Los pasos de Rodríguez por este suelo no demuestran preocupación. Creció en San José, pero su familia tenía fincas en diferentes parte del país y para su padre portar un arma de fuego era como llevar un “machete”. De hecho, la primera vez que Rodríguez disparó tenía 10 años.

“Mi papá tenía entre cuatro o cinco pistolas de calibre 45 o 19. Además, un par de revólveres y un par de rifles”, explica Rodríguez, “Desde pequeño me enseñaron lo que era un arma: una herramienta”.

De joven fue competidor olímpico de tiro y ahora calcula que tiene “unas cuatro o cinco pistolas y una escopeta”. Todas guardadas en caja fuerte en su casa.

A don Enrique algo lo inquieta y dice mantener el arma más por seguridad que por deporte. Siente que Costa Rica se ha vuelto más insegura.

Pareciera que esta corazonada también perturba a muchos otros costarricenses. En el 2016, la Encuesta Actualidades de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), utilizó una muestra probabilística de 1.059 personas en donde un 53,6% de la población consideraba que la inseguridad en el país era alta o muy alta.

Esta cifra es elevada. Demasiado si se compara con otros países de Centroamérica. Para el 2016, el Latinobarómetro, un estudio de opinión pública del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), encontró que Costa Rica se autopercibe más insegura que naciones como Honduras, El Salvador y Guatemala, aún cuando para ese mismo año, Honduras tenía una tasa de homicidios de 59,1 por cada 100.000 habitantes, mientras que Costa Rica era de 11,8.

Sigilosamente, al lado de esta creciente percepción de inseguridad la cantidad de armas de fuego en poder de los costarricenses ha aumentado. Entre 1990 y 1999, el promedio de armas registradas entre personas jurídicas y físicas era de 5.696 por año. En el período entre el 2010 y el 2018, el número asciende a 6.277.

No obstante, un análisis y revisión a la base de datos ControlPas del Ministerio de Seguridad Pública y los anuarios policiales del Poder Judicial, sugieren que aquellos cantones en donde existe una mayor cantidad de armas tienden a tener tasas de homicidio más altas que aquellos con una menor cantidad.

“El caso de Costa Rica es paradigmático", afirma Douglas Durán, coordinador del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal (Ilanud), “Es el país más seguro de América Central, pero hay un sentimiento de inseguridad que sobrepasa enormemente la victimización y tiene consecuencias serias porque impide la formulación de políticas de prevención”.

Una de estas políticas es la reciente reforma a la Ley de Armas y Explosivos N° 7530, con la que se logró reducir de tres a dos la cantidad de armas permitidas por ciudadano. Este resultado llegó después de un acalorado debate en la Asamblea Legislativa, en donde también tuvieron voz agrupaciones a favor de la tenencia de armas, como el grupo Pro Defensa Civil y de la Seguridad Ciudadana.

Mientras Durán piensa que la norma aún es demasiado permisiva, Rodríguez cree que es limitante. Sin embargo, ambos se encuentran en un punto medio: concuerdan en que una reforma a la ley era necesaria.

El país de paz que comenzó a armarse

Cuando Enrique Rodríguez disparó un arma por primera vez sintió emoción. De niño jugaba puntería con las latas de comidas y eventualmente esta pasión, como dice él, se concretó con la apertura del Polígono La Garita, en la década de 1960.

Así como su padre, él se encargó de enseñarles a sus cinco hijos a usar un arma, tres de ellos militares que han hecho el servicio en Estados Unidos. Hablar de tipos de balas y calibres es una típica conversación familiar, es una tradición.

“El polígono lo utilizaba gente muy allegada o miembros de la Fuerza Pública. Ya después lo comencé a alquilar para deportistas y personas que querían sacar el permiso”, comenta, “Ahora el arma es una necesidad por la seguridad y amenazas en general”.

Seguidamente, admite aliviado nunca haber tenido la necesidad de usar ninguna de sus armas fuera del polígono.

