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Uruguay, de la mano del desafiante presidente José Mujica, se convirtió este año en el primer país en el mundo en tener un mercado legal y reglamentado de la marihuana.
Nadie está seguro de qué consecuencias traerá esta nueva ley, ni siquiera el propio Mujica, quien reconoce que se trata de un “experimento” frente al fracaso de la receta represiva en otros países.
“En ninguna parte del mundo, lo represivo ha dado resultado”, ha dicho Mujica sobre su iniciativa, lanzada en junio del 2012 y aprobada el 10 de diciembre en el marco de un plan para combatir el incremento de la violencia.
La nueva legislación otorga al gobierno el control y reglamentación del cultivo, importación, cosecha, distribución y comercialización del cannabis y sus derivados. Habrá tres formas de acceder a la droga, todos con limitaciones y tras registrarse: el autocultivo, el cultivo en clubes de membrecía y el acceso a través de farmacias.
La ley vigente, aprobada en 1974, durante la dictadura militar, permite el consumo de marihuana y otras drogas, pero la producción y la venta están prohibidas.
La Junta Nacional de Drogas (JND) estima que en Uruguay, un país de 3,3 millones de habitantes, hay unos 120.000 consumidores de marihuana, aunque las asociaciones de consumidores sostienen que la cifra ronda los 200.000.
Según el mismo ente, en el país se comercializan cerca de 22 toneladas de marihuana, lo que totalizaría un negocio ilegal de entre $30 y $40 millones.
Pero será la reglamentación –que el Ejecutivo debe tener lista en un máximo de cuatro meses– la que determinará aspectos como cuáles variedades de la droga se producirán, con qué grado de concentración, cómo se otorgarán las licencias para plantar o cómo y dónde se cultivará.
Rechazo
El proyecto, como es de esperar, ha levantado críticas de varios sectores, desde grupos políticos hasta médicos psiquiátricos.
“La certeza de que va a haber mayor disponibilidad de marihuana a nivel de la población en general me hace sospechar que va a haber también mayor disponibilidad entre niños y adolescentes y esa es la repercusión más grave”, dijo el diputado opositor Alfredo Solari el día de la aprobación.
Además, el órgano de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de los convenios internacionales sobre drogas advirtió a Uruguay de que su ley viola los tratados internacionales de los que el país suramericano es parte.
Pese a todo, Uruguay, uno de los países más prósperos y seculares de Latinoamérica, confirma con esta legislación su tradición vanguardista en materia de leyes sociales.
Primero fue la despenalización del aborto en octubre del 2012, el segundo país latinoamericano de la región, después de Cuba, en permitirlo. Luego, en abril de este año, legalizó el matrimonio homosexual, hasta entonces solo habilitado en Argentina y en la Ciudad de México.
