Vicepresidente Brunner admite que negoció con INS contratación de póliza para el gabinete

Este jueves, durante su comparecencia ante la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa, Brunner defendió que la contratación de esa póliza es legal y necesaria ya que, en su criterio, el Estado tiene que proteger a sus empleados de posibles demandas sin fundamentos y mal intencionadas. La póliza solo cubriría a 65 puestos.

El vicepresidente reconoció que fue él quien propuso el Consejo de Gobierno buscar la forma de que el Estado asumiera la defensa de los funcionarios demandados. No obstante, cuando el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), le preguntó quién propuso específicamente contratar una póliza, Brunner dijo no recordarlo.

“Cuando yo conversé con el INS sobre lo que queríamos, la respuesta fue ‘la póliza que más se le parece es la póliza de responsabilidad civil de directores y oficiales’, y esa incluye una serie de cosas como un tema de responsabilidad civil, que no era lo que queríamos, lo único que queríamos era que se cubrieran los gastos de defensa, pero viene el paquete completo. Si usted me pregunta a mí de dónde sale la cobertura de extradición, no tengo la menor idea”, dijo.

El diputado Robles criticó que Brunner hablara con la presidenta ejecutiva del INS, Mónica Araya, sobre la compra de la póliza, pese a que él iba a ser un beneficiado directo de ese seguro. A esto se suma que la contratación se realizó mediante un proceso excepcional entre entes de derecho público, por lo tanto, no hubo concurso, sino solo un estudio de mercado.

En total, la póliza que el Ministerio de Hacienda pretende contratar tiene un costo de ¢248.391.706, y cubre a los jerarcas por gastos de indemnizaciones, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para proteger su reputación y costear asesorías de relaciones públicas. Incluso, el seguro cubre sanciones impuestas por violaciones ambientales y los costos relacionados con procesos de extradición.

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Para Brunner, es responsabilidad del Estado proveer las condiciones necesarias para que los funcionarios cumplan con sus funciones. Él argumentó que esta póliza es una de esas condiciones, ya que los empleados están expuestos a demandas sin fundamentos en el ejercicio de sus labores. Además, agregó que los funcionarios que sean declarados culpables tienen que devolver el dinero gastado en su defensa.

“Es una mala práctica que cualquier funcionario puede ser denunciado, pero la administración da un paso al lado y le dice al funcionario que se defienda solo, eso no es un buen patrono. Eso me pasó a mí en la Comisión para Promoción de la Competencia. Una empresa nos denunció, me costó $18.000 la defensa. Esto es necesario y justo para que el empleado cumpla con sus funciones sin estar permanente teniendo que poner en riesgo su patrimonio”, declaró Brunner a los diputados.

Brunner comparó la póliza que cubriría al presidente de la República, vicepresidentes, ministros y viceministros con los seguros que cubren a los policías en el ejercicio de sus funciones. “El Estado los tiene que respaldar cuando ellos trabajan, no se puede hacer a un lado, eso no se vale; cuando compramos esa póliza nadie preguntó”, argumentó.

Sin embargo, los diputados contradijeron al vicepresidente. La congresista Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionó que Brunner no pagara su propia póliza de responsabilidad civil si le preocupan eventuales demandas.

“Diputada, el patrono mío me tiene que dar las condiciones y defenderme a mí cuando yo cumplo con mi trabajo, no es mi función estar pagando cosas para mi patrono (el Estado)”, argumentó el vicepresidente.

Sin embargo, Castro le restó validez al argumento de Brunner, ya que, desde su perspectiva, el Estado no tiene que solucionar todas las preocupaciones de los funcionarios para que realicen sus funciones.

“¿Entonces tenemos que pagarle póliza de vida a todos los vicepresidentes y el presidente? ¿Deberíamos pagarles su vehículo privado? ¿Deberíamos pagarle una póliza de salud? Eso es un absurdo. Son funcionarios que ganan mucho, que lo cubran con su plata”, dijo la diputada.

Por su parte, el diputado Ariel Robles explicó que el sistema penal ya realiza un análisis previo de las denuncias y, en caso de que sean temerarias o sin fundamentos, las desestima. Pero si existen fundamentos, la denuncia se eleva a juicio. La diputada Vanessa Castro apoyó lo dicho por Robles.

“Supongamos que yo lo denuncio a usted, el proceso analiza si es una denuncia temeraria y no la eleva a juicio. Si se eleva a juicio es porque hay méritos para eso. Si al final del proceso usted resulta inocente, entonces usted cobra costas, daños y perjuicios como cualquier ciudadano. ¿Por qué ustedes tienen que tener corona y tener privilegio?”, cuestionó Castro.

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Brunner la contradijo, y afirmó que solo para ir a declarar en los juzgados, los jerarcas tienen que contratar un abogado. Además, el vicepresidente justificó que la póliza cubra gastos de relaciones públicas para limpiar el nombre de los jerarcas que sean demandados.

Aunque el vicepresidente Brunner argumentó que los funcionarios que sean declarados culpables tienen que devolver el dinero gastado en su defensa, la diputada Dinorah Barquero, de Liberación Nacional (PLN), afirmó que existe un riesgo de que esto no ocurra, ya que los jerarcas pueden huir del país.

“Si se va del país es lo mismo que si un asesino o un violador sale del país”, respondió Brunner. Sin embargo, Barquero le dijo que los casos son diferentes, ya que la defensa del jerarca la pagaron los ciudadanos costarricenses.

Los congresistas aprobaron de forma unánime una moción para llamar a comparecer a la expresidenta ejecutiva del INS, Mónica Araya. Asimismo, acordaron volver a llamar a Brunner para que evacúe algunas consultas que, por cuestiones de tiempo, no se le pudieron plantear.

La contratación de la póliza quedó en suspenso el 28 de octubre luego de que trascendieran en la prensa los cuestionamientos. Ese día, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que consultaría a la Procuraduría General de la República, órgano que funge como abogado del Estado, si es legal esa contratación con dinero público.

La Contraloría General de la República, en una respuesta enviada a CRHoy.com, advirtió que el artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, ordena que “todo encargado de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantía con cargo a su propio peculio”.

El ente fiscalizador citó criterios anteriores en los que ha reiterado esta línea legal, en el sentido de que la rendición de garantías o cauciones corresponde a una obligación pecuniaria, o sea, que el patrimonio personal del funcionario es el que debe responder.

“Para zanjar cualquier duda, vamos a volverle a preguntar a la Procuraduría General de la República cómo deberíamos aplicar la norma”, declaró el ministro de Hacienda.

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