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Aparte de ser rectores y catedráticos de universidades públicas, Henning Jensen Pennington y Alberto Salom Echeverría tienen más cosas en común desde este año.
Uno psicoanalista y el otro politólogo, los dos compartieron sitio en la palestra pública, donde fueron sujetos de críticas; desfilaron en comisiones legislativas, se enfrentaron a autoridades públicas, recibieron dardos de sus propios estudiantes e inspiraron a usuarios de redes sociales y creadores de memes.
Por separado, le hicieron frente a las denuncias contra algunos subalternos por acoso sexual en la Universidad de Costa Rica, uno, y de la Universidad Nacional, el otro, así como los reclamos por una débil normativa.
Juntos, levantaron la bandera de la autonomía universitaria para exigirle al Ministerio de Hacienda la exclusión de la regla fiscal o límite al crecimiento del presupuesto contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La pelea la llevaron a la Sala Constitucional, con el apoyo de sus homólogos del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
También unidos, dieron una batalla aún más cruenta contra el mismo enemigo, al oponerse al mandato de trasladar ¢70.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) a infraestructura y equipamiento, como había quedado en el acuerdo que firmaron con Hacienda en julio.
Basada en ese compromiso, la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, presentó el 30 de agosto a la Asamblea Legislativa el Presupuesto Nacional del 2020. En este, especificó que de los ¢513.000 millones del FEES, ¢70.000 millones eran para gastos de capital (inversiones).
El primero en pegar el grito al cielo contra la medida fue Jensen. Su reclamo fue el inicio de un conflicto que podría ser uno de los más angustiantes en los 38 años de servicio de este académico, hijo de danés y madre guatemalteca, que llegó al país cuando tenía un año, en 1951.
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De acuerdo con la alerta del rector, del 14 de octubre, las universidades estatales quedarían en "estado de emergencia", con el traslado de esa partida.
Por esta causa, Jensen y Salom hicieron lobby en el Congreso, gestión que dio frutos dos días después cuando los diputados redujeron la obligación a la mitad; es decir debían destinar ¢35.000 millones a infraestructura y equipamiento.
Pero ahí no terminó todo.
Aquel fue detonador de una explosión de reproches y quejas, sobre todo de los estudiantes, por la autonomía.
Con protestas, toma de edificios y cierre de calles, los universitarios pidieron la renuncia de los rectores y cuestionaron los salarios que devengan, de ¢9 millones para Jensen, y ¢6,8 millones para Salom. Docentes y funcionarios se sumaron luego al pedido de renuncia.
Aquel fue un octubre difícil para los rectores.
"Rector entreguista", "estás entregando la universidad pública", "me están quitando mi beca" , "Usted es el responsable de eso, es responsable de eso, de que nos quiten la beca, de que nos quiten el presupuesto, de la acción social, de todo, estás vendiendo la universidad pública. Sos fundador del PAC, sos fundador del PAC ", gritaban jóvenes con rostros tapados mientras Salom salía de la Rectoría, el 17 de octubre.
A lo mejor, en aquellos instantes, mientras avanzaba acongojado entre los muchachos, recordó cuando él también se manifestaba como presidente de la Federación de Estudiantes de la UCR, entre 1974 y 1975.
Fueron sus primeros pasos en la política. Luego fue militante de izquierda, fundador del Partido Socialista Costarricense y de Pueblo Unido. En el 2002, le dio la adhesión al Partido Acción Ciudadana (PAC), por el cual ocupó una curul en la Asamblea Legislativa en el periodo 2006-2010.
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Su asesor de prensa era entonces el ahora presidente, Carlos Alvarado, mientras que el mandatario, Luis Guillermo Solís, lo consideraba "su hermano mayor".
“No negociamos con encapuchados”, fue el mensaje que envió el jerarca, en el campus en Heredia a esos jóvenes que lo recriminaban.
Sus palabras fueron casi una provocación, que lo dejaron sin entrar a su oficina por varios días.
Los universitarios, reprocharon al dúo Jensen-Salom, lo que consideraban, una mala negociación del FEES, de ahí que ahora Hacienda obligara a hacer traslados de presupuesto. De las universidades públicas, la UCR recibe el 57,7% y la UNA 23,4%, y sus jerarcas eran los de mayor experiencia en el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Mientras tanto, seguía en pie la convocatoria de los rectores a la marcha del 22 de octubre, en defensa de los fondos para becas, regionalización, investigación y autonomía.
"Este recorte no solo es un tema económico, es la defensa de nuestra Carta Magna, de nuestras universidades públicas, de nuestra autonomía, pero sobre todo de la oportunidad de estudio de más de 120 mil estudiantes", se leía en el llamado.
“Hecho político”
La marcha se realizó, en realidad, para constituir un "hecho político", como lo admitieron Jensen y Salom en declaraciones, por separado.
Aquel hecho político cumplió su cometido al conseguir el compromiso del presidente Alvarado, de que durante su gobierno no se iba a interferir más en el uso del FEES.