Costa Rica alberga 246.669 armas inscritas de forma legal al 2018, según datos del Ministerio de Seguridad Pública. De estas, 83.053 se encuentran en manos de personas jurídicas, 107.882 de personas físicas y otras 55.734 fueron inscritas antes de 1988 y por lo tanto no están clasificadas.

Actualmente, en el país sin ejército hay un arma por cada 20 personas.

A esto lo acompaña una creciente ola de violencia dentro del país. Según el Poder Judicial, en el año 2000 se registraron un total de 6.280 armas y la tasa de homicidios cometidos con armas de fuego fue de 3.3.

Pero en 2008 se registraron 14. 677 armas y la tasa se disparó a 7.9. Para el 2018, la cifra cerró con 8.0.

“Nadie discute que haya un aumento en los homicidios, pero cuando se analizan los otros países de la región, no se sostiene que haya un sentimiento de inseguridad tan grande y mucho menos que armarse sea más seguro”, afirma Durán, del Ilanud.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, la provincia de San José (11.604 armas registradas entre el 2013 y 2018) mantiene desde hace nueve años una de las tasas de homicidios con arma de fuego más alta del país, y que en el 2018 fue de 9,48 por 100.000 habitantes. Al otro lado, Guanacaste (1.087 armas registradas) presentó para el 2018 una tasa de 2,35.

Este fenómeno se repite también en los cantones. En los cantones centrales de Limón (712 armas registradas) y San José (2923 armas registradas), el promedio de las tasas entre el 2013 y 2018 es de 29.91 y 14,24 respectivamente.

Mientras que cantones como Tarrazú en San José (47 armas) y Hojancha en Guanacaste (16 armas) no registraron homicidios con arma de fuego entre el 2013 y el 2018.

Más allá de las armas

La creciente violencia dentro del país va más allá de la tenencia de armas. Sí, existe correlación con la cantidad de homicidios, pero no es lo único que debe ser tomado en cuenta.

Aunado a la complejidad del fenómeno de una sociedad más violenta, convergen otros factores que terminan de agravar el ambiente que puede vivir una comunidad. Un cantón con pocas armas registradas también puede tener una alta tasa de homicidios.

“Por ejemplo”, explica Durán, “situaciones de exclusión social como la falta de acceso a educación, vida digna y empleo genera sociedades en donde hay más criminalidad e inseguridad ciudadana en general”.

En el Índice de Progreso Social (IPS), un estudio que revela la capacidad del cantón para cubrir las necesidades básicas y la calidad de vida de sus habitantes, si se comparan los cantones de Hojancha (16 armas) y San José (2923 armas), el primero se ubica en la posición 10, indicando una alta posibilidad de progreso, mientras que el segundo está en la casilla 60.

Aparte de la tasa de homicidios y asaltos, el desempeño de San José es deficiente en temas como “matriculación en educación secundaria” y la “calidad de las viviendas”.

Sin embargo, cuando se analizan los cantones limonenses de Guácimo (172 armas) y Matina (137 armas), el ranking del IPS los ubica en la posición 57 y 76, respectivamente. Con promedios de tasas de homicidio con arma de fuego de 18.79 y 13.91, ambos tienen deficiencias en “Matriculación en educación primaria” y una alta “tasa de robos y asaltos”.

“El problema es que una mayor cantidad de armas genera respuestas más violentas a estos problemas. En los países donde hay acceso más fácil a armas de fuego y la legislación es más laxa, hay más violencia homicida”, afirma Durán.

De forma insólita, es aquí en donde un hombre cuyo trabajo se basa en prevenir una mayor cantidad de armas y otro que reconoce los tipos de bala en el suelo encuentran un punto medio. Tanto Durán como Rodríguez, concuerdan que para evitar la propagación de violencia el control debería ser más estricto.

“Practicar en un polígono no es obligatorio y los exámenes no son la mayor cosa”, dice Rodríguez, mientras recoge una de las balas del suelo entre risas, “igual esto es para desestresarse. Es más barato venir y gastar 10 mil pesos es un caja de tiros que un psicólogo”.

