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“Allá hay camarotes de tres, duerme gente en el suelo, los baños son asquerosos, las llamadas por teléfono son muy limitadas…”, recuerda Felipe López, mientras escuchamos una canción en el concierto de Sonámbulo. Allá: Centro de Atención Institucional Nelson Mandela, antes conocido como La Marina.
Acá, en la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos (en San Rafael de Alajuela), todo cambia. Si la de San Carlos es una de las ocho prisiones con problemas más graves de hacinamiento, en la Reinaldo Villalobos se respira algo distinto. Para empezar, se puede respirar.
“Aquí usted tiene su cama, su propio locker, el aseo es número uno. Le enseñan valores a uno. En otros centros penales, más bien los pierde”, señala López, de 24 años. Cumple una sentencia de 17 años, pero aspira a salir con la mitad. De la centena de privados de libertad que escuchan a la banda, con sus maracas y trompetas desaforadas, quizá muchos sueñan con lo mismo: volver a casa antes de que se cumpla su extensa condena.
Para lograrlo, López está terminando el colegio y llevando cursos de plan de negocios, de emprendedurismo en la UAI. “Con esto yo, y sé que lo voy a lograr, no voy a reincidir. ¿Cómo usted quiere que la gente no vuelva a la cárcel si no se la capacita?”.
Pareciera una obviedad decirlo, pero allá afuera, lejos de la UAI, la cosa es distinta. Estos hombres lo saben. Hoy, sudan frente a la tarima. Algunos se saben las letras, otros se las aprenden verso a verso.
Unos cuantos miran a la distancia mientras los más jóvenes se arremolinan frente a los músicos en el gimnasio. A los lados se ve el zacate del exterior, las máquinas de ejercicio, los caminos – “como en un residencial”, dice un hombre– que llevan a los módulos, donde hay una cama para cada uno. De las 17 prisiones del país, hay 11 que no deberían de recibir ni un solo preso más: tienen cierre técnico, están hacinadas.
Es difícil imaginar una cárcel sin pleitos perpetuos entre hombres que se aferran, en su encierro, a jirones de poder. “Aquí no existe el jachudo, el que manda más, nada de eso. Aquí todos somos por igual, aquí todos somos personas, seres humanos”, afirma López.
Uno sabe las historias: hay que imponerse y dominar, tienen que saber quién manda. Y López quizá sea un optimista: sí hay fricciones. Pero varios compañeros suyos insisten luego en que aquí la cosa es diferente.
Sonámbulo toca tres piezas más. Le dedica una, La maraca, a Marco Feoli, el último de los tres jerarcas que tuvo el Ministerio de Justicia y Paz durante la administración Solís Rivera. Junto con Cecilia Sánchez, de quien fue viceministro, protagonizó uno de los mayores debates morales y políticos que Costa Rica ha vivido recientemente.
¿Qué vida merecen losprivados de libertad –una población enteramente a cargo del Estado– en esas prisiones atestadas?
Prueba moral
Marco Feoli, de 39 años, no esperaba ser ministro. Dice que nunca ha aspirado a una carrera política. Ahora, cuando le deje el cargo a Marcia González (la ministra designada por Carlos Alvarado), probablemente volverá al Poder Judicial, donde empezó a trabajar en el 2000.
Cuando Cecilia Sánchez lo llamó a acompañarla al asumiór el cargo, a un año de iniciada la administración, Feoli acudió para enfrentar el desafío de resolver el apremiante ahogo de las cárceles. No se ha logrado, pues el hacinamiento institucional ronda el 25%, pero en aquel momento se acercaba a 55%.
Una tarde reciente, Feoli se sentó en un café josefino para repasar cinco meses de ministro y dos años y medio de trabajo con Sánchez. Habla con calma, pero vehemente. Ha estado perpetuamente bajo el ojo público por ser el “liberador de golondrinas”, el heredero de “la alcahueta” que fue Cecilia.
Se les acusó de ser demasiado laxos con los beneficios carcelarios y de no construir más prisiones; se les responsabilizó, a diario, del aumento en la sensación de inseguridad que figuras de toda clase, políticas y no, reprochan a la administración Solís Rivera. Su acercamiento generó fricciones políticas –tratar bien a los presos nunca ha ganado muchos votos– y también dentro de la institución, quienes les reprochaban priorizar a los privados de libertad por sobre las necesidades de los policías. Los cuartos de los propios policías son insalubres en muchos casos.
