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La Comisión Disciplinaria de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) notificó la resolución final del expediente 001-2023, correspondiente a un proceso disciplinario en contra de Puerto Golfito FC y tres de sus personeros, por amaño de partidos en el Torneo de la Liga de Ascenso.
Según el comunicado oficial de la Federación, en noviembre del 2023 la Oficialía de Integridad de FIFA en Costa Rica presentó un informe a la Comisión Disciplinaria de la FCRF, tras realizar una investigación a partir de una alerta del sistema de detección de actividades sospechosas por parte de la FIFA.
La investigación incluyó, entre otros, informes elaborados por la empresa Sportradar (especialista en detección de actividad irregular en apuestas deportivas), así como testimonios de varias personas que acudieron a rendir sus declaraciones.
A partir de ello la Comisión Disciplinaria desarrolló el procedimiento formal, notificando a los investigados, revisando las piezas probatorias y llamando a los testigos para entrevistarlos de manera directa.
“Finalmente la Comisión Disciplinaria determinó por votación unánime de sus miembros, que los dirigentes de Puerto Golfito Fútbol Club, efectivamente, participaron en amaño de partidos, por lo que sancionó al club y a sus principales personeros con diez años de suspensión de todo tipo de actividades futbolísticas federadas, al considerarse una conducta gravísima contra la integridad en el fútbol”, señaló la Federación.
Ahí también se indica que los personeros sancionados son Roy Telles Campos, accionista y presidente del equipo; Deivis Antonio Barquero, accionista mayoritario; y Arturo Alberoni Palma Falla, gerente deportivo.
Según la Federación, por tratarse de un asunto que podría seguir su curso en la instancia del Tribunal de Apelación, no se pueden brindar más detalles.
“La FCRF manifiesta nuevamente que la institucionalidad está por encima de cualquier interés individual o colectivo, y que el Fair Play en todas las áreas del fútbol siempre será el camino a seguir”, finalizó el comunicado oficial.
La Nación intentó contactar a uno de los personeros sancionados para conocer su versión. Sin embargo, al segundo timbrazo rechazó la llamada y no contestó el mensaje de WhatsApp que se le envió.
