De futura Ciudad Gobierno a basurero: cómo luce el terreno previsto para el proyecto

Caminamos sobre un suelo ya casi despejado de escombros, al centro del terreno, pero las esquinas rebosadas de tablas, botellas de guaro, un condón, cáscaras de melón, el rótulo de un sindicato del Ministerio de Obras Públicas y Transportes cuando no era MOPT, sino MOP. Las paredes nos las tenemos que imaginar. El suelo, por, ahora, aquí está, bajo los pies, pero se dice que pronto lo quebrarán para extraer cualquier metal valioso de las tuberías.

Hace mes y medio, la ministra de Planificación, Marta Esquivel, le confirmó a la Fiscalía General de la República que el proyecto de Ciudad Gobierno está “detenido y sin avance”. Desde el 28 de marzo de 2023, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un financiamiento de $450 millones para construir un vasto complejo que albergaría instituciones públicas de toda índole, para ahorrar millones en alquileres y reactivar la céntrica zona en torno a Plaza Víquez, al borde sur del centro de San José. Pero por ahora, no camina.

Por ahora: coronas de piñas de la feria de ayer, bolsas de alimento de perros, clavos sueltos, plantas que florecen entre los desechos y excremento humano. Ya lo han advertido los vecinos y también la Policía Municipal: este es un foco de contaminación y de inseguridad. Nada se mueve. Algunos domingos, nada se mueve en San José.

¿Qué fue de Ciudad Gobierno?

La maraña institucional de Costa Rica requiere inmuebles que la alberguen. Más de 280 instituciones, más de 154.000 funcionarios e infinidad de trámites para ciudadanos requieren espacio, y espacio es lo que no encontramos en las sedes originales de los organismos públicos.

Por ende, en algún momento se empezaron a multiplicar los alquileres. El asunto se convirtió en una brasa política. La solución que se planteó fue concentrar varios ministerios y miles de funcionarios en un complejo de edificios en el centro de San José. En el 2015, el gobierno Solís Rivera declaró el proyecto de interés público y se retomó un dilatado proceso de diseño de la iniciativa. Quedó varado hasta el 2021.

Para enero del 2022, quedaba claro que se ocuparían terrenos de Plaza Víquez, que había que demoler inmuebles pertenecientes al MOPT y expropiar 13 propiedades. Se preveía la movilización de 16 ministerios y 8.393 funcionarios. El proyecto se atascó en su fase de estudios.

En noviembre de 2022, la administración Chaves Robles anunció: “¡Le estamos cumpliendo a Costa Rica! Ciudad Gobierno será así un corazón palpitante que inyectará desarrollo urbano y social a nuestra capital”, dijo el presidente.

De acuerdo con el Ministerio de Planificación (Mideplan), Ciudad Gobierno le permitiría al Estado un ahorro en alquileres por $23,5 millones anuales. “El Estado adquirirá las edificaciones desarrolladas con el BCIE, mediante un arrendamiento en un plazo de 20 años”, indicaba el comunicado.

No resultó sencillo. Los problemas habían iniciado desde antes. En junio del 2023, hubo una confrontación entre la junta del Liceo de Costa Rica y el MOPT, que arrendaba el terreno de Plaza Víquez por unos ¢16 millones al mes. Un integrante de la junta habló de “chantaje”, al exponer que el MOPT dejaría sin esos recursos al liceo, que no recibiría mayor aporte a cambio.

Para setiembre, la Contraloría General de la República (CGR) alertó de la ilegalidad del plan del gobierno. En resumen, argumentó el ente contralor, el Ejecutivo no podía ejecutarlo sin concurso público, el Banco Centroamericano de Integración Económica (principal financista) no podía alquilar al país edificios construidos sobre terrenos estatales, el expediente estaba incompleto y el financiamiento consistía en deuda pública, que deben aprobar los diputados.

La confrontación con la Contraloría desembocó en un desafío a la contralora de parte del presidente, que quería un “debate público”, aunque Acosta insistía que se trataba de un tema técnico. En febrero del 2024 se terminó realizando el encuentro, transmitido en vivo desde la sede de la CGR en La Sabana.

