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Durante 7 meses, el exsacerdote Mauricio Antonio Víquez Lizano se escondió en Mexico, se dejó crecer la barba y se quitó los anteojos que utilizó por años, mientras fue vocero de la Iglesia católica en asuntos de familia.
Huyó en enero del 2019, apenas un mes después de conocer los detalles de una denuncia penal presentada por un joven de 27 años, quien lo acusa de haberlo abusado cuando era menor de edad.
El caso habría prescrito el 26 de setiembre de este año, pero a Víquez lo atraparon antes.
A la 1 a. m. del domingo 18 de agosto, efectivos de la Policía Federal mexicana entraron en una vivienda en la localidad de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, a 3.400 kilómetros de Costa Rica, donde había logrado refugiarse.
Desde entonces, permanece preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, del Circuito Javier Piña y Palacios en Xochimilco, donde comparte un dormitorio con al menos 12 reos más.
A finales del mes pasado, su abogado Rafael Rodríguez Salazar manifestó, vía telefónica, que Víquez está a la espera de que se resuelva un amparo constitucional en México.
“Él sigue en la misma condición en el reclusorio con varias personas. Hemos estado en comunicación y él sigue igual”, dijo Rodríguez.
El poblado de San Nicolás de los Garza, 1.100 kilómetros al norte de Ciudad de México, fue el punto desde donde se originó la dirección IP (Internet Protocol) de un teléfono celular con el que Víquez, de 55 años, creó perfiles falsos en redes sociales.
Su necesidad de mantenerse conectado con amigos o familiares guió el camino de los policías para aprehenderlo.
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En uno de los perfiles se identificaba como Antonio, su segundo nombre. Además, compartió datos verdaderos, como su edad actual, sus títulos académicos y el deceso de un tío con fecha del 18 de abril.
Otro aspecto para su arresto fue que ofrecía servicios de asesoría en tesis, labor a la que se dedicaba el excura antes de escapar.
Precisamente, la investigación para dar con su paradero obtuvo este mes el segundo lugar en la premiación anual del Organismo de Investigación Judicial. Se hicieron casi 17.000 consultas a sus redes sociales para dar con él.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, mencionó el 19 de agosto anterior, que la investigación se acercó al paradero del excura, pero que faltaba mayor precisión, debido a que en esa ciudad habitan más de 400.000 personas.
“Mientras esto sucedía, la otra parte de la investigación la desarrollaba la División de Investigación de la Policía Federal mexicana, y fueron quienes, a partir de un número telefónico que nosotros les pudimos brindar, que es de México y que además fue confirmado luego por la operadora telefónica mexicana, lograron establecer el sitio donde se encontraba”, aseguró Espinoza.
El exsacerdote había dejado de ser un referente para el debate sobre familia y principios cristianos y ahora estaba en las listas de alerta roja de la Policía Internacional (Interpol), por el riesgo de que prescribieran las acusaciones por presunto abuso sexual, violación calificada y corrupción.
Cuna herediana
Mauricio Antonio Víquez Lizano nació el 9 de mayo de 1964, en el seno de un matrimonio herediano. Es el mayor de tres hermanos, todos hombres. Uno de ellos también escogió la vida clerical y el tercero se vinculó al sector financiero.
Se ordenó sacerdote el 8 de diciembre de 1989 y fue expulsado del estado clerical el 25 de febrero del 2019, cuando le faltaban pocos meses para cumplir tres décadas de sacerdocio.
Durante años fueron frecuentes sus apariciones públicas en defensa del matrimonio tradicional, hasta que en el 2016 salieron a la luz supuestos encuentros homosexuales del entonces mediático sacerdote.
A partir de ese momento, grupos pro defensa de los derechos de la población sexualmente diversa lo acusaron de un doble discurso.
En su defensa, Víquez alegó que no tenía inconveniente en tener “amistades hetero-homosexuales”.
"Sobre el tema de la homosexualidad, por ejemplo, ya hace muchos años la Iglesia afirmó que la condición homosexual no se puede concebir como pecado, eso está en el catecismo y la teología moral ahorita lo tiene en sus manos. Ese es el discurso de la Iglesia, y el discurso de la teología moral, y me he mantenido ahí.
“Ahora, con respecto a amistades y esto, en realidad, como usted dice, ahí no hay... no hay digamos, que ocultar gran cosa. Muy probablemente por mi tipo de trabajo, verdad... por muchos años, por haberme movido en el ambiente universitario y demás, tenemos mucha cercanía con gente más o menos joven”, declaró hace tres años, en entrevista con La Nación.
La expulsión... un duro golpe
Durante los meses que estuvo prófugo, el Vaticano avaló la expulsión clerical de Víquez, luego de conocer las denuncias que pesaban en su contra. Esa fue la recomendación que emitió la Congregación para la Doctrina de la Fe, que instruyó a las autoridades eclesiásticas costarricenses a que se adoptara la medida.
"Impóngase al reverendo padre Mauricio Víquez Lizano, sacerdote de la arquidiócesis de San José, pena perpetua y expiatoria de expulsión del estado clerical", indicaba el fallo que adoptó el Tribunal Provincial Eclesiástico de Costa Rica.
También Víquez fue expulsado de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde laboraba como profesor de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Tenía una jornada laboral de 1/4 de tiempo y un salario de ¢917.000.
Denunciantes ya son adultos
La primer denuncia en su contra la presentó un exmonaguillo de apellidos Alvarado Quirós, quien hoy tiene 27 años.
Luego, en la primera semana de agosto, otros tres hombres apellidados Venegas Abarca, Muñoz Quirós y Rodríguez Solera lo acusaron ante la Fiscalía por delitos similares.
Los aparentes delitos se habrían dado cuando los denunciantes eran menores de edad.
Las denuncias por los hechos habrían ocurrido de 1993 a 1996, cuando era párroco en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en Tres Ríos de La Unión, y de la iglesia de San Juan Bautista, en Patarrá de Desamparados. Los casos se reunieron en el expediente 18-000854-0994-PE.
Según la resolución del proceso canónico, concluyó que existían 'suficientes indicios para determinar que sí se dieron juegos sexuales propiciados y realizados por el acusado', como el mismo Víquez lo sostuvo cuando se refiere a los espacios y tiempos de aseo e higiene personal con jóvenes que se hospedaban en la casa cural de Patarrá.
Cada uno de ellos demandó a la Iglesia católica y a la Conferencia Episcopal por ¢100 millones, por la supuesta negligencia de las autoridades eclesiásticas.
En el caso de Anthony Venegas, presunta víctima del exsacerdote, este viajó a México en compañía de Michael Rodríguez Solera para tratar de dar con Víquez.
En el país azteca brindaron diversas entrevistas, entre estas al canal mexicano Milenio TV, donde Venegas denunció la vejación que al parecer sufrió por parte del excura.
"Lo nombraban en puestos altos de la Iglesia Católica, era el vocero en temas de valores y familia en Costa Rica, después de que yo había presentado la denuncia", expresó Venegas en televisión.
En una relación de hechos entregada por la Curia Metropolitana a La Nación, en febrero pasado, se admitió que el entonces vicario general José Rafael Quirós, así como el entonces arzobispo de San José, Hugo Barrantes, conocieron de la queja presentada por Venegas.
El Código Penal de nuestro país establece penas de cuatro a diez años para el delito de abuso sexual; de 10 a 16 años para violación y de 12 a 18 para violación en modalidad calificada.
