El tope de vacaciones fijado en la Ley de Empleo Público, que establece un máximo de 20 días de descanso al año, repercute de dos maneras en los funcionarios que ingresaron al Estado antes de que entrara en vigor la nueva norma.
Quienes no alcanzaron a tener 20 días de vacaciones ya no podrán superar esta cifra, aunque hubiesen entrado bajo reglamentos o convenciones colectivas que les otorgaban días adicionales conforme cumplían años de servicio.
Por otro lado, aquellos que sí superaron el tope ya tienen un derecho adquirido y conservarán esa condición, pero sin la posibilidad de incrementar los periodos de descanso.
Esta conclusión fue emitida por la Procuraduría General de la República (PGR), en respuesta a una consulta formulada por la Municipalidad de Santa Ana.
El gobierno local solicitó aclarar si los empleados, al cumplir los requisitos de antigüedad estipulados en su convención colectiva, podrían acumular más días de vacaciones tras la entrada en vigor de la reforma, el 10 de marzo de 2023. Según dicha convención, los trabajadores que tenían entre cinco y nueve años de servicio tienen derecho a 22 días hábiles de vacaciones tras 50 semanas de trabajo, mientras que quienes superen los 10 años pueden disfrutar de 30 días.
Las personas servidoras públicas que, previo a la entrada en vigencia de la presente ley, posean derecho a vacaciones superior al tope establecido en el artículo 38, conservarán tal condición pero esta no podrá aumentarse.
— Transitorio VIII, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
Sin embargo, conforme al dictamen de la Procuraduría (PGR-C-096-2024), un funcionario que haya trabajado más de cinco años y contara con los 22 días de vacaciones antes de la entrada en vigor de la la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) mantendrá este beneficio, aunque no podrá incrementarlo a 30 días cuando cumpla los diez años consecutivos.
Los 20 días no se aplican en automático
La Procuraduría señaló que los 20 días establecidos por la ley 9635 constituyen el límite máximo de vacaciones anuales permitido en el sector público. Sin embargo, esto no significa que todos los funcionarios tienen automáticamente derecho a esa cantidad cuando inician en un puesto, sino que representa el tope que las administraciones pueden llegar a otorgar.