EscucharEl ministro de Hacienda, Nogui Acosta, advirtió este miércoles de que un súbito traslado de miles de funcionarios públicos al esquema de salario global demandará ¢300.000 millones que el gobierno no tiene cómo financiar.
Así reaccionó el jerarca después de que, este 16 de octubre, los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminaron positivamente un proyecto de ley para que los empleados públicos con salario compuesto, que quedaron por debajo del salario global de su respectivo puesto, puedan trasladarse de inmediato a la nueva modalidad. El cambio implicaría un incremento salarial.
El plan, presentado por el diputado Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), fue avalado con cinco votos a favor y dos en contra. Se trata de un transitorio a la Ley Marco de Empleo Público (LMEP).
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El ministro de Hacienda expresó preocupación por el avance del proyecto. “Los cálculos preliminares indican que este traslado podría generar un aumento en el gasto público de alrededor de ¢300.000 millones”, dijo.
Según el ministro, el plan daría al traste con el ahorro esperado con la reforma al empleo público. Indicó que, en junio del 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que 112.409 estaban por debajo de su salario global.
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Laura Fernández: Es un proyecto irresponsable
Laura Fernández, ministra de Planificación, comentó que, desde un principio, su cartera alertó sobre la inconveniencia de aprobar este proyecto, el cual carece de estudios de impacto fiscal. Además, adelantó que se tomarán medidas para evitar que se convierta en ley.
“Es un proyecto irresponsable, sin datos que genera una grave afectación a las finanzas públicas. Recordemos que la estabilidad económica de Costa Rica nos ha costado mucho, y que el país apenas está saliendo de un periodo de alto desorden en el manejo de los salarios públicos”, señaló Fernández.
El proyecto del liberacionista, quien intentó frenar la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público a principios del 2023, carece de datos sobre cuántos empleados se verían beneficiados y el costo real para el Estado. Jiménez no respondió consultas de La Nación sobre la falta de estudios.
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Durante la discusión de la LMEP, hace casi cuatro años, otro análisis del Ministerio de Planificación y Política Económica (LMEP) indicó que 28.800 funcionarios públicos quedarían con salarios inferiores al global. En ese momento, se estimó que el traslado inmediato costaría alrededor de ¢32.000 millones anuales al Estado.
Por ello, se aprobó un transitorio avalado por la Sala IV para habilitar un traslado gradual, bajo el argumento de que era necesario proteger las finanzas públicas. Se estableció que estos funcionarios seguirían con su salario con pluses, como las anualidades, hasta alcanzar el salario global.
Este miércoles, a favor del proyecto de Gilbert Jiménez, votaron los diputados Danny Vargas, Alejandra Larios y Francisco Nicolás, del PLN; Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA).
Mientras tanto, Jorge Rojas y Daniel Vargas, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), votaron en contra. Ambos recordaron que tanto la reforma tributaria del 2018 como la Ley de Empleo Público ayudaron a contener el gasto en remuneraciones del Gobierno y, en consecuencia, a evitar un mayor crecimiento de la deuda pública.
Rojas señaló que la propuesta carece de estudios que justifiquen el aumento en el gasto público.
Por su parte, Rocío Alfaro defendió la iniciativa señalando que actualmente existe una desigualdad salarial entre empleados nuevos y antiguos. Calificó de injusto que quienes tienen más años en la institución ganen menos que los de nuevo ingreso.
El proyecto no realiza comparaciones entre los actuales salarios compuestos de los funcionarios bajo esta modalidad y el salario global definitivo con el que ingresan los nuevos funcionarios.
Solo establece comparativos entre los salarios globales transitorios, que entraron en vigencia en marzo de 2023, y el definitivo, que comenzó a aplicarse en septiembre del mismo año como parte de la implementación de la reforma al empleo público.
