Un gobernante electo rechazó la jefatura de Estado porque tenía una empresa de minería. Un general de origen portugués gobernó Costa Rica durante tres semanas mientras se decidía qué pasaría luego del fusilamiento del llamado “Simón Bolívar de Centroamérica”. Un presidente de la República en ejercicio optó –con presión militar de por medio– por eximirse de los deberes de su mandato para irse a apoyar a su suegra en su luto. Cosas veredes ocurridas en nuestro país.
La historia patria costarricense resguarda episodios de gobernantes que llegaron al puesto gracias al azar o porque no había más remedio. Más allá de los jefes de Estado y presidentes de la República ampliamente conocidos desde las clases de Estudios Sociales, recordaremos a personajes que estuvieron al mando del destino de Costa Rica por breves lapsos rodeados de singulares memorias.
Antes se debe aclarar que el siglo XIX fue muy inestable políticamente para la región centroamericana y Costa Rica no es la excepción. Sin embargo, a diferencia de otros países, aquí sí hubo una singularidad, destaca el académico, abogado y profesor Jorge Sáenz Carbonell: los pleitos se daban entre liberales que formaban parte de la oligarquía de la época.
“Todo era dentro del mismo grupo social y económico. Las elecciones se decidían en grupos pequeños. En ese momento el ciudadano común tenía poca incidencia en la elección”, afirma el especialista.
Fue a partir de las elecciones de 1913 cuando se establece el voto directo en Costa Rica.
Uno que se quita
Viajemos al siglo XIX, en la década posterior a la Independencia. Allí encontraremos al cartaginés José Rafael Gallegos Alvarado, un maestro de escuela que resultó electo como jefe de Estado en 1833 aunque no quería el cargo. A los dos años en el puesto, el gobernante progresista que declaró la Ley de la Ambulancia en 1834 se hartó y, luego de múltiples escaramuzas con el Congreso, logró renunciar.
Debido a la renuncia, le corresponde asumir como jefe de Estado al vicejefe, que era el político y hacendado Manuel Fernández Chacón (1786-1841), quien había sido integrante de la Asamblea Constituyente de 1824-1825, Intendente General y diputado por San José (1832-1833). Un paréntesis: este dueño de haciendas ganaderas en Bagaces y su esposa, Dolores Oreamuno y Muñoz de la Trinidad, tuvieron ocho hijos, entre los que se destacan Pacífica y Próspero Fernández Oreamuno.
Aquellas eran épocas de gran incertidumbre y cambios. Al ser llamado para cumplir con su deber con la Patria, Fernández Chacón estaba en sus tierras en Guanacaste y debía trasladarse hasta San José. Recuerden que era 1835 y este viaje no era rápido ni cómodo.
El Congreso anula las elecciones de Gallegos y nombra como jefe de Estado a Nicolás Ulloa Soto, un empresario que había sido senador, diputado y presidente de la Asamblea Legislativa. No obstante, Ulloa nunca llegó a tomar posesión del cargo porque se escuda en una ley que le permitía a las personas que desarrollaban actividades mineras excusarse de ejercer cargos públicos.
Luego, le corresponde a Fernández Chacón asumir como jefe de Estado provisional entre marzo y mayo de 1835.
“Manuel Fernández asume en una condición muy rara porque primero estaba llamado simplemente a terminar el periodo de Gallegos, pero como la Asamblea anuló la elección, entonces dijo: ‘¡Ah, no! Hay que volver a hacer elecciones’. Entonces, Manuel Fernández gobierna ese tiempo y es un gobierno importante porque aprueba la abolición de los diezmos en Costa Rica y la creación del Departamento hoy provincia de Guanacaste”, cuenta Sáenz Carbonell.
A Fernández Chacón le correspondió entregarle el poder el 5 de mayo de 1835 a Braulio Carrillo Colina.