Las relaciones entre el gobierno y la CGR se tensaron más. Ciudad Gobierno era uno de los proyectos principales que la administración incluía en sus planes, que pasaron por propuestas de reforma a la Ley General de Contratación Pública y culminaron hasta en propuestas de referéndum y varias iteraciones de la “ley jaguar”.

A hoy, no se ha presentado opción. El director general de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda confirmó en abril del 2024 que los edificios de Ciudad Gobierno no pasarían al poder del Estado tras los 25 años de alquiler al BCIE. El 6 de febrero, Mideplan confirmó que no hay avance en ninguna dirección.

Las “leyes jaguar” continuaron su periplo. El terreno quedó en el limbo.

Terreno de Plaza Víquez es crítico por inseguridad

En los barrios colindantes había entusiasmo (quien escribe vive a pocas cuadras y pasa por allí a diario). Un par de casas frente al terreno tenían rótulos elocuentes: “SE VENDE. Pronto aquí Ciudad Gobierno”.

Para el 2024, estaba claro que la construcción del complejo no iniciaría pronto, así que algunos habitantes de la calle empezaron a llevarse las partes que podían vender. Al principio eran unos pocos. Luego más. Pronto muchos más.

Un vecino del barrio, que prefirió no identificarse para evitar represalias, dice que por unos dos meses o más a su familia le costó dormir porque el escándalo de latas, martilleo y movimiento de materiales se prolongaba hasta la madrugada.

Frente a casas aledañas amanecían pedazos de metal, escombros de ladrillos y bolsas llenas de clavos, cables y demás (vivo a tres cuadras del sitio y paso casi a diario por allí a distintas horas). También pasaban personas llevándose cables, ladrillos, tablones y latas. Cualquier cosa con algún valor.

A hoy, el terreno está despejado en el centro: no queda casi ninguna estructura. Todo el segundo nivel ha desaparecido. Solo quedan fragmentos de paredes en los bordes, algunos recintos completos, pero repletos de basura, y en general se acumulan desechos en cualquier lugar.

“Hoy es uno de los principales focos detonadores de delitos contra la propiedad y de temor en las comunidades inmediatas y aledañas”, dice Marcelo Solano, jefe de la Policía Municipal. “El impacto es sobre un perímetro grande debido a la concentración de personas en condición de calle, en condición de adicción y otros que se valen de la ruina de esa edificación para permanecer o para ocultarse”.

Cada sábado, se celebra la Feria del Agricultor de Plaza Víquez (una de las más céntricas de la GAM) y más o menos la mitad de los puestos bordean dos costados del terreno. La feria cuenta con 422 puestos, y aunque no todos se ocupan cada sábado, es muy concurrida por productores y clientes. El problema es que huele mal, aparte de la acumulación de basura y de desechos.

(Los agricultores) se sienten mal, igual que uno. Uno está ahí parado durante 8 horas. Entonces, lo que hacen ellos es que si hay algún olor que sale de alguna tubería o ahí, entonces inmediatamente se manda muchachos para que vuelva. Se está limpiando y fumigando constantemente”, explica Olman Cordero, administrador de la feria desde enero. La feria funciona, sigue siendo concurrida y comprar allí sigue como si nada. El paisaje ha cambiado.

“Es un edificio que ya ha sido tomado por habitantes de la calle. Como se puede ver, eso quedó desmantelado, hay mucha basura, y por ende, como ellos están ahí, hacen sus necesidades fisiológicas durante toda la semana”, describe. En San José hay unas 5.600 personas en condición de calle, de las cuales hasta 2.200 duermen a la intemperie.

Alain Aguilar, del Centro Agrícola de El Guarco, supervisor de la feria, indicó que el 6 de febrero ya tuvieron un acercamiento con el Concejo Municipal de San José, pero que no han sabido más (esta revista llamó y escribió a la presidenta del órgano, sin respuesta al cierre).

Los problemas, claro, venían desde meses atrás. Ronald Brenes, administrador de la feria por 30 años, recuerda que indigentes empezaron a llevarse “verjas, portones, todo lo que era hierro, las tapas de las líneas telefónicas”; luego abrieron puertas y paredes y se empezó a retirar el resto de la infraestructura.

