junta Directiva y retrasaba decisiones sobre salud y pensiones.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, mencionó el 4 de agosto que solicitaría un nombramiento pro tempore si la vacante del sector sindical continuaba sin resolverse.
Taylor argumentó que la institución no podía continuar sin una Junta Directiva debidamente integrada mientras avanzaban las acciones judiciales relacionadas con la designación sindical.
Rocío Alfaro rechazó esa posibilidad y sostuvo que la presidencia ejecutiva de la CCSS no tiene potestad para nombrar de manera temporal o definitiva a los representantes de los sectores sociales ante la Junta Directiva.
La representante sindical también afirmó a La Nación que el Poder Ejecutivo no podía sustituir la decisión adoptada por las organizaciones sindicales. Agregó que el movimiento mantenía su designación y responsabilizó al Consejo de Gobierno por el atraso en la integración del órgano.