Hombre honorable y decente
Para las elecciones de 1837, el gobierno cometió fraude para volver a poner a Carrillo al frente. Se armó un pereque enorme. Cuando a Carrillo se le acaba el periodo, no lo quieren un minuto más en el Poder Ejecutivo. Debido a que aún no está el resultado de las elecciones porque el fraude estaba siendo investigado, el Consejo Representativo –una especie de Senado y Sala Cuarta juntos, detalla Sáenz Carbonell– nombra como Jefe Supremo Provisorio del Estado de Costa Rica al político y juez Joaquín Mora Fernández, un hombre muy honorable que, por ejemplo, fue magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia en 1832. Y si le suenan los apellidos, no está equivocado: se trata de uno de los hermanos menores de Juan Mora Fernández, primer jefe de Estado de Costa Rica.
El periodo de Joaquín como Jefe Supremo Provisorio fue de tan solo mes y medio (del 1.° de marzo al 17 de abril de abril de 1837), cuando le entregó la batuta a Manuel Aguilar Chacón, jefe de Estado entre el 17 de abril de 1837 y el 27 de mayo de 1838.
El puerto definitivo de un portugués
En aquel siglo XIX llegó a Puntarenas un marino y militar portugués que se enamoró de una costarricense, María del Rosario Castro Ramírez, y del país: Antonio Pinto Soares (1780-1865). En 1842, este general lidera el movimiento popular en contra de Francisco Morazán Quesada (1792-1842). Cae el hombre llamado por algunos centroamericanos como el “Simón Bolívar de Centroamérica”, con sus ideas de volver a levantar la República Federal Centroamericana: luego de una encarnizada lucha contra la insurrección, el hondureño fue traicionado, derrocado y fusilado.
El control del gobierno costarricense queda en manos del portugués, quien durante tres semanas procura calmar los crispados ánimos y evitar las persecuciones políticas. Los anhelos dictatoriales no estaban en sus planes: no pretendía perpetuarse en el poder y apenas puede se lo entrega al hacendado y comerciante José María Alfaro Zamora (1799-1856), designado de forma provisional por un grupo de notables de la época.
Posteriormente es electo en 1844 como jefe de Estado el político cartaginés Francisco María Oreamuno Bonilla (1801-1856), aunque en ese momento no tenía ninguna inclinación hacia el cargo.
Según rememora el profesor Sáenz Carbonell, Oreamuno siempre quiso renunciar, pero no se lo permitieron. Asume el puesto y pronto se retira a Cartago por problemas de salud; luego, el Congreso manda a una comitiva de diputados a traerlo y Oreamuno vuelve a insistir en la renuncia. Incluso, cuenta el especialista en jefes de Estado y presidentes de la República, se disponen a abrirle un proceso penal por abandono de funciones; no obstante, el castigo sería obligarlo a renunciar.
“El señor le dice a la Corte: ‘Yo no entiendo. Me van a dar en sentencia penal condenatoria lo que yo estoy pidiendo desde hace rato: que me acepten la renuncia. Entonces, la Corte ni siquiera lo tramitó; lo metió ahí en una gaveta Es un caso pintoresco. A Oreamuno no le interesaba ser el jefe de Estado”, explica el académico.
Querido hermano mayor
Sobresale en estas historias de presidentes interinos la de Miguel Mora Porras (1816-1892), quien estuvo tan solo 11 días en el cargo: del 15 al 26 de noviembre de 1849.
Se trata del hermano de Juan Rafael Mora Porras, célebre presidente de la República que dirigió a Costa Rica en la gesta heroica de 1856 y 1867 contra los filibusteros, y del también destacado militar José Joaquín Mora Porras.
Don Miguel era diputado por San José en el momento idóneo. Cuando el Congreso le acepta la renuncia a José María Castro Madriz, en noviembre de 1849, se genera un problema porque, aunque ya se habían efectuado las elecciones para vicepresidente, aún no estaban los resultados.
