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La Contraloría General de la República (CGR) detectó un vicio en la adjudicación que aprobó la Junta Directiva de la CCSS a la cooperativa Coopesana para administrar Ebáis, por lo cual anuló la contratación este jueves. Sin embargo, las otras nueve adjudicaciones investigadas judicialmente en el Caso Barrenador por presunto sobreprecio tienen el mismo vicio, pues provienen de la misma licitación.
El vicio es la decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de apartarse de los criterios técnicos que advertían sobre precios excesivos, y que ameritaban declarar infructuoso el concurso, para adjudicar con base en informes insuficientes, elaborados con errores metodológicos.
Se trata de los análisis hechos por María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, entonces directora de Proyección de Servicios de Salud y actual gerenta general de la CCSS, quien es una de las investigadas judicialmente.
La Contraloría precisó que la Junta admitió que el Área de Costos de la Caja había emitido la recomendación técnica de declarar infructuosas las contrataciones, ya que los precios ofertados no eran razonables.
Pese a ello, el sábado 6 de julio, en una sesión extraordinaria, los directivos adjudicaron los 10 contratos para operar 138 Ebáis con base en los análisis firmados en solitario por María de los Ángeles Gutiérrez. La adjudicación total fue por ¢471.000 millones en 10 años.
Las líneas se adjudicaron de la siguiente forma:
-Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana): Escazú, Santa Ana y San Francisco-San Antonio
-Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (Asemeco): Carpio-León XIII y San Sebastián-Paso Ancho
-Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud (Coopesalud): Pavas y Desamparados
-Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud (Coopesaín): Tibás
-Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva (Coopesiba): San Pablo y Barva de Heredia
Este 17 de octubre, la Contraloría declaró una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en la línea 3, la de Coopesana, la cual implicaba un contrato por ¢31.310 millones y un plazo de 10 años para la administración de los Ebáis del Área de Salud San Francisco-San Antonio.
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Vicio existió en todas las adjudicaciones, pero no hubo apelaciones
La Contraloría anuló la contratación de Coopesana porque esta fue la única en que se presentó una apelación de otro competidor, llamado Psicomed.
Las además adjudicaciones están en firme, pero la CCSS aún no las ha refrendado internamente. El argumento utilizado por la CGR para el caso de Coopesana aplicaría para los otros nueve, ya que todas se basaron en el mismo análisis.
Por ese motivo, la empresa Psicomed, que presentó el recurso de apelación, le señaló a la Contraloría que las otras adjudicaciones también debías ser anuladas.
La CGR explicó que sus resoluciones solo aplican para los actos que hayan sido apelados: “Por ende, la competencia de este órgano contralor se ha activado únicamente respecto de dicha partida, resultando así improcedente referirse a otras partidas mediante la presente resolución. Es competencia de la Administración lo relativo a las líneas no apeladas”.
En todos los casos, los contratistas ya depositaron las garantías de cumplimiento. Lo único que queda pendiente en la vía administrativa es el refrendo del contrato, que es competencia de la Dirección Jurídica de la CCSS.
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Contraloría señala deficiencias en estudio que fundamentó contrataciones
Los miembros de la Junta Directiva de la CCSS consideraron que los documentos emitidos por María de los Ángeles Gutiérrez eran un insumo técnico suficiente para apartarse de la recomendación del Área de Costos, ya que acreditaban la “pertinencia técnica, financiera y administrativa” de la contratación. Además, afirmaron que los informes acreditaban que las ofertas recibidas tenían precios razonables.
Sin embargo, al analizar la apelación presentada por la empresa Psicomed, la CGR detectó errores metodológicos, deficiencias y carencias. Por ejemplo, se comparó el Área de Salud de Oreamuno, en Cartago, con los servicios y costos que tendría Coopesana en San Francisco-San Antonio, en San José, sin considerar las características de cada región, como el número de población y otros.
La Contraloría explicó que el informe realizado por Gutiérrez no era un estudio de razonabilidad de precios como lo exigen el artículo 41 de Ley General de Contratación Pública y el artículo 44 del reglamento de esa misma legislación.
“Una vez valorado su contenido, se determina que en ellos no se concluyó de forma expresa la razonabilidad del precio que se estaba valorando (...). El acto final no fue dictado con sustento en un estudio técnico en el cual expresamente se concluya la razonabilidad del precio que se adjudicó para la partida número 3″, estimó el órgano contralor.
Según la Contraloría, no se consideraron aspectos como la competencia del mercado, sino que únicamente se tomaron en cuenta los costos promedio del servicio si lo realizara la CCSS como prestataria de servicios de salud.
La entidad apuntó que estas deficiencias implican la nulidad absoluta del contrato, ya que de haberse realizado estudios de la manera correcta, la adjudicación final pudo ser otra. En síntesis, no fue posible comprobar que el precio cotizado por Coopesana fuera razonable y por tanto, fuera un oferente idóneo, lo cual lesiona los principios de eficiencia, valor por el dinero y legalidad.
Según los documentos en el Sistema Integrado de Compras Públicos (Sicop), la oferta de Psicomed S. A. fue por ¢28.992 millones, es decir, ¢2.318 millones menos que Coopesana. A pesar de eso, la CCSS descalificó a Psicomed por razones “administrativas” y adjudicó a la Cooperativa.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la adjudicación que hizo la Junta Directiva de la CCSS para la administración de 138 Ebáis en 10 áreas de salud, por un total de ¢471.000 millones en 10 años, podría tener un sobreprecio de ¢12.400 millones por año.
Votaron a favor de la adjudicación los seis directivos presentes ese sábado 6 de julio: Marta Esquivel Rodríguez, Isabel Camareno Camareno, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana, Jorge Luis Araya Chaves y Jorge Porras López.
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