Una ley de los años 90

“Nunca en mi vida había recibido tantas amenazas”, dice, serio, el diputado Enrique Sánchez del Partido Acción Ciudadana, uno de los congresistas que más abogó por reducir el número de armas a solo una por persona. Al final la cifra quedó en dos.

“Nosotros no tenemos nada en contra de portadores que tienen su arma legalmente, pero la tenencia de armas en Costa Rica no es un derecho, es un permiso que el Estado da y tienen que cumplir con los requisitos que se pongan”, describe Durán.

La Ley de Armas y Explosivos N° 7530 se creó el 10 de julio de 1995 y desde entonces el procedimiento para tener un arma en Costa Rica ha sido relativamente simple.

Para dar inicio a la solicitud, se debe ser mayor de edad y pagar un timbre policial de mil colones. Después, la persona debe presentar un dictamen profesional que indique su idoneidad mental y aprobar examen teórico-práctico del Ministerio de Seguridad.

Entonces, se presentan ante el Ministerio datos personales, antecedentes judiciales y la factura de compra o la carta-venta del arma. Se finaliza la inscripción del arma en la plataforma web ControlPas.

“Mi visión era más de país. Entre más armas en la calle, más violencia. Con un arma en casa, un caso de violencia doméstica es más probable que pase a femicidio, una depresión a un suicidio y una riña en la calle a homicidio”, dice Sánchez.

El diputado cuenta que mucho del debate se dificultó porque las diferencias eran emotivas y no técnicas. Para las personas que, como Rodríguez en su polígono, han crecido con un arma en casa, el querer restringirlas puede ser visto como una amenaza.

Betty Stewart admite ser un ejemplo de esto. Ella mantiene en sus memorias más tempranas el sonido de balas y describe qué “se siente en rojo” cada vez que deja su arma en casa.

“Yo soy de Guanacaste con papá finquero. Como vivíamos en un territorio grande, para mi papá era importante que yo como mujer aprendiera a usar las armas. Para mi hermano también, él es tirador a nivel competitivo”.

Con 34 años, asiste de forma regular al polígono La Garita. Tiene tres armas a su nombre, pero le gustaría que fueran más, ya que también compite.

“Soy aficionada a las armas. Es como cualquier otro hobby, por ejemplo los ciclistas. Un arma de diferente marca o calibre es como decir para ellos el tipo de tennis o la bici”, argumenta tranquila. “El problema es que ponen un montón de trabas y descuidan otros aspectos”.

Antes de la reforma, se establecían tres armas como máximo por ciudadano para “seguridad personal, la de su familia y su patrimonio”. No obstante, la ley decía que si presentan motivos “debidamente fundados”, era posible inscribir un número mayor, pero no se especifica un tope. Tampoco en las armas de cacería.

El permiso tiene una duración de dos años, pero no se exige que la persona deba asistir con regularidad a un polígono en donde pueda practicar.

“Podemos hacer una recomendación para que la persona que tomó la decisión de portar un arma para seguridad practique, pero no obligarla”, aclara William Hidalgo, director general de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública (MPS), “Si quiere un arma de otra modalidad, como deporte, nosotros podemos pedir que nos demuestre que acude a un polígono una o dos veces al mes”.

La ley también deja por fuera el establecimiento de parámetros precisos para la aplicación de la prueba teórica. Vilma Quesada, encargada de Seguridad Privada de la Escuela Nacional de Policía, confirmó que hasta el momento no se cuenta con un temario establecido.

Quesada explica que la prueba consiste de 20 preguntas de marcar con “x”, de las cuales se tiene que tener 14 buenas para aprobar. Esto deja en manos de los polígonos enseñar lo que ellos consideren, o no, pertinente.

Para Stewart, el exámen teórico no dice mayor cosa porque lo considera fácil y light. Lo que la preocupa, es el práctico.

“El problema es que permiten el calibre 22 y si usted aprueba, ese permiso le sirve para todo. Si usted después dispara un calibre mayor son cosas totalmente diferentes porque el 22 es más suave”, explica la tiradora.

