Un Ferrari 2015, el anillo de matrimonio de la esposa, un apartamento en un lujoso edificio en Nueva York y pagos en efectivo de hasta ¢9.000 millones forman parte de los paquetes de fianza que ofrecieron exdirigentes de FIFA con tal de no estar encarcelados en Estados Unidos.
Mientras el expresidente de la Fedefútbol Eduardo Li está a la espera de la decisión de un juez para conocer sí le permiten dejar la prisión bajo fianza, ocho involucrados en el llamado FIFA Gate viven una realidad distinta debido al respaldo económico que los cobija.
Jeffrey Webb, quien fuera el último presidente de la Concacaf antes de que estallara el escándalo de corrupción, se desprendió de bienes y artículos de lujo muy particulares.
Aparte de pagar $10 millones, Webb puso a disposición del Gobierno de EE. UU. un total de diez propiedades, dos de las cuales están a su nombre, dos compartidas con su esposa Kendra Gamble, otra más de ella y cinco restantes cuyos dueños son familiares y allegados.
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Asimismo, el hombre originario de Islas Caymán entregó tres vehículos, un Ferrari 2015, un Range Rover 2014 y un Mercedes Benz 2003.
También puso a disposición de la justicia un anillo de diamantes que le regaló a su esposa el día de la boda, joyas que le pertenecían a ella, además de 11 relojes de lujo.
Webb y su esposa le entregaron sus pasaportes al FBI y permanece bajo arresto domiliciario en Estados Unidos con vigilancia electrónica las 24 horas del día, cuyo costó lo paga de su bolsillo.
Por otra parte, José María Marín, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, prometió un pago de $1.200.000 (¢6.500.000), pero puso de garantía un apartamento en la Torre Trump ubicada en una zona exclusiva de Nueva York valorada en $3,5 millones, además de un bono de $200.000.
Marín también permanece bajo arresto domiliciario, está monitorado constantemente y solo puede salir si la Fiscalía se lo permite.
Por su parte, el argentino Alejandro Burzaco, quien era el gerente de la empresa Torneos y Competencias, dedicada a la comercialización de derechos de transmisión televisiva, entregó un bono total de $20 millones, del cual $3,5 fueron en efectivo. También otorgó como garantía bienes inmuebles y un certificado de la empresa citada.
Burzaco tampoco puede salir de su residencia sin la aprobación de las autoridades estadounidenses.
La historia no es muy diferente en el caso de Aaron Davidson, expresidente de Traffic USA. El monto de su fianza es de $5 millones que incluye propiedades en Texas y Florida a nombre de su esposa e hijos. Tampoco puede salir de su residencia sin permiso.
El expresidente de Honduras Rafael Callejas y exmiembro de la Federación catracha, logró la libertad bajo fianza por un bono total de $4 millones respaldados con cuentas bancarias de allegados y seis fiadores. Solo mediante una autorización puede dejar el sitio donde vive.
El otro hondureño implicado es Alfredo Hawitt; este solo pagó $1 millón y ofreció una propiedad en La Florida a nombre de su hija, donde está viviendo actualmente. La Corte del Distrito Este de Nueva York no especifica si está sometido a vigilancia electrónica.
Por último, al guatemalteco Héctor Trujillo le aceptaron una fianza total de $4 millones, de los que pagó en efectivo $650.000 más dos propiedades de allegados. El monitoreo electrónico lo acompaña a diario.
El paquete de fianza de Li. El pago de $800.000 (¢436 millones) en efectivo o en propiedades, un bono total de $4 millones (¢2.168 millones) y el apoyo de seis ciudadanos estadounidenses como garantes, forman parte del paquete propuesto por Eduardo Li a la justicia de Estados Unidos con el fin de salir de la cárcel bajo fianza.
Anteriormente la oferta de Li consistía en el pago en efectivo de $300.000 (¢163 millones), responder por $4,7 millones (¢2.547 millones) con propiedades y tres garantes, en este caso, su esposa y dos hijos adultos.
Este último ofrecimiento fue rechazado por el juez Robert Levy, responsable del caso, quien le dio la oportunidad de mejorar la propuesta y analizarla en la audiencia del próximo martes.
Los cargos contra el nacional son por conspiración de crimen organizado en primer grado, dos por conspiración de fraude electrónico, otros dos por conspiración de lavado de dinero y también dos por lavado de dinero.
La acusación alega que entre 2009 y mayo del año 2015, cuando fue detenido en Suiza, Li conspiró para aceptar y recibir más de $700.000 en sobornos a cambio de la adjudicación de derechos de comercialización de diferentes partidos de la Selección Nacional con la empresa Traffic Sport.
Presentados ante la justicia de EE. UU.
Jeffrey Webb, expresidente de Concacaf
Fianza total: $10 millones. Entregó un Ferrari 2015, un Range Rover 2014, un Mercedes Benz 2003, joyas de su esposa y 10 propiedades en Estados Unidos.
Alfredo Hawit, exsecretario de Fed. Honduras
José María Marín, exdirigente de Conmebol
Pagó en efectivo $1,2 millones y ofreció un apartamento en la Torre Trump valorado en $3,5 millones. También entregó un bono corporativo de $200.000.
Rafael Callejas, expresidente de Federación de honduras
Fianza total: $4 millones. Realizó un depósito en efectivo de $910.000, además dos propiedades en EE. UU. y el respaldo de cuentas bancarias de allegados.
Alejandro Burzaco, empresario argentino
Fianza total: $20 millones. Ya pagó $3,3 millones y presentó un certificado por $15 millones. Puso de garantía tres propiedades, dos de ellas a nombre de su hermana.
Héctor Trujillo, exdirigente de Guatemala
Fianza total: $4 millones. Ya hizo un pago en efectivo de $650.000 y puso como garantía dos propiedades de familiares.
Aaron Davidson, expresidente de Traffic USA
Fianza total: $5 millones. Entregó de garantía una propiedad en Texas a nombre de su esposa y dos en Florida que son de sus hijos Jamie y Ana Davidson.
Juan A. Napout, expresidente de Conmebol
Fianza total: $20 millones. Ya tramitó el pago de $17 millones además de poner a responder bienes inmuebles de su propiedad.
Eduardo Li, expresidente Fedefútbol
El único que sigue detenido. El monto de la fianza aún no se fijó. Él ofreció un paquete de $4 millones (¢2.168 millones), de los cuales $800.000 (¢436 millones) son efectivo o en propiedades.