
La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), encargada de conocer conflictos de carácter contencioso electoral, ordenó la apertura de una tercera investigación por presunta beligerancia política del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Del proceso se encargará la Inspección Electoral.
Dicha división del órgano electoral acumuló escritos presentados por siete ciudadanos en contra de manifestaciones que ha realizado el mandatario en diferentes actos públicos y que, en criterio de los denunciantes, podrían constituir beligerancia política.
Aunque se solicitaron medidas cautelares contra Chaves, el TSE rechazó esas medidas y remitió las denuncias a la Inspección Electoral.
Según el Tribunal, acoger las medidas podría conllevar una valoración de fondo, para la cual es necesaria la investigación.
LEA MÁS: TSE ordena abrir investigación a Rodrigo Chaves por aparente beligerancia política
“Las denuncias acusan manifestaciones del mandatario en distintos actos públicos, entre ellas algunas que aluden a la imagen de un jaguar, presente también en la divisa de un partido político en proceso de inscripción”, indicó el órgano en un comunicado.
Los denunciantes son los ciudadanos Óscar Aguilar Bulgarelli, Óscar Castillo Rojas, Erick Sojo Marín, Marco Castillo Rojas, Rodrigo Humberto Campos Hernández, Rocío Ramírez Varela y Giovanni Alexander Delgado Castro.
Aunque a inicios de febrero ya el TSE había desechado dos denuncias contra Chaves por beligerancia, sí le había advertido de que debía ser más cauto y no pasarse de la raya. Básicamente, le pidió no incurrir en mensajes ambiguos que podrían tener tinte electoral y comprometer la neutralidad política que él debe respetar como mandatario, tal como está fijada la obligación en la Constitución Política.
No obstante, empezando marzo, el Tribunal anunció que había ordenado abrir una investigación por beligerancia, a raíz de denuncias presentadas por un ciudadano de apellido Solera y autoridades de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA).
Estas denuncias se generaron en manifestaciones de Chaves en la conferencia previa al Consejo de Gobierno, el miércoles 4 de diciembre.
En la transmisión de ese día, el mandatario hizo constantes peticiones a los costarricenses de elegir 40 o 45 diputados en las elecciones del 2026, “contrarios a los que eligieron en este periodo”.
Solera relató, en su denuncia, que Chaves dijo que ya las personas saben cómo elegir esa cantidad de diputados y que él no se está metiendo en beligerancia. Además, señaló que, en la cadena presidencial del domingo 8 de diciembre, el presidente fue “más descarado que de costumbre al repetir el cuento”.
A mediados de marzo, se tramitó otra denuncia en contra del mandatario, esta vez por las manifestaciones realizadas durante el acto inaugural del curso lectivo y se debe a dos denuncias, nuevamente del ciudadano Solera y otra del presidente del comité ejecutivo del PLN, Ricardo Sancho.
Ambas denuncias se acumularon en un mismo expediente en relación con las manifestaciones hechas por el mandatario en el acto efectuado el 6 de febrero, en el Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y de Servicios, en Mata Redonda, San José.
Allí, Chaves les pidió a los jóvenes elegir 40 diputados que continúen el legado de él, es decir, votar por gente afín al mandatario.
¿Qué es la beligerancia política?
La beligerancia es un acto ilícito. Lo comete el funcionario que se involucra en actividades político electorales o que realiza actos que favorezcan a un partido político. El artículo 102, inciso 5, de la Constitución Política establece que el TSE debe promover un ejercicio del sufragio sin interferencias del Estado o de empleados públicos.
Las consecuencias de una resolución que evidencie que se cometió el delito de beligerancia son, de acuerdo con la ley, la destitución del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de no menos de dos años.
Aunque la Constitución es la que estableció dicha sanción, le corresponde al TSE dimensionar la sanción. En el caso de que quien cometa la falta sea un alto cargo como el presidente, un ministro o un magistrado, el Tribunal “se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación”.