Fue un hecho político más que una defensa, porque desde setiembre ya los jerarcas de las casas de enseñanza tenían resuelto el tema del traslado de los ¢35.000 millones a gastos de capital.
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Inclusive, los asesores de las universidades empezaron a trabajar con los asesores del presidente Alvarado, así como con sugerencias de la propia Contraloría General,admitió Salom, porque detectaron que habían clasificado como gasto corriente partidas que correspondían a gasto de capital.
Alberto Salom y Henning Jensen confesaron a los medios de comunicación su "hecho político" y dijeron que las becas nunca estuvieron en riesgo. No era cierto que con la orden del Ministerio de Hacienda de usar un porcentaje de FEES a inversiones en las universidades iba a afectar las becas.
¿Estuvieron en peligro?, le preguntó La Nación el 23 de octubre luego de una conferencia de prensa.
Salom respondió: "En la UNA no, porque lo que estaba en peligro era el presupuesto de la universidad como un todo".
Para él, aquella versión fue obra de “cabezas calientes”. “Sí fue un sesgo y un sesgo alevoso, que a mí, me parece, no sé si alguien lo usó para intimidar al presidente (Carlos Alvarado)” , dijo.
¿Por qué entonces mantuvieron la marcha?, se le replicó.
"Era necesario esa fuerza para constituir un hecho político y decir ‘no un momentito con las universidades no se juega, aquí hay una ilegalidad que es una inconstitucionalidad’", expresó Salom a este medio, como quien cuenta un secreto, el día siguiente de la marcha.
Jensen, por su parte, dijo en Hablando Claro en Columbia: “La marcha, que tiene una naturaleza política, viene a reforzar la voluntad compartida de hacer una reclasificación de lo ya presupuestado”.
La trama caldeó los ánimos y aumentaron las solicitudes de renuncia contra los más veteranos en el Conare.
Tras esa conferencia, los decanos y decanas de todas las facultades de la UNA pidieron la renuncia de Salom por "pérdida de credibilidad y liderazgo".
También lo hicieron la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), el Sindicato de la Universidad, el Consejo de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar; la Asamblea del Centro de Estudios Generales, la Asamblea de Unidad de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida y la Asamblea de Unidad de Escuela de Geografía.
Salom se aferró a su puesto.
“Si yo renuncio le hago un daño a la Universidad”, dijo el rector a Ameliarueda.com el 1.° de noviembre.
Los estudiantes no se quedaron tranquilos, esperaban que no se aprobara en segundo debate el presupuesto que contenía la orden de Hacienda de destinar los ¢35.000 millones del FEES a gastos de capital.
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Sin embargo, sí se aprobó. La noche del jueves 22 de noviembre, un mes después del “hecho político” de la marcha, se unieron estudiantes de la UNA con los de la UCR, en Montes de Oca, donde cerraron la carretera de Circunvalación, frente a la Facultad de Derecho.
Debido al fracaso de las negociaciones para que los jóvenes levantaron el bloqueo, la Fuerza Pública intervino.
Según la versión del director de ese cuerpo policial, Daniel Calderón, los manifestantes tiraron gasolina a los oficiales e intentaron prenderles fuego. La prueba, dijo, estaba en los videos y en los relatos de los oficiales.
El ministro de Seguridad, Michael Soto, respaldó el dicho de los subalternos y aseveró que los oficiales de seguridad de la Universidad, lejos de colaborar con los policías, permitieron que los manifestantes ingresaran a la sede universitaria para evadir a la autoridad.
Las autoridades lograron detener a siete muchachos.
Jensen condenó los hechos y aseguró que investigaría las actuaciones de los funcionarios de la ‘U’ y el uso de combustible por parte de los manifestantes.
Unos días después, con un comunicado enviado avanzada la noche, se echó para atrás pues dijo que no conocía “ninguna prueba de laboratorio” que confirmara el uso de combustible para agredir a policías de la Fuerza Pública. Incluso, acusó a estos de abuso de autoridad.
“Es una total vergüenza e irresponsabilidad burlarse de actos delictivos tan serios ¡Descaro, irrespeto! ¡Las declaraciones de Jensen son cínicas, irresponsables y descaradas! Fue un acto de terrorismo y algo así no se minimiza, menos siendo el rector de la UCR. ¡Es inaceptable! Repudio la posición tomada por este sujeto”, escribió la legisladora Zoila Rosa Volio, del Partido Integración Nacional (PIN).
Jensen decidió irse de vacaciones tras ese episodio. Así lo dijo a este medio luego de que se le informó que era uno de los personajes del año junto con Alberto Salom.
No quiso que se le entrevistara. Salom tampoco.
“Esas publicaciones no despiertan ningún interés en mí, sobre todo, porque se enfocan en mi persona como actor político, no como gestor académico (está es la esencia de mi trabajo)”, manifestó en un mensaje de texto.
Jensen termina su periodo en mayo próximo y Salom un mes después.
