EscucharEl Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) instó a respetar el Estado democrático, la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, en medio de las investigaciones que realiza la Fiscalía por un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en contratos adjudicados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que cuatro cooperativas y una asociación médica administren 138 Ebáis durante 10 años.
Steven Oreamuno, presidente del Consejo Universitario, subrayó la importancia de garantizar una justicia pronta, imparcial y libre de presiones políticas. También, rechazó las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en contra del Poder Judicial tras los recientes allanamientos y pesquisas judiciales.
“Exhortamos vehementemente a que desista de pronunciamientos públicos que descalifican la institucionalidad histórica y democrática de nuestro país, así como la pretensión de polarizar y generar desconfianza entre la población”, dijo Oreamuno.
El presidente del Consejo Universitario recordó que no se debe permitir la concentración del poder en detrimento de la ciudadanía. Insistió en la necesidad de asegurar el funcionamiento adecuado de la institucionalidad y la gobernanza democrática. Enfatizó que, “hoy más que nunca, se exige el respeto a la independencia de poderes y el apego al ordenamiento jurídico”.
“La división de poderes en Costa Rica es el resultado de la evolución y la consolidación de nuestra democracia política y tiene la finalidad de tutelar el poder para evitar arbitrariedades y excesos, así como impedir que un poder ejerza supremacía –imperio– sobre otros.
“Reafirmamos nuestra defensa inquebrantable a favor del Estado democrático y social de derecho, así como de la autonomía de los poderes públicos, pilares de la democracia. Solo a través del respeto podremos construir una sociedad más justa, equitativa y libre, donde cada persona tenga la certeza de que sus derechos serán protegidos y su voz será escuchada”, indicó Oreamuno.
Investigación de la CCSS
El pasado lunes, el Ministerio Público detuvo a ocho altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la CCSS, entre ellos Marta Esquivel, actual presidenta ejecutiva de la institución.
La operación judicial incluyó 28 allanamientos en busca de evidencias sobre los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
Dos días después, el 25 de setiembre, en conferencia de prensa, el presidente Rodrigo Chaves calificó la detención de Esquivel como un acto de “autoritarismo” y criticó la labor de la Fiscalía. Además, instó a la ciudadanía a “estar lista” para “actuar” si fuera necesario.
Por su parte, el día de los allanamientos, Laura Fernández, ministra de la Presidencia, declaró que el gobierno interpreta como una “clara amenaza” de la Fiscalía la investigación. Fernández calificó la operación judicial como “un abuso de poder” de parte de la Fiscalía y dijo que las acciones que realiza “son absurdas desde cualquier punto de vista legal y moral”.