Dentro del mismo gobierno hubo disenso. Apenas en enero, el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, tuiteó: “No coincido con las políticas de cambio de régimen a personas privadas de libertad (...). Sigo sin entender dónde quedan los derechos de las víctimas y de mis compañeros uniformados. Por ellos, seguiremos en la lucha”.
De cualquier modo, la situación apremia. El Ministerio de Justicia y Paz, con una planilla de 5.562 funcionarios, tiene un presupuesto de ¢144.566 millones. 80% de estos recursos se invierten en la administración penitenciaria. Para Feoli, ese dato obligó a Sánchez y a él a atender los problemas de esa área, de índole esencialmente humanitaria, derivada de la infraestructura inadecuada o insuficiente.
El sistema penitenciario atiende a 36.020 personas. 13.902 (38,6%) están en centros de detención –el doble de hace una década–; en regímenes semiabiertos está el 12,5% y, en abiertos, el 48,9%.
La quinta parte de los privados de libertad está en prisión preventiva, esperando su juicio –lo cual explica, en parte, el hacinamiento grave de la cárcel de San Sebastián, que es para personas acusadas de delitos–.
En el 2016, un juez de ejecución de la pena, Roy Murillo, había ordenado su cierre, dictaminando: “La historia de la cárcel de San Sebastián refleja el fracaso estatal costarricense por desarrollar un sistema penitenciario garante del principio de humanidad y respeto a la dignidad humana”.
Ante tal realidad, a pesar de la nula “rentabilidad” política de promover el trato humanitario de los presos, como acepta Feoli, el gobierno se lanzó con todo a defender las medidas de Sánchez y Feoli, incluso en las voces del presidente Luis Guillermo Solís y de su vicepresidenta, Ana Helena Chacón. “ Otro presidente nos echa a los tres meses”, dice Feoli.
Camino al futuro
Para el aún ministro, el problema se agrava porque, por años, el sistema penitenciario estuvo solo dirigido por mandos medios. “Nos metimos con el sistema penitencario porque era nuestra prioridad. Entendíamos que había una violación permanente de los derechos humanos, que no es que haya cambiado del todo, pero había alcanzado cifras y niveles inasumibles”, argumenta. “Estaban acostumbrados a que un ministro no llegaba a una cárcel, a que un ministro no llamaba a pedir cuentas”.
Mantener las políticas que se han desarrollado seguirá siendo un balance delicado. En diciembre, prácticamente nadie hubiera apostado porque el Partido Acción Ciudadana continuara en el poder. Según Feoli, algunos funcionarios pudieron sentirse en libertad de querer que todo siguiera como antes. El desgaste de la administración Solís por el escándalo del cemento chino y el mal desempeño en infraestructura, principalmente, apuntaban a un cambio de timón.
“En algún momento me di cuenta de que había funcionarios que querían que las nuevas cárceles se empezaran a llenar como si fueran las otras. Ese es un riesgo enorme”, confiesa Feoli.
Aún es posible echar marcha atrás, aunque hayan desaparecido, por ahora, las voces políticas que abogaban por penas más duras, para más crímenes, y por prisiones-calabozos. Nada de lo avanzado es irreversible.
Otro ritmo, otra vida
¿Qué es una prisión y para qué sirve? ¿Es un sitio para expulsar de la sociedad a quienes no queremos ver más o un espacio para intentar transformarlos?
La tarde del concierto de Sonámbulo, unos 10 hombres trabajaban en el taller del Reinaldo Villalobos –llamada así por el reconocido director de Adaptación Social, fallecido en el 2016–. Bajo el amplio techo, algunos tallaban madera, otros la pintaban, y unos cuantos daban toques finales a pinturas de bosques y aves.
Wílmer López, de 35 años, estuvo en la cárcel de Liberia y lleva un año aquí en Alajuela, desde la apertura del centro. Salpicado de pintura, dice: “La diferencia es todo, está en la alimentación, en el esparcimiento… empezando porque en las noches podemos sentarnos a ver la luna, sentir el frío, sentir el viento, sentir el zacate, pasar y poder darle el buenos días a un oficial sin temor de que algún compañero diga algo”.
