Dado que La Nación no reveló cómo obtuvo la información que relaciona a personas allegadas o involucradas directamente al Herediano con movimientos bancarios de Guanacasteca (ADG), el Comité Ética decidió archivar el caso, sin más investigación, alegando que necesita saber si los datos se consiguieron lícitamente.
Este medio publicó el detalle de varios estados de cuenta de la ADG en los que el nombre de Pablo Campos, empleado de Herediano, mensajero, conocido como el amigo del gerente florense Jafet Soto, es recurrente en ingresos de dinero. También se revelaron movimientos bancarios del equipo pampero relacionados a Henry Jiménez, contador y directivo del Herediano, Pastor de Jesús Bonilla, abogado recurrente del cuadro rojiamarillo y sus máximos personeros, y Olman Sánchez, entonces gerente de la ADG y al mismo tiempo socio del conocido como dueño de Guadalupe, Antonio Abasolo, quien llegó a Costa Rica por su afinidad con Jafet Soto, según el gerente florense.
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Este medio incluso publicó extractos de los documentos, sin dar a conocer cómo los consiguió.
En el ámbito periodístico hay un principio que es sagrado para el periodista: el secreto de quiénes son sus fuentes se van a la tumba con él. La Sala Constitucional es enfática en diferentes resoluciones sobre el derecho que tienen los periodistas de salvaguardar el secreto sobre sus fuentes de información.
Los magistrados consideran que la libertad de prensa, la libertad de expresión y la protección del secreto de la fuente constituyen “un derecho neurálgico para la vigencia democrática y el ejercicio pleno de la libertad de expresión”.
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Aún así, el Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) desestimó investigar un aparente vínculo entre heredianos y la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG), porque La Nación no reveló la forma en la que obtuvo los documentos. Incluso, el autor de esta nota y varias de la citada investigación, fue citado a declarar. Muchas de las preguntas del Comité Ética iban dirigidas a conocer quién pasó la información más que a lo denunciado en sí mismo.
“No obstante, no indica de dónde obtuvo esos estados de cuenta, aspecto de trascendental importancia para este Comité, dado que para poder valorar una prueba en un Estado de Derecho como nos encontramos, debe existir certeza que la misma fue obtenida por medios lícitos, dado que no reveló cómo los obtuvo. Y al no poder verificar entonces la legalidad de dicha probanza, es que el Comité de Ética se ve imposibilitado a validar la información, lo que deja el presente caso bajo una absoluta ausencia de prueba que acredite los hechos que fueron puestos en conocimiento del presente Comité”, dice la resolución del caso, que había sido abierto por solicitud de Jicaral Sercoba ante las publicaciones de La Nación.
Este medio hizo una serie de publicaciones a partir del 31 de mayo de este año, en las que incluso reveló que tiene copia de los estados de cuenta, suministrados por una fuente confiable, de la cuenta corriente del equipo pampero en el Banco Nacional de Costa Rica, número 100-01-013-005678-7, correspondientes a meses entre setiembre 2021 y abril 2002, justo el período en que Guanacasteca inició su paso en la Primera División, tras lograr el ascenso.
Este diario hizo ver que a nombre de Campos hubo durante esos meses hubo al menos un retiro y depósitos millonarios por diferentes conceptos, incluso uno de ₡13 millones en el que se detalla “Pablo Campos Araya / Taquilla”.
Entre unos y otros, se le relaciona con el movimiento de más de ₡25.000.000. Para el momento de las publicaciones, Campos Araya estaba inscrito ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) como empleado de Fuerza Herediana, sociedad anónima que administra el derecho de participar en la Primera División del fútbol nacional que tiene la Asociación Club Sport Herediano.
Por su parte, Jorge Arias, presidente de la ADG, indicó que Pablo Campos fue su mensajero mientras estuvo vigente el convenio con Herediano, cuando el equipo pampero estaba en la Liga de Ascenso.
La Nación, sin embargo, respaldó lo expuesto con documentos correspondientes a los meses entre agosto de 2021 y mayo de 2022, cuando ya los guanacastecos jugaban en la Primera División, en la misma competición que lo hacen los heredianos.
La Nación consultó este miércoles la situación tributaria de Campos Araya. Según el sistema del Ministerio de Hacienda, este colaborador de Fuerza Herediana estuvo inscrito, como prestador de servicios profesionales, desde el 20 de setiembre del 2008 hasta 28 de julio del 2016 cuando fue su fecha de desinscripción. Es decir, tiene seis años de no aparecer resgitrado ante Hacienda como trabajador independiente.
Además, el artículo 45 del Código de Ética establece los medios probatorios; en este apartado se habla de documentos, informes oficiales, declaraciones de las partes, declaraciones de testigos, grabaciones de audio o video, Informes periciales y cualquier otro medio de prueba pertinente.
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En la comparecencia en la que el autor de esta nota fue cita al Comité de Ética, declaramos bajo juramento que los documentos fueron obtenidos de manera lícita.
Entre las conclusiones del Comité de Ética de la Fedefútbol, se detalla que para ellos “no existen elementos de prueba que acrediten un posible conflicto de intereses entre ambas instituciones, y muy por el contrario, se evidencia que existe una absoluta de ausencia de prueba que venga a demostrar los hechos que fueron puestos en conocimiento del presente comité, por lo que corresponde es ordenar la desestimación de la presente causa”.
Además, Ética señala que “no está en su competencia ver un posible tema de multipropiedad”.
Comité de Licencias archivó la denuncia de Jicaral
Jicaral Sercoba de la Península también recurrió al Comité de Licencias de la Fedefútbol para que se investigara si podría darse un hecho de multipropiedad en el fútbol del país, relación entre clubes prohíbida en los reglamentos.
Según notificó este comité, en su resolución, el equipo puntarenense basó su denuncia en las publicaciones que realizó este diario en los primeros días del mes de junio de este año.
Sin embargo, las cinco personas que conforman el comité consideran que no hay razón para investigar el hecho.
“En el presente asunto se presentan notas periodísticas y una denuncia de un club licenciatario basado en éstas en las que se exponen situaciones y hechos que se narran y carecen de evidencias o pruebas que permitan una duda razonable a este comité para investigar, mediante un proceso sumario, una eventual vulneración o menoscabo de la independencia de clubes licenciatarios involucrados”, consideró Licencias.
Por esa razón se ordenó archivar la solicitud de investigación que pidió Jicaral.