La prueba de idoneidad mental del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica tampoco se rige por una serie de parámetros.

El solicitante debe acudir a un psicólogo, público o privado, quien a través de una entrevista a profundidad y evaluaciones psicológicas determina si la persona tiene condiciones y características que podrían ser de riesgo para portar un arma.

“Depende del juicio del profesional que hace la evaluación”, dice María Elena Murillo, fiscal de la junta directiva del Colegio de Psicólogos, “tampoco está dentro de la evaluación en este momento pedirle a la persona una constancia médica de los antecedentes de trastornos mentales, pero si tenemos dudas, le podríamos pedir”.

Con la reciente reforma a la ley, ambos procedimientos van a actualizarse, pero no hay fecha fija de cuándo estarán listos o cuándo se comenzarán a aplicar.

Cuando los síntomas no los cura la medicina

A lo largo de los últimos años, América Latina se ha visto envuelta por una ola de mayor violencia. Aunque en Costa Rica esto se evidencia en menor medida, el país no escapa del fenómeno, en especial cuando se trata de armas de fuego.

Esto lo sabe bien Jorge Pulido, actual armero de empresas de seguridad como K9 y Armería Pollini.

“Creo que esto no es un trabajo que se escoge; universidad para la armería no hay en ningún país. Es más de experiencia y de trabajar con lo que uno tiene. Claro, esa experiencia se la tiene que enseñar alguien”, explica.

Con 57 años, Pulido cuenta que aprendió de un sargento bastante gritón durante su servicio de más de dos años en el ejército de Colombia. Aunque sabe manejar un arma a la perfección, prefiere no hacerlo y se conforma con solo repararlas o limpiarlas. Además, experimenta un alivio agridulce de que a sus manos lleguen en su mayoría “pistolitas” 9mm y 22mm que son, en su opinión, calibres bajos.

“Las usan más para deporte y por seguridad. Si usted va del trabajo a su casa en la noche, yo no creo que eso le salve la vida, pero diay, lo hace sentir un poquitito más seguro”, afirma.

De acuerdo con el informe del Estado de la Violencia Armada en Costa Rica del 2018 del Ministerio de Seguridad, el 44% de las armas decomisadas al hampa se encontraban correctamente inscritas a nombre de personas físicas o jurídicas. De este total de 3.820, solamente un 10% habían sido reportadas como robadas.

Al final, es innegable que una gran parte de las armas registradas para atenuar la inseguridad se terminan utilizando para cometer hechos delictivos. A pesar de que depende del negocio de las armas para vivir, Pulido concuerda.

“Deberían aprovechar que aquí es un ambiente muy diferente. Las personas se sienten orgullosas de no tener un ejército. Yo también. A mí dos armas me parecen bien, más bien me gustaría poder vivir en un país en donde uno pudiera estar sin tenerle miedo a nadie”, dice el armero.

Algo parecería darle la razón. La última encuesta divulgada por el Centro de Investigación y Estudio Políticos (Ciep) y la UCR indica que 61% de los costarricenses se opone a la compra de armas de fuego, frente a solo un 32% que manifestó estar a favor.

El mayor rechazo se desprende de quienes viven en Guanacaste, donde estuvo en desacuerdo el 69% de las personas consultadas.

“Más allá de continuar con el discurso alarmista, es necesario un Estado que logre reducir la inequidad y brindar mayores oportunidades. También, apoyar los programas sociales que busquen retomar espacios públicos”, afirma Durán.

“Pero yo no quiero que me quiten las armas”, retoma Rodríguez, dueño del polígono, “Tal vez sí es necesario formar portadores más responsables. Hacer el examen práctico con el calibre que se vaya a usar y que se sancione más fuerte cuando se incumple la ley”.

En dos trincheras opuestas, pareciera que ninguno encuentra paz con la nueva reforma. Se muestran incrédulos frente a quienes afirman que el simple hecho de reducir la cantidad de armas va a brindar una solución casi inmediata al problema de violencia, pero de alguna forma, ambos aceptan que cambiar la ley fue un buen comienzo.