Alrededor, otros privados se ocupan como pueden. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Aprendizaje ofrece 14 cursos y todos deben participar de alguno.
Entre las opciones están cultivo de hortalizas, aplicaciones informáticas, plan de negocios y servicio al cliente, entre otros, orientados a que sea posible llevar cursos complementarios que les permitan formar un microemprendimiento al salir.
“Aquí no hay nada que ocultar: aquí es cero armas, cero drogas. Esto es un lugar para cambiar”, dice López. Pero no todo ocurre sin fricciones. Un hombre mayor de 50, quien prefirió no ser identificado, dice que ve aquí a muchos jóvenes que no saben cómo es realmente el mundo de afuera.
“Ellos viven en un mundo muy fantasioso (...), creen que en la calle la familia los van a estar manteniendo. Son muchachos que no están preparados para enfrentar una sociedad”. Pero sí subraya que la formación que les ofrecen brinda al menos las herramientas para vivir apartados del crimen.
“América Latina, especialmente, es una sociedad muy punitivista que cree que el castigo funciona”, dice Marco Feoli.
Pero, ¿en qué me beneficia a mí, como ciudadano, que una persona que comete un crimen muy violento, muy brutal, esté encerrada en un espacio de ese tipo y no en una “jaula”? “Esa persona va a salir en algún momento”, dice Feoli. ¿No debería quedarse encerrada para siempre? “No. No debería quedarse encerrada para siempre”. Eso sería venganza, no justicia, argumenta.
Trasladar ese mensaje a la opinión pública fue lo más dífícil de toda la gestión. Cuando se empezaron a trasladar personas al régimen semi institucional, que permite una progresiva reintegración a la sociedad a privados de libertad no condenados por delitos graves, no peligrosos, no adictos a sustancias ni a quienes hayan participado de violencia sexual u organizada. Tal régimen empezó a fortalecerse para bajar el hacinamiento, pero pronto se convirtió en pólvora política.
Una vez, al capturar a un beneficiario del régimen, se le cuestionó al presidente Solís por qué se “liberaban reos”. Él respondió con el refrán: “una golondrina no hace verano”, pues solo 3,6% de los reos en el programa había cometido un nuevo delito. Pero “golondrina” se convirtió en el apelativo predilecto de prensa y ciudadanos para referirse a los criminales.
“No supimos parar la distorsión que hubo con el tema de las liberaciones masivas”, reconoce Feoli como error de la gestión suya y de Sánchez. “No sé si hubo impericia de parte nuestra. No sé si nos enfrentamos a una maquinaria mediática difícil de gestionar, no sé si era imposible. No hubo colaboración de actores claves, no solo mediáticos, sino también políticos, que favorecieron la idea de liberaciones masivas”.
¿Y arrogancia? ¿Fue arrogante Feoli en la defensa de su proyecto?
“No. No creo que hayamos sido arrogantes. Lo que hicimos fue defender algo que generaba mucho rechazo, mucho rechazo que estaba basado en el prejuicio. En todo caso, a diferencia de mí, yo puedo ser una personalidad más beligerante y podría parecer más petulante. Ahora, te voy a decir algo, yo únicamente he hablado de los temas y las cosas que yo sé: tengo 18 años de trabajar en esto ”.
De todos modos, dice, encontrar puntos de diálogos con los adversarios más públicos de sus políticas fue difícil. “Entre quienes fueron más críticos con nosotros –estos personajes de redes sociales, tipo Juan Diego Castro, o en políticos que nos criticaron, como Mario Redondo y Fabricio Alvarado– nunca encontré que hubiera el mínimo de razonabilidad en lo que estaban diciendo”. Era cosa de ignorancia o de oportunismo, dice Feoli.
Tras tantos meses de soportar la peor imagen de los ministerios, ¿qué siente Feoli al escuchar la palabra “golondrina”? Mira hacia el piso del café josefino. Mira hacia la ventana. Pasan los segundos. “Una profunda repugnancia. De verdad, porque me parece que la gente no ha entendido que detrás de eso hay una visión tremendamente clasista, no solo de la sociedad, sino de la delincuencia”.
