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Hace más de tres años, Danitza Brenes Monge fue víctima de una estafa bancaria, que le significó la sustracción de un monto importante de dinero de su cuenta y, cuando pudo hacerlo, reclamó en el banco por la desaparición de esa plata.
La entidad, sin embargo, evadió toda responsabilidad y la culpó a ella, pese a que era prácticamente imposible que hubiera tenido alguna participación porque en el momento en que le robaron el dinero, estaba en una cesárea de emergencia.
Así lo relató Brenes este miércoles en la barra de público de la Comisión con Potestad Legislativa Plena III, donde se votó, minutos antes, un proyecto de ley que establece la obligación de los bancos de reponer el dinero que pierdan sus clientes, por causa de estafas electrónicas.
“Yo estaba hospitalizada, en una cesárea de emergencia, y en ese momento me hicieron la estafa. Al día siguiente de la cirugía, ingresé a mi cuenta y me di cuenta de que no tenía un dinero, me fijé en las matrículas de la cuenta, y lo que pasó fue que matricularon una cuenta y se hicieron una transferencia”, relató la mujer a La Nación.
Como víctima de estafa, acudió de inmediato a la entidad bancaria estatal, donde hizo los reclamos y allí la culparon a ella, y la señalaron por presuntamente haber entregado datos sensibles a terceros, pero ella enfatizó que simplemente no pudo haberle entregado esos datos a nadie, porque ella estaba en la cirugía.
Brenes agregó que ya pasaron tres años y le respondieron a través del mismo machote que le dan a todo el mundo, en el cual se le trasladó la culpa. Ahí quedó el caso y ella perdió el dinero.
Danitza es una de las víctimas que acudió a presenciar la votación en segundo debate del proyecto de ley que establece la responsabilidad en las entidades bancarias por estafas debidas a fallas en los sistemas de seguridad antifraude.
La afectada le agradeció al proponente de la iniciativa, el liberacionista Óscar Izquierdo, y a los 14 congresistas presentes en la Comisión Plena III, que respaldaron unánimemente el plan.
Con la iniciativa aprobada, los bancos no solo quedan obligados a reponer ese dinero, sino a establecer ciertos protocolos para blindar los sistemas contra el robo a los clientes por vías electrónicas.
Carmen Rojas, abogada y fundadora del grupo de víctimas de estafas electrónicas, también acudió a la votación en el Congreso y recordó que, hace varios años, después de darle una entrevista a La Nación, decidió que todas las víctimas debían organizarse y hacer algo.
Rojas criticó que diputados como Daniela Rojas y Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionaran a última hora la iniciativa, después de que los bancos empezaron a hacer reclamos, cuando ya pasaron casi tres años de trámites del expediente 23.908, finalmente aprobado este miércoles.
“Ha sido una lucha larga, dura, desigual. Estamos recogiendo los frutos. No hay leyes perfectas, todas pueden mejorarse. Los diputados que hablaron hoy, vienen a señalar defectos, pero durante tres años fueron absolutamente indiferentes. Ahora lo hacen, con la presión de los bancos y de la Sugef”, dijo la vocera de las víctimas.
Por lo menos ahora,añadió, las víctimas pueden sentir que hay una ley que las cobija y que son los bancos los obligados a demostrar que la culpa es del cliente.
Carmen Rojas fue víctima de una estafa por ¢9 millones y, al igual que Danitza Brenes, en su caso fue en una entidad bancaria pública.
