Escuchar
Desde su ascenso al poder, el presidente Rodrigo Chaves ha sostenido un discurso confrontativo hacia diversas instituciones del Estado. Sus críticas al Ministerio Público y al Poder Judicial derivaron en una manifestación celebrada este martes 18 de marzo en San José, donde, acompañado por decenas de seguidores, solicitó la renuncia del fiscal general de la República, Carlo Díaz.
Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), afirmó a Revista Dominical que la marcha chavista fue un acto “infame”, motivado por el “temor” del mandatario al principio de legalidad. ¿Cuál es el trasfondo de esta protesta? ¿Hasta qué punto el discurso del presidente podría estar debilitando los contrapesos institucionales y afectando la solidez democrática del país?
LEA MÁS: Carlo Díaz: Manifestación promovida por el presidente Chaves busca obstaculizar procesos penales
– ¿Cuáles son los elementos que la ciudadanía debe tener claros para comprender esta confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial?
– Hay unos que son de tipo doctrinal. Primero tiene que haber una separación de poderes y un equilibrio en las relaciones entre ellos. En segundo lugar, tenemos que decir que de los tres poderes de la República, el Poder Judicial es el más importante. Es el único que aun cayéndose un Ejecutivo, cayéndose una Asamblea Legislativa como sucede en regímenes parlamentarios, el Judicial está encargado de velar por la legalidad de la actuación de los otros.
“Y la tercera, quizás la más importante, tiene que ver con lo inmediato. Los autócratas o los presidentes con tendencias autoritarias, como el presidente Rodrigo Chaves, les da pánico que en virtud de sus actuaciones, decisiones o pronunciamientos, puedan ser judicialmente cuestionables o encausados. Evidentemente, el debilitamiento al Poder Judicial se constituye como su única arma frente a esos eventuales procesos que se estarían dirimiendo en sede judicial.
“Hay más de 50 causas, ya muchas han sido desestimadas, pero nunca en la historia de este país se ha visto un presidente y un Ejecutivo con más de 50 causas que pueden ser de recibo o no, pero están presentadas en sede judicial. Quien nada debe, nada teme, y parece que él teme mucho.
– ¿Considera que los calificativos despectivos por parte del presidente Rodrigo Chaves hacia el fiscal general y otros jerarcas reflejan una estrategia política provocativa?
– Sí, claro, y no es novedosa. En el caso específico del presidente Chaves, desde el inicio de su gobierno ha utilizado una narrativa de ataque frontal contra lo que en cualquier democracia, Estado de derecho y régimen republicano se conoce como los mecanismos de pesos y contrapesos (...). El presidente Chaves ha seguido la receta de lo que algunos autores como Moisés Naim llaman gobernantes autócratas de las 3P: la polarización, el populismo y la posverdad.
“Él (Chaves) es congruente con lo que ha hecho desde hace tres años, que es deslindarse de cualquier responsabilidad que es propia del Poder Ejecutivo y atribuírsela, casi que de manera exclusiva, a los otros poderes donde él no tiene capacidad, o por lo menos no con la que él quisiera, capacidad de influencia y de decisión.
“Es congruente siguiendo el manual que, de manera más inmediata o cercana, han seguido gobernantes 3Ps como Nayib Bukele, Daniel Ortega y muchos otros en la región. Esto no tiene nada que ver con izquierdas y con derechas, tiene que ver con gobernantes autócratas“.
– ¿Como Hugo Chávez también?
– Sí, en algún momento. Hay muchos ejemplos al respecto: Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en los Estados Unidos (...). Lo mismo ha hecho Viktor Orbán en Hungría, Recep Erdogan en Turquía... es parte de una estrategia global que no tiene distintivo ideológico. Tiene un único propósito de concentrar en las manos de un gobernante el poder absoluto, el debilitamiento y la erosión del sistema de pesos y contrapesos, el control ciudadano y la rendición de cuentas que debería tener todo régimen republicano que se precie ser una democracia plena, como es el caso de Costa Rica.
– El presidente afirmó en conferencia de prensa que asistiría a la marcha como ‘ciudadano’, alegando que no podría ser acusado de beligerancia política. ¿Es realmente viable separar su investidura en este contexto?
– Eso no es una cuestión de derecho, sino de hecho. El principal temor de un gobernante autócrata es que el Poder Judicial es el garante para que se cumpla el principio de la legalidad, que consiste en algo muy sencillo: usted en la función pública solo puede hacer lo que expresamente le faculte la ley, a diferencia del ámbito privado, que como personas ciudadanas sin tener ningún cargo público, podemos hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por ley.
“Él (Chaves) estaría haciendo una inversión del principio de legalidad y está haciendo cosas desde un rol que, desde el punto de vista de su investidura, no le corresponde. Ese es justamente el temor permanente de los autócratas con respecto al Poder Judicial. Para ellos el principio de legalidad es un obstáculo en sus afanes autocráticos.
“Yo no soy abogado, entonces no puedo anticipar si estaría incurriendo o no en una ilegalidad. Le estoy diciendo cuál es el principio rector de la actuación de cualquier funcionario público, incluyendo el presidente”.
– ¿Qué significa que hayan asistido alrededor de mil personas a la marcha? ¿Este número de asistencia tiene algún impacto? (La entrevista se realizó mientras se desarrollaba el evento, por lo que era difícil estimar asistencia; no obstante, fue reducida como se pudo apreciar en múltiples fotografías aéreas).
– Yo simplemente lo pondría en contraste con las marchas que hemos visto organizadas en los últimos dos años desde la sociedad civil, contra decisiones del gobierno, en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en defensa de la educación pública, etcétera.
“Han sido marchas masivas, exitosas, de varias cuadras en las principales avenidas de este país, frente a 1.000, por decir muchas personas, concentradas debajo de un árbol en la Plaza de la Democracia. Eso en lugar de demostrar una fuerte capacidad de movilización y legitimidad, lo que demuestra es una debilidad orgánica y una incapacidad para movilizar ciudadanos.
“Ninguna de las marchas convocadas desde el gobierno durante los últimos dos años ha sido significativa. Es más, podríamos decir que son marchas ínfimas, irrelevantes, intranscendentes. Y esta no podría ser la excepción.
“El que nada debe, nada teme. Y el presidente con estos aparentes actos fallidos de poder, lo que está demostrando es una enorme desesperación. Está muy preocupado. Lo que muestra es congoja. Lo que muestra es impotencia”.