Para Feoli, es un término utilizado para referirse a “los delitos que comenten los pobres”. “Si hablás de golondrinas, como antes de chapulines, despojás de humanidad a esa gente que te resulta desagradable e incómoda, entonces es mucho más fácil deshacernos de ella, y pensar que esas gentes que ya no son seres humanos, merecen todo tipo de castigo, de venganza social, de malos tratos, porque ellos son malos, son feos, son desagradables, son los enemigos que necesitamos construir para tranquilizar nuestros espíritus”.
Pero claro que se enojaba cuando una persona en régimen semi institucional reincidía. “Por un lado la reacción más primitiva era como ‘mae, pero cómo sos tan… cómo podés hacer esto’... No importa que seás solo vos y haya otros 6.000 más que no lo estén haciendo, porque ya vienen CRHoy, Diario Extra, AM Prensa, Juan Diego Castro con sus memes espantosos ochenteros, a decirme que esto es muestra de que todo es un desmadre”, reconoce.
“Pero por otro lado, me daba mucho más enojo la reacción de la prensa. Yo puedo entender políticos que se aprovecharan de esto porque era una forma de criticar al gobierno aunque no tuvieran razón, pero en los medios de comunicación a mí me parecía una cosa delirante. Yo no puedo imaginar que haya tal nivel de irresponsabilidad”.
Saliendo del concierto de Sonámbulo, caminamos hacia los módulos. A ambos lados del camino, los hombres conversaban en grupitos. Otros, solos, miraban a los demás pasar. Un hombre que iba caminando dijo: “Dios se lo va a agradecer, Feoli”.
El autoexamen
¿Logros?
“El cambio del discurso, el posicionamiento de un discurso incluso impopular pero necesario. Cuando uno asume ciertos cargos políticos tiene la obligación de ser claro con un discurso e impulsarlo (...).
La construcción de tres centros penales con un modelo de atención distinto. En tercer lugar, los cambios legislativos que logramos”.
Se refiere Feoli sobre todo a los cambios en el registro de antecedentes penales, al monitoreo electrónico y las penas alternativas para sancionar delitos menores, como la prestación de servicios de utilidad pública.
“Otro logro el cierre de ‘las tumbas’ (Máxima Seguridad vieja) de La Reforma.
Eso está al mismo nivel del cierre de la Penitenciaría Central o de la isla San Lucas. Era un espacio de aislamiento donde la gente enloquecía y eso regía aún dos años atrás. Doña Cecilia lo cerró inmediatamente”.
¿Pendientes?
En primer lugar, Feoli dice que falta fortalecer el sistema de penas de utilidad pública, así como procurar razonabilidad de las penas para mujeres en situación de vulnerabilidad –por ejemplo, en el caso de víctimas de violencia de género que cometan delitos menores–.
Por otra, acepta que debe insertarse su discurso de forma más efectiva en la institución. “Es fundamental que las personas que lleguen sepan que van a trabajar con gente que no les gusta a la mayoría de las personas y que nosotros no podemos actuar como si fuéramos jueces morales de la gente en las cárceles.
Los actuales directores de la policía penitenciaria se esforzaron muchísimo, pero hay que seguir trabajando muy fuerte”, argumenta.
Asimismo, reconoce que se deben de atender necesidades materiales de la policía penitenciaria y fortalecer sus procesos de formación.
“Son los primeros que tienen relación con la población penal y quienes primero pueden reproducir los vicios, excesos y abusos (del sistema)”, acepta.
¿Errores?
Feoli reconoce que no se combatió de forma eficaz la desinformación que había en torno al régimen semi institucional y a los procesos de formación y socialización que realizaron con privados de libertad.
También reconoce que no se apoyó más el Viceministerio de Paz, que con sus Centros Cívicos para la Paz en comunidades más sensibles, permitiría un abordaje más integral de las condiciones vulnerables que favorecen la criminalidad.
“Pudimos haber hecho más cambio a lo interno de las estructuras del ministerio. Hay gente que tiene demasiado tiempo de estar aquí y gente que ya no es útil.
Hay gente muy valiosa y gente que no y tal vez nos tomamos demasiado tiempo al tomar decisiones que tenían que ver con cambios (como en el Instituto de Criminología y el Sistema Penitenciario)”, confiesa.
