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La Defensoría de los Habitantes sigue con lupa al fútbol y emitió un comunicado luego de conocer el pronunciamiento del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, tras la final del Torneo de Copa entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.
En ese partido, el liguista Freddy Góndola acusó a Mariano Torres de decirle insultos racistas; mientras que el capitán morado lo niega.
El Tribunal no inició una investigación de oficio y como el árbitro Adrián Chinchilla señaló en su informe que no pudo constatar lo que denuncia el panameño, ese órgano indicó que Alajuelense tiene dos meses de tiempo para presentar una solicitud de un proceso disciplinario con fines sancionatorios.
Así que la Defensoría de los Habitantes emitió su posición oficial sobre este caso, haciéndole un recordatorio al fútbol.
“Toda denuncia por racismo debe ser investigada. Ante la denuncia de nuevos actos de posibles expresiones racistas en el fútbol, la Defensoría de los Habitantes reitera la necesidad de promover espacios deportivos y de convivencia libres de discriminación de todo tipo y de racismo”, se lee en el escrito.
Añadió que como el fin de semana anterior se tuvo conocimiento de una situación de posible racismo, se requiere del involucramiento de las autoridades correspondientes para investigar con rigurosidad, transparencia y prontitud la situación acaecida en el clásico.
También señaló que en el marco del seguimiento a las actuaciones de las instituciones encargadas de garantizar el respeto de los derechos humanos en las actividades deportivas, así como la adecuada implementación de la Ley para la prevención y sanción de la violencia en eventos deportivos (Ley 9145), la Defensoría de los Habitantes le solicitó al Ministerio de Seguridad Pública informar si el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) nombró a los tres representantes de las federaciones deportivas, de conformidad con lo establecido en el inciso h) del artículo 8 de la Ley N°9145.
Adicionalmente, la Defensoría requirió información sobre los avances en el análisis de las propuestas de modificación al reglamento a la Ley N° 9145 y si el documento fue trasladado a la Dirección Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública como se indicó el 1.° de noviembre del 2023, específicamente lo correspondientes al estado actual del documento, la instancia responsable y el plazo aproximado en que se proyecta tener finalizado ese proceso.
“La Defensoría expresa la urgente necesidad de trabajar en la prevención de la violencia, la no discriminación y el rechazo a toda manifestación de racismo en todas las actividades públicas y privadas, y hace un llamado a toda la institucionalidad a que se lleve un registro que permita dimensionar este tipo de situaciones en el país que violenta la dignidad de las personas”.
Además, recordó que en agosto anterior, con motivo de un simposio internacional que realizó la Defensoría sobre los derechos de las personas afrodescendientes, expertos en la materia recomendaron la necesidad de que en cada país se disponga de datos desagregados étnicos raciales para evitar que exista un subregistro que no permita a los Estados visibilizar y dimensionar en su plenitud la situación de racismo estructural.