“Nosotros vivíamos eso todos los sábados; lo que hacíamos era hablar con los señores de la calle y les dijimos que, por lo menos en el momento en que la feria se estuviera realizando, no desbarataran nada para evitar un accidente”, dijo Brenes.

Recuerda que eran siempre al menos tres y que hubo intervenciones de Fuerza Pública, pero el problema continuaba. A veces conversaba con ellos y les preguntaba cuánto recibían por lo que podían vender. “Ellos nos decían que el kilo de hierro se los pagaban inicialmente a 150 colones. Y al ser tanta la cantidad de material que estaban llevando, entonces les bajaron a 90 colones el kilo”, recordó.

La Policía Municipal realizó dos solicitudes de intervención al Ministerio de Salud, el 12 de junio y el 5 de diciembre del 2024; en enero, una solicitud de demolición (Salud no respondió las consultas enviadas al cierre de esta edición).

“Recientemente el Ministerio de Salud ya comunicó al departamento de servicios ambientales de la municipalidad de San José y y habilita a la municipalidad realizar la limpieza del sitio”, dice Solano. “Hemos también alertado sobre este contaminación de aguas porque allí funcionaba un taller vehicular de de los vehículos del MOPT y hay concentración de eh aceite y de hidrocarburos”, alertó el oficial.

Pero la situación se ha prolongado por meses y los vecinos la padecen a diario. “Esta es una responsabilidad que debió haber asumido el Ministerio de Educación. En principio la municipalidad no tiene parte”, dice Solano.

La razón es que el inmueble le pertenece aún a la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica (Folio Real 1-45513-000), envuelta en sus propias controversias. Desde el 13 de febrero, Revista Dominical quiso conversar con el director del Liceo; nos remitió a prensa del MEP, a quienes se les solicitó un vocero desde el 17 de febrero y, luego, respuestas a consultas desde el 3 de marzo.

En espera, le preguntamos a Lourdes Sáurez, cabeza de la Dirección de Infraestructura Educativa, quien afirmó que están trabajando con la Junta. “Se hizo una primera transferencia, vamos a hacer otra porque el monto es bastante, no solo para el terreno, sino para darle un mantenimiento adecuado”, dijo. “Lo que necesitamos de manera urgente es el desvío del lugar para que no sea más indigentes y más de uso de ese tipo”.

El 12 de marzo, al cierre de esta edición, el MEP respondió a las consultas y explicó que, el 22 de agosto del 2024, en el marco del programa Adopte un Centro Educativo, una empresa privada realizó una limpieza sin costo para el Estado. Además, se aprobó “la asignación de tres nuevos recargos de seguridad (medio tiempo, 50%)”, sin detalle del inicio de esta contratación.

“Se han presentado diversas denuncias administrativas y judiciales debido a actividades ilícitas de carácter recurrente en la propiedad, como la venta de sustancias estupefacientes, ejercicio del trabajo sexual (prostitución) y la comisión de hechos delictivos como robo agravado, hurto simple, ingreso indebido y daños a bienes de carácter público y privado”, explica la respuesta ministerial.

El MEP añade que desde el 19 de julio del 2024, con el oficio N° HT-DM-2199-2024 se tramitó una denuncia interpuesta por vecinos, y que en julio se declaró su ruinosidad y peligrosidad (N° MS-DARRSCS-DARSSEM-2831-2024). Finalmente, la DIE aprobó “presupuesto para mantenimiento en la infraestructura actual, así como también realizar el cerramiento perimetral del inmueble” en el 2024. No se han realizado esas obras.

Así las cosas, el terreno que para estas alturas estaría en pleno frenesí constructivo yace en silencio en medio de San José, un enclave de basura que, algunos días, se huele desde un par de calles de distancia. Los vecinos hacen su vida y la feria no ha frenado. Las paredes a medio derrumbar enmarcan algunos edificos emblemáticos de San José, algunas cuadras al norte.

Colaboraron con esta nota Lucía Astorga y Aarón Sequeira.