Según la Constitución de entonces, el siguiente que podría asumir la presidencia de forma provisional era el presidente de la Asamblea Legislativa. Ese era otro problema porque en ese puesto estaba el guatemalteco Nazario Toledo y debía ser un ciudadano costarricense por nacimiento. La tómbola sigue dando vueltas y la Asamblea, a sabiendas de que Juanito Mora había ganado la elección a vicepresidente, designa a su hermano Miguel.
De esta forma, Miguel se encargó de Costa Rica durante 11 días, en los cuales incluso recibe a Frederick Chatfield, cónsul general de la Gran Bretaña en Centroamérica, y luego le entrega el poder a su hermano mayor, que fue el vicepresidente electo, el 26 de noviembre.
Llamado por el luto de una viuda
La inestabilidad que caracteriza a la política nacional en el siglo XIX continúa. Y llegamos a 1882 cuando ocurre otro caso sui generis.
Como ya conocemos, el general Tomás Guardia Gutiérrez (1831-1882) gobierna de facto. Luego de cinco años de dictadura, decide entregar el poder y se hacen elecciones. Debido a que se enferma de gravedad, él llama a ejercer la presidencia al primer designado, su yerno Saturnino Lizano Gutiérrez (1826-1905), quien había sido parte de la Asamblea Constituyente de 1870 y secretario de Gobernación y carteras anexas.
El 6 de julio de 1882 muere en Alajuela el general Guardia a los 50 años y Lizano Gutiérrez se convierte en presidente de la República. No pudo ni calentar la silla presidencial porque apenas estuvo 14 días en el cargo.
En aquellas elecciones convocadas triunfó el general Próspero Fernández, que era el sétimo designado a la Presidencia. Es decir, si algo le pasaba a Tomás Guardia, él era la sétima opción a llamar para encargarse del Poder Ejecutivo.
El general Fernández no quiso esperar hasta asumir su mandato constitucional, sino que le pidió a Lizano entregarle la Presidencia de inmediato y le recuerda que él tiene los cuarteles. Así que don Saturnino lo llama el 20 de julio al ejercicio interino de la Presidencia como sétimo designado.
Sáenz Carbonell no pierde momento para detallar el pretexto que puso Lizano Gutiérrez en su carta para ejecutar esta decisión: aseguró ser llamado por estrechos vínculos de familia para consolar a la viuda de don Tomás Guardia, que estaba sumida en el dolor y la aflicción, por lo cual era necesario eximirse de los deberes que demandaba el mando supremo de la nación.
El 10 de agosto, el general Fernández Oreamuno empezó su mandato como presidente constitucional.
Un caso del siglo XX
Por último, vale la pena recordar a Juan Bautista Quirós, que le tocó asumir la Presidencia nada menos que después de la convulsa y sanguinaria dictadura de los Tinoco (1917-1919).
Luego de la muerte de José Joaquín Tinoco, asesinado en una calle en San José, el presidente Federico Tinoco Granados decide irse del país el 12 de agosto de 1919. El dictador deja firmada su renuncia antes de partir hacia Francia y llama a ejercer el poder al primer designado: Juan Bautista Quirós, un empresario y militar muy honorable. “Nada parecido a las políticas de los Tinoco”, precisa Sáenz Carbonell.
Ocho días después, el Congreso acepta la renuncia de Tinoco; Quirós se convierte en Presidente de la República y le correspondía terminar el período hasta 1923. Sin embargo, había una gran presión a lo interno del país y por parte de Estados Unidos (que no lo reconocía como mandatario), por lo que don Juan Bautista opta por apartarse y una junta de notables nombra a Francisco Aguilar Barquero (1857-1924), quien trabajó entre 1919 y 1920 en la conciliación nacional, devolverle al país lo perdido con los Tinoco y convoca a elecciones.
El resto es historia harto conocida y llena de otras cosas veredes que siempre darán espacio para la perplejidad y